De 26 empresas multinacionales inscritas sólo se presentaron dos a la fase final: la australiana BHP Billiton Petróleo Operaciones en México y la inglesa BP Exploration México.
La primera resultó la ganadora, a pesar de que ambas ofrecían un valor de garantía adicional idéntico de 4%.
La balanza la inclinó una oferta en efectivo de 624 millones de dólares de la primera, contra 605 mil 99 de la segunda.
En la lista estaban las gigantes del ramo como Shell, Chevron y Exxon Mobil, cuya ausencia dejó un enorme vació al inicio de la ceremonia de adjudicación.
De nada valió que en la posibilidad estaban, entre otras ventajas, el que se les concediera a las empresas participantes la depreciación de activos al 100 por ciento al primer año de su entrada a escena, incentivo fiscal que no se otorga a ninguna firma mexicana.
Las firmas, de acuerdo a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, no pagan el Impuesto al Valor Agregado.
Más allá, las firmas que llegaran a asociarse con Pemex se constituirían como empresas mexicanas para cubrir impuestos en el país, lo que las coloca en el marco de protección de los tratados internacionales firmados por México para evitar la doble tributación.
Más aún, podrán utilizar cualquiera de sus filiales en el planeta para ubicar el origen de su capital, en búsqueda de mayores ventajas competitivas.
El globo se empezó a desinflar la semana pasada, al quedar en la lista sólo 15 de las posibles, la mayoría de las cuales peleaba también por 10 campos en aguas profundas del Golfo de México, en el escenario de la cuarta licitación de la ronda uno.
Descubierto hace cuatro años, el bloque Trión se ubica a 200 kilómetros al este de Matamoros, Tamaulipas, y a 30 kilómetros de la frontera marítima de Estados Unidos.
La posibilidad de ubicar petróleo implica perforar en aguas ultrapronfudas, a 2 mil 500 metros. Se calcula que el yacimiento tendría, además de recursos prospectivos, reservas que acumularían 488 millones barriles de petróleo crudo equivalente.
Su perspectiva es mayor a la del campo Ku-Maloob-Zaap, que en este momento, agotada prácticamente la veta del yacimiento Cantarel de la Sonda de Campeche, es la carta fuerte del país.
Se calcula que la explotación reclamaría inversiones por 11 mil millones de dólares.
Aunque algunos expertos aconsejaban posponer la búsqueda de socio para Pemex en virtud de la atonía en el precio de la mezcla mexicana, lo cierto es que el ejercicio llegó en la coyuntura del mejor costo en dos años, dado el acuerdo de cierre de válvulas de la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP).
Además, el cálculo hablaba de cara hacia siete años, cuando realmente el yacimiento esté en plena producción.
Los analistas calculaban que el éxito o fracaso de Trión sellaría el destino de la reforma petrolera.
“Es un gran día para Pemex, un día histórico, desde hace 79 años no se había hecho una asociación con una empresa privada en el marco del riesgo”, dijo el director general de la empresa, José Antonio González Anaya.
Parto de los montes.
Balance general. A unos meses de la salida del gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, las facturas pendientes por parte de proveedores se acumulan, con énfasis en el sector salud. A la empresa de tarjetas de despensa Sí Vale, por ejemplo, se le adeudan 187 millones. Lo inaudito del caso es que el débito lleva un año en mesa.
Hete aquí que en diciembre del año pasado el Instituto de Salud del Estado de México celebró un contrato con la firma para otorgar vales al personal por un monto de 328 millones de pesos.
El regalo navideño con los atentos saludos del señor gobernador.
Los responsables de la contratación, Leopoldo Morales Palomares, coordinador de Administración y Finanzas y Manuel Marcué Díaz, director de Administración, naturalmente, garantizaron el pleno respaldo presupuestal.
La pauta de recursos está reservada.
El caso es que hasta hoy sólo se han pagado 142 millones. La exposición de motivos es simple: “No hay dinero”.
La pregunta es si este año se repetirá el numerito, total los gobernadores se van y las deudas se quedan. Así Veracruz, Chihuahua, Coahuila y Quintana Roo.
El gober Eruviel quiere ser Presidente.
Caballada en Banxico. Aunque en el papel la caballada en la cuadra para ocupar el lugar de Agustín Carstens es la gubernatura del Banco de México está gorda y briosa, en realidad la mayoría no es viable.
Si se lograra el milagrito de que Francisco Gil Díaz, ex secretario de Hacienda, dejara la Telefónica México para alcanzar su sueño dorado de la silla en el banco central, hete aquí que el reglamento interno lo inhabilita por tener más de 65 años.
En el mismo caso está Guillermo Ortiz, en la posibilidad de regresar al puesto.
En el caso del ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, aunque no existe impedimento jurídico, la tradición habla de funcionarios forjados en el propio banco, lo que no es su caso. El ex subsecretario de Hacienda, Martín Werner, es de origen argentino.
Ahora que ninguno de los vicegobernaodres llena la expectativa al generar confianza en el entorno internacional.
Los analistas plantean acortar el periodo de incertidumbre de siete meses para hacer efectiva la salida de Agustín Carstens, adelantando el nombramiento, lo que podría ser contraproducente sin el as bajo la manga.
Se amparan ejidatarios. Como habían anunciado, los ejidatarios de la Sierrita de Galeana, en Durango, están solicitando un amparo contra una sentencia del Tribunal Agrario del Distrito Sexto con sede en Torreón Coahuila, que los obliga a pagar 5 millones 612 mil pesos a la empresa canadiense Excellon por daños y perjuicios en el bloqueo de varias semanas.
Los campesinos exigían la devolución de mil 100 hectáreas arrendadas a la firma extractiva, quien no cumplió con su parte en el contrato.
Aunque en la misma resolución se ordena la devolución de las tierras, éstas se mantienen embargadas hasta no cubrir la cantidad.
Los ejidatarios alegan que en el bloqueo no se afectó las entradas y salidas de la mina, por lo que no les es imputable un daño patrimonial. Excellon inició operaciones en el ejido en el 2008, haciendo un pago único de un millón 206 mil pesos. Más tarde se acordó un costo de 5 millones 500 mil pesos anuales, con una serie de clausulas económicas, sociales y medioambientales que la empresa incumplió.
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