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Para el 2017 la partida para evitar incumplimientos, con las graves consecuencias sociales al calce, será de 710 mil millones de pesos.
Sin embargo, el cálculo tradicionalmente ha fallado. Así, en 2012 se tenía proyectada una erogación de 362 mil millones de pesos… con la novedad de que a la hora de la verdad se requirieron 420 mil.
Según un cálculo realizado hace tres años por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el faltante de reservas para atender las solicitudes de retiro de trabajadores de los gobiernos federal, estatal, municipal, universidades públicas, bancos de desarrollo, alcanzaba el equivalente al 105% del Producto Interno Bruto.
En aquel entonces la deuda pública total equivalía a su vez a 42% del propio PIB.
De acuerdo al pacto federal parte de la carga para ir pateando el balón la tienen las entidades federativas, con la novedad de que no existen los candados para evitar soslayar la responsabilidad.
El caso más representativo es el de Veracruz, cuya omisión provocó la salida a las calles de cientos de jubilados… cuyos reclamos fueron silenciados a toletazos.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, de 350 sistemas pensionarios existentes solo estaban fondeados cinco, hasta hace tres años.
Desde 2001 en que el problema empezó a alcanzar visos de escándalo, los recursos, a título de muletas o tanques de oxígeno aportados por el gobierno, han crecido 2 mil 800 por ciento.
Si en 2001 la Secretaría de Hacienda destinó 94 mil 23 millones de pesos para paliar el déficit de reservas, en 2014 se llegó a 336 mil 333 millones, equivalentes, entonces al 12% de los ingresos fiscales.
La dependencia que ese año reclamó más recursos fue la Secretaría de Educación Pública, con 242 mil 158 millones de pesos.
El fardo incluye también a los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE, con la novedad de que el primero, con un faltante de reservas cercano a los dos billones de pesos, ha debido paliar los faltantes con remanentes de diversos fondos, algunos de los cuales ya se agotaron.
La bomba de tiempo se empezó a activar durante los gobiernos Echeverrista y Lópezportillista, cuando se modificaban los contratos colectivos sin calcular los costos a futuro… y a veces sin crear las reservas preventivas necesarias.
En el caso del IMSS éstas se empezaron a crear durante el gobierno salinista, cuando el desequilibrio alcanzaba 50 mil millones de pesos. Hace dos años, ante las cifras de escándalo que se barajaban, la Auditoría Superior de la Federación le exigió al gobierno una auditoría al desempeño del Sistema Nacional de Pensiones, cuyo resultado jamás se hizo público.
En lo que parece maldición, el problema se agudizó justo en época de vacas flacas para el país. Haga de cuenta la fábula de la hormiga y la cigarra.
Balance general. En las próximas semanas la Suprema Corte de Justicia resolverá el sí o no a un amparo promovido por la Asociación de Banqueros de México contra los artículos 14 y 16 de la Ley para Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros que a su juicio coloca al órgano que la tutela como juez y parte.
La manzana de la discordia es la facultad de la Condusef para decidir sobre denuncias en relación a la firma de los usuarios, ya en tarjetas de crédito como en cuentas de cheques.
La instancia tiene potestad para resolver con carácter de “título ejecutivo”.
Los banqueros obtuvieron un primer triunfo al resolver los tribunales en el Pleno del Primer Circuito de la Ciudad de México que cualquier controversia sobre discrepancia de firmas de cheques la debe resolver un juez.
La resolución ya hizo jurisprudencia.
Aparentemente, pues, la balanza de la Corte se inclinará hacia la asociación que encabeza Luis Robles Miaja.
Barruntos de tormenta. La rebelión al interior de la Concanaco, colocándose en la mesa un candidato independiente a la presidencia a contrapelo del “de unidad”, impulsado por el actual presidente, Enrique Solana, apunta a la actuación del ungido al frente de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México.
El favorito de Solana, Ricardo Navarro, participa como diputado en el Congreso Constituyente de la Ciudad de México en la magia del dedazo con que le apuntó el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera.
Como usted sabe, en un absurdo aprobado por el Congreso, 60 de 100 legisladores salieron por mandato de las urnas y el resto por designación.
El caso es que nadie sabe/nadie supo qué está haciendo Navarro en favor de la causa.
De entrada, guardó silencio frente al escándalo ante la decisión de gravar la plusvalía de las propiedades inmobiliarias.
Tampoco la Cámara que preside se ha pronunciado contra la corrupción de las delegaciones políticas; la pasividad frente a ataques vandálicos a comercios o la inseguridad.
Quien entró a la pelea por la silla es el expresidente de la Cámara de Monterrey, Juan Carlos Pérez Góngora.
Relevo en la Afore XXI. Después de 18 años de trabajo en la intermediaria, ocho como director general, Tonatiuh Rodríguez dejó la Afore XXI cuyo capital lo comparten el Banco Mercantil del Norte y el Seguro Social.
Durante su gestión el funcionario que dejará el cargo el primer día de febrero del año próximo se consolidó la administradora de fondos para el retiro como líder en diversos estadios. La mejor en materia de gobierno corporativo.
Su sucesor, Juan Manuel Valle Pereña, ha trabajado durante años al lado del secretario de Hacienda, José Antonio Meade, ya como director general de la Financiera Rural o como funcionario de la dependencia.
En su carrera de 20 años trabajó en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro en la época en que la encabezaba Fernando Solís Soberón.
Este es presidente del Consejo de Administración de la Afore XXI.
Todos para uno. En afán de contribuir a la cruzada contra la obesidad y diabetes se han integrado empresas como AC Nielsen México, Cambell’s, Diaego, Herdez y Cinépolis.
La lucha la coordina el Movimiento por una Vida Saludable que encabeza Andrés Garza Herrera.
Durante el año próximo se emprenderán los programas “Empresa activa y saludable”, “Checa y Elige”, en relación con el etiquetado nutrimental, y una campaña coordinada a su vez por el Consejo Mexicano de la Comunicación.
De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, los costos sociales de obesidad y diabetes alcanzan 85 mil millones de pesos al año.
albertobarrancochavarria0@gmail.com
