La aspirante demócrata representa, en tal caso, la alternativa menos mala para el país. La frialdad frente a la explosión visceral del republicano Donald Trump, aunque en rutas similares.

Si el magnate de la estridencia quiere ladrillos en la frontera, la exsecretaria de Estado de los Estados Unidos pretende una barrera invisible, pero quizá menos vulnerable.

Si en la bitácora del republicano hay agravios por negocios fallidos en México y cuestionamientos al Estado de derecho, en la de la demócrata está el rechazo a una cita en Los Pinos, cuando era prácticamente la numero tres en la Casa Blanca, bajo el argumento de no ser par del Presidente.

En paralelo, está vivo el episodio de la zancadilla de Trump a la ingenuidad de girarle una invitación “para sensibilizarlo” sobre la realidad del país en materia migratoria.

Tan sensibilizado quedó, que horas después repitió su discurso con mayor virulencia, burlándose de la negativa del país a pagar el muro: “Ellos no lo saben, pero lo van a financiar”.

Si Donald Trump ha sido tajante en descalificar el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica, conocido como TPP, y en señalar que abandonará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Hillary Clinton camina en la misma dirección, aunque con alguna curvita.

En relación al TPP, está aún en los ecos la frase de la abanderada demócrata: “Me opongo ahora; lo haré después de la elección y luego como presidenta”.

La señora Clinton ha dicho también que renegociará el TLCAN, cuya mayor culpa de México, de cara al renacimiento del proteccionismo, es paradójicamente, mantener un amplio superávit en la balanza comercial.

Aunque la Secretaría de Economía ha dicho que sólo aceptaría renegociar el texto negociado hace 22 años si el balance es favorable al país, la Casa Blanca tiene varias cartas para sesgar la ruta.

La imposición, por ejemplo, de barreras no arancelarias para cerrar la frontera, como en el caso del atún vía la supuesta defensa de los delfines, hasta las medidas de seguridad en carreteras que ha retrasado la apertura al transporte de carga proveniente de México.

Contra la promesa del presidente de la Comisión de Comercio Exterior del Senado, Héctor Larios Cordova, de soslayar la elección en Estados Unidos para dictaminar la negociación del TPP y llevarla al pleno, hasta ayer se inició la discusión al interior de ésta.

México, pues, optó por no “quemarse” al darle luz verde a un documento que a la mejor jamás alcance del dicho al hecho.

Aunque a su vez, vía un tenaz cabildeo del presidente Barack Obama, quien planteó la necesidad de la madre de todos los acuerdos mercantiles bajo el concierto de 12 economías para contrarrestar el poderío chino, se inició la revisión del TPP por el Senado de los Estados Unidos, la posibilidad de llegar a puerto la frustró el escaso tiempo.

El vaticinio habla de que gane o pierda Trump el Congreso, al menos el Senado, tendrá mayoría republicana, es decir el segmento político más afín al proteccionismo.

En el volado, los pronósticos hablan de una catástrofe para el país de alcanzar Trump la victoria, con una paridad que podría llegar temporalmente a 22 pesos y, a decir del Banco-Base, la economía podría caer el año próximo 4.5%.

Sin embargo, nadie aventura vaticinio alguno de suceder lo contrario.

Volado con moneda de doble cara.

Balance general. Colocado codo a codo con el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell y el director general de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya; ubicado como uno de los tres oradores en la presentación del plan de negocios de Pemex, el dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps, está muy lejos de tener el peso que se le dio.

Reputado como garante ante la posibilidad de turbulencia por la venta de garaje anunciada, hete aquí que el ídolo resultó de barro.

La Coordinadora por la Defensa de Petróleos Mexicanos, organismo disidente al sindicato, está anunciando la toma de los complejos petroquímicos la Cangrejera y Morelos para evitar su privatización.

La reacción se dio al conocerse el cierre de otra de las plantas del segundo de los conglomerados ubicado en Coatzacoalcos, Veracruz. La semana pasada se ordenó a los trabajadores desalojar la factoría, reubicando apenas a un puñado de ellos. El organismo, por lo pronto, está convocando a una marcha de protesta la semana próxima.

Descarrilamiento. Al margen de la imposibilidad de que prospere su reclamo por supuestos dados cargados en la licitación para operar la Red Compartida, lo cierto es que la colocación de éste por parte de la empresa irlandesa Rivada Networks descarrilará el proceso, al menos en su fase de ruta critica.

El desahogo de la demanda y la posibilidad de un amparo podrán retrasar la adjudicación varios meses. Como usted sabe, la firma fue descalificada al presentar extemporáneamente la garantía de seriedad de su oferta, es decir una carta de crédito por mil millones de pesos, tras pedir una prórroga de cinco días que tampoco cumplió, por más que no le fue otorgada.

El problema es que la firma alega que a su vez el gobierno incumplió en varias ocasiones con las reglas del proceso, es decir se realizaron aplazamientos unilaterales.

De acuerdo con las bases de la licitación, además de la garantía, las firmas en la pelea requerirían exhibir un capital mínimo de 15 mil millones de pesos, bajo la exigencia de invertir en la creación de unas 12 mil radiobases. La red en disputa se abrió en la banda de los 700 megahercios, que quedó libre con el apagón analógico.

En total se dispondría para uso propio y renta de 90 megahercios.

Embrollo. Una pregunta recorre México, si la Procuraduría Fiscal había emitido, como se presume por los cargos que se le hacen en Estados Unidos, una querella por supuesta defraudación fiscal contra Carlos Djemal Nehmad, cómo es que podía viajar sin problema a los Estados Unidos.

El hombre al que se acusa también de lavado de dinero es uno de los socios del InvestaBank que dirige el exdirector general del Bancomext, Enrique Vilatela.

Van sobre Borge. La Secretaría de la Gestión Pública de Quintana Roo acaba de iniciar 25 auditorías a los órganos de control interno de dependencias y organismos descentralizados de la entidad durante la etapa de gobierno de Roberto Borge. La mira apunta con mayor énfasis al Hospital General de Cancún y el Auditorio de Bienestar.

Entregada la estafeta al actual gobernador, Carlos Joaquín, este tiene 60 días para realizar observaciones sobre la documentación entregada, que en su caso derivarían en denuncias administrativa y penales.

Por lo pronto, no hay ninguna evidencia de fondo para justificar la deuda de 22 mil millones que alcanzó la entidad federativa, lo que la convirtió, en proporción a su número de habitantes, en la más endeudada de la Federación.

albertobarrancochavarria0@gmail.com

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