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De entrada, descartado el sí de México a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte tras el conminatorio temprano, se abre un periodo de incertidumbre de siete meses sobre el rumbo.
Como usted sabe, de acuerdo al documento dado a conocer por la CNN, en agosto se debe concluir el periodo de revisión del documento signado hace 22 años.
En el entretanto, la turbulencia en los mercados cambiario y bursátil se volverá crónica; las apuestas en materia de inversión nacional y extranjera entrarán en impasse, y el amago de degradación de la calidad crediticia del país tendrá perfil de certeza.
El alerta ha provocado un caudal de reacciones que oscilan desde la exigencia de consumir sólo productos mexicanos en el extremo de tianguis por autoservicios, hasta un eventual regreso de la política de sustitución de importaciones de la época del desarrollo estabilizador planteada por el ex secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena.
Naturalmente, los pronósticos de crecimiento económico al inicio de la era Trump se están modificando a la baja.
El primero en salir al ruedo, tras reconocer que sus expectativas se basaban en la certeza de victoria de la demócrata Hillary Clinton, es el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Su bola de cristal apunta ahora a un rango de entre uno y 1.7% en 2017.
En la ruta, la Secretaría de Economía manda una pálida señal de tranquilidad al decir que el país cuenta con un gran equipo de expertos para enfrentar la renegociación, colocándose, naturalmente, en punta los despachos de los ex secretarios Jaime Serra Puche y Herminio Blanco.
El problema, sin embargo, no es de capacidad negociadora sino de estómago para enfrentar el sartén por el mango de la Casa Blanca, dada la excesiva dependencia de México con el mercado estadounidense.
La catarata de Tratados de Libre Comercio solo sirvió para aumentar el flujo de importaciones para convertirlas en mercancías de exportación hacia el vecino.
El 87% del comercio de México al exterior apunta hacia Estados Unidos.
En la situación de callejón en que nos coloca la era Trump será misión imposible negociar con base a las asimetrías en las economías.
Uno de los puntos que seguramente pondrá en la mesa el país del norte habla de que en la vigencia del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte su PIB per cápita se ha deteriorado.
Si en el año 2000 era 556% superior a la media mundial, en el 2015 alcanzó sólo 450.
El caso de Canadá es similar. De 347% arriba retrocedió a 326.
Naturalmente, los números en México son más dramáticos. Si en el año 2000 el promedio de ingresos por habitante estaba 21% por encima de la media mundial, el año pasado se ubicó 6% abajo.
Colocada la ruta de modernización del TLCAN vía la posibilidad del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP) en concierto de 12 países, México está obligado a colocar en la mesa temas novedosos como el comercio vía electrónica, los apoyos a medianas y pequeñas empresas y el nuevo escenario en materia de propiedad intelectual.
“En el caso de que hubiera necesidad de renegociar el TLCAN, dijo en septiembre el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, México solo aceptaría bajo los términos ganar-ganar”. El efecto Trump.
Balance general. La bola de nieve que lanzó ayer el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, al demandar penalmente al exgobernador Roberto Borge por daño patrimonial a la entidad al vender a precios de ganga reservas territoriales, podría convertirse en alud.
Uno de los terrenos adjudicados corresponde a un colosal paraje de Cozumel, cuya adquisición corrió a cargo de socios de una empresa naviera vinculada a familiares del exgobernador.
Esta se llama Barcos del Caribe.
La firma, de la que también es socio otro ex gobernador, hoy senador, Félix González Canto, se creó justo en la agonía del sexenio de éste, participando también un tío de legislador.
La empresa que realiza viajes de Playa del Carmen a Cozumel, acaba de adquirir tres barcos con un valor superior a 7 millones de dólares. El escandalo apenas asoma.
Golpe a distribuidores. Obtenido en primera instancia un amparo por parte de un juez, finalmente el segundo Tribunal Colegiado de Circuito Especializado derribó la posibilidad que había ganado la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la República Mexicana contra actos de la Comisión Federal de Competencia Económica.
El asunto, naturalmente, se refiere a la investigación iniciada por la dependencia por posible colusión para elevar los precios de venta al público de medicamentos.
La razón de los magistrados apunta a que los amparos se conceden contra actos de autoridad consumados, y en este caso se trata de una investigación sin perspectiva aún de conclusión. El organismo encendió los focos rojos tras una visita a sus instalaciones de inspectores de la Cofece en la que se tomaron videos de documentos internos.
La instancia en lucha contra las prácticas monopólicas había logrado anteriormente derribar un amparo en favor de Nacional de Drogas, una de las firmas incluidas en la pesquisa en la presunción de haber realizado a trasmano una operación de compra de parte del capital de la también distribuidora Marzam.
Sí, pero no. Después de cuatro años de litigio, el Tribunal Agrario del Distrito Sexto acaba de emitir una resolución que condena a la empresa minera Excellon de México, a devolverle tierra que le había arrendado al ejido “La Sierrita” ubicado en el poblado de Galeana, Durango. La sentencia obliga también a la firma extractiva al pago de 5 millones 500 mil pesos.
La paradoja del caso es que a su vez se le obliga a los ejidatarios a pagarle a la minera 5 millones 612 mil 38 pesos. Naturalmente, el ejido está buscando un amparo contra el sí pero no.
Tras las rejas. Centrada la acusación que permitió dictarle auto de formal prisión al ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, por operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero por 8.8 millones de dólares, se soslayan otro tipo de ilícitos denunciados en su momento.
Estamos hablando desde desacato frente a amparos; abuso de poder y amenazas a una autoridad judicial que se dieron en el escenario de la construcción del acueducto Bicentenario que extrae agua de la presa El Novillo del Valle del Yaqui, para llevarla a Hermosillo.
A la defensa de un Decreto Presidencial que concesionó el agua del río Yaqui, los agricultores se toparon con detenciones arbitrarias, auditorías fiscales a granel, siembra de pruebas falsas…
Los amparos obtenidos fueron atropellados, en tanto la jueza que se atrevió a concederlos debió contar con protección policiaca a solicitud del Consejo de la Judicatura.
albertobarrancochavarria0@gmail.com
