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De acuerdo a la ruta crítica prevista, el fallo llegaría mañana en un escenario en que éste quedó como competidor único por la que sería la mayor carretera de cuota en materia de espectro del país.
El consorcio que llegó a la final tras incumplir su contraparte en tiempo y forma con la entrega de un depósito de garantía de seriedad por mil millones de pesos, está liderado por las firmas Axtel y Megacable; participando además las empresas IFC, CTL, FF Latam, IGI y Mirapendi, colocadas todas en un fideicomiso de coinversión.
La red compartida comprende 90 megahercios de la banda de 700 que quedó libre tras el apagón analógico, colocándose como alternativa para abrir el escenario sin mayor inversión a nuevos competidores en materia de servicios móviles de telefonía e internet.
De acuerdo con las reglas de la convocatoria lanzada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los licitantes tenían de plazo hasta el 20 de octubre para entregar el depósito de garantía, con la novedad de que Rivada pidió una prórroga de cinco días que, aunque sin certeza de que se le otorgara la gracia, tampoco cumplió.
Finalmente, 11 días después del plazo presentó una carta de crédito expedida por BBVA/Bancomer. La descalificación, pues, jurídicamente era válida.
Sin embargo, la empresa intentó equilibrar la balanza denunciando que la dependencia convocante también había incurrido en incumplimientos de cara a las bases de licitación.
Por qué, pues, ella sí y yo no.
De entrada, la convocatoria se lanzó con 21 meses de retraso en relación con el mandato previsto en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones.
De acuerdo con lo aprobado por el Congreso la red compartida debió estar operando el último día de 2014.
En la ruta, la firma irlandesa aducía que la SCT cambió sobre la marcha la estructura del proyecto. Si en principio se exigió al concesionario invertir en 20 mil radiobases, ahora planteaba sólo 12 mil.
En consecuencia, la posibilidad de inversión se reducía de 10 mil, a entre siete y siete mil 500 millones de pesos.
Las entrelineas, pues, hablaban de un traje a la medida para el consorcio Altan, cuyo potencial financiero es menor al de la contraparte. La exigencia hablaba de exhibir un capital mínimo de 15 mil millones de pesos, que se redujo a 12 mil.
El caso es que al margen de la solidez o no de sus argumentos, Rivada tenía el derecho de recurrir a los canales jurídicos para encausar su inconformidad.
Y no hubo vía.
Planteada una solicitud de amparo ante la jueza del Décimo Quinto Tribunal de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Alma Delia Aguilar Chávez, ésta la bateó alegando que la competencia correspondía a los tribunales especializados en telecomunicaciones.
Canalizada entonces la posibilidad a la juez del Segundo Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones de la Ciudad de México, Silvia Cerón, ésta hizo lo propio.
El argumento era justo el mismo. El asunto no es de mi competencia sino del tribunal administrativo que lo remitió.
De la Ceca a la Meca.
¿Se legisló mal? ¿Se dejó a propósito un vacío jurídico? En México no hay Estado de derecho, dicen los altavoces.
Balance general. Desestimada por el Banco de México la posibilidad de una burbuja inflacionaria cuando la cotización peso-dólar había rebasado la barrera de los 18 pesos, ahora que está en 21 se están encendiendo, finalmente, los focos rojos. La escalada en materia de repercusiones de precio se alcanza con más énfasis en medicamentos de patente, bajo el argumento de que 95% de los insumos son de importación. En la lista están también aparatos eléctricos y electrónicos, electrodomésticos y refacciones afines, cuyo costo se ha elevado 10% en promedio.
El golpe llega justo cuando está en las puertas la promoción El Buen Fin, lo que lleva a la suspicacia de que se estaría reetiquetando para finalmente plantear el precio previo a la turbulencia.
La catarata coloca en posición difícil a empresas endeudadas en dólares, así Cementos Mexicanos como el Grupo Alfa, además de líneas aéreas como Aeroméxico e Interjet que acaban de ampliar sus flotas.
Inocente palomita. Aunque los encabezados hablan de que un juez declaró inocente del delito de defraudación fiscal equiparada la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, en realidad se cayó la acusación por fallas en el debido proceso.
De acuerdo a la ley, para que la Procuraduría Fiscal de la Federación le finque una querella a un causante, éste debe ser notificado previamente de que se encuentra en falta, a fin de abrir un periodo de conciliación.
Si ésta falla, la dependencia le finca un crédito fiscal cuyo incumplimiento provo aría la denuncia. Se diría, pues, que tras la aprehensión de Gordillo se buscó rápidamente sumar un expediente de obvia certeza, es decir la maestra gastó mucho más de lo que declaró.
Al ex banquero Carlos Cabal Peniche le anularon 14 querellas por errores en el debido proceso, en cuyo abanico estaba desde el hecho de que el Procurador Fiscal no hubiese exhibido su nombramiento presidencial al momento de ratificar la querella, hasta el que los abogados de la parte acusadora llegaron tarde a una audiencia.
Tres de la dos. Aunque en la larga lista de posibles están empresas canadienses, brasileñas y estadounidenses, la tercera convocatoria de la Ronda Dos le abre la puerta a firmas nacionales en el marco de su diversificación.
La alternativa habla de cuatro áreas a concesionar en la Cuenca de Burgos, en la posibilidad de extraer gas natural. El resto de las 14 en la mesa, localizadas en Tampico-Misantla, Veracruz y la Cuenca del Sureste, abre la alternativa de petróleo, gas y aceite.
El cálculo de la Secretaría de Energía habla de inversiones por mil millones de dólares y creación de 10 mil empleos entre directos e indirectos. Los contratos se entregarán en julio del año próximo.
Sigue la mata… En más de lo mismo de las triquiñuelas de gobernadores en perjuicio de las entidades, hete aquí que se le acaban de descubrir una serie de irregularidades en la venta de terrenos al ex de Quintana Roo, Roberto Borge.
Las operaciones se realizaron a costos muy por debajo del valor real, en algunos casos el precio no llega al uno por ciento de éste.
El problema es que estamos hablando de ocho mil 500 hectáreas, es decir 85 millones de metros cuadrados que equivaldrían a 5.4 veces el polígono de la zona hotelera de Cancún y 21 veces la superficie de Isla Mujeres.
Aunque las operaciones las realizó físicamente el Instituto del Patrimonio Inmobiliario Estatal que encabezaba Claudia Romanillos Villanueva, el presidente del Comité que lo dirigía era Borge.
Evidentemente la autorización pasó por su firma.
albertobarrancochavarria0@gmail.com
