Estamos hablando de un empresario del ramo siderúrgico cuyo perfil es de un duro en la causa la defensa de las empresas locales frente a amagos del exterior bajo el cobijo de prácticas desleales de comercio.
Como director general de la compañía siderúrgica Nucor, un segmento del corporativo Duke Energy, Di Micco fue uno de los más fervorosos activistas contra las exportaciones de acero chinas a costo subsidiado.
En busca de cerrar la pinza en México, se alió con el a su vez director general de la firma DeAcero, Raúl Gutiérrez Muguerza, para integrar un frente de presión.
Tanto Estados Unidos como México le impusieron una barrera arancelaria a la catarata china, por más que ambos empresarios la consideraron insuficiente para detener el daño.
Como usted sabe, la Secretaría de Economía le impuso un impuesto de importación a una serie de productos de acero a tasa de 15%, con base a la posibilidad abierta por la Organización Mundial de Comercio de recurrir a salvaguardas cuando se ponga en jaque una rama productiva.
La alternativa podía alcanzar una barrera de hasta 30%.
Aunque a la aparición del discurso agresivo del aspirante republicano México aceptó la posibilidad de revisar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la fuerza de las circunstancias lo obligaron a cambiar la palabra por renegociación.
La rendija se convirtió en puerta cuando el gobierno de Canadá aceptó sentarse a la mesa sobre esa base.
Aunque evidentemente no se partiría del borrón y cuenta nueva, no se requiere una bola de cristal para predecir que Estados Unidos seleccionará las cartas con base a lo que califica de “ramas sensibles”.
Una de ellas sería el azúcar.
Si en 1993 el país del norte había impuesto una suerte de homologación entre el dulce de caña y la alta fructosa fabricada con base a jarabe de maíz, esta vez podría exigir mayor posibilidad de flujo de ésta.
Otro tema sería el de las autopartes, con la posibilidad de que la Casa Blanca las excluya del acuerdo para obligar a las firmas automotrices locales a producirlas.
Sin embargo, jugada por México la exigencia de modernizar el TLCAN vía el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica, el país de las barras y las estrellas pondría el énfasis en modificar las reglas.
Uno de los puntos apuntaría a darle mayor contenido regional a los productos de exportación, lo que obligaría a México a reforzar la cadena productiva.
Naturalmente, sería misión imposible que nuestro país pudiera apelar a las asimetrías con la economía estadounidense para obtener beneficios. Planteado el acuerdo mercantil como la vía para que México incrementara su planta laboral, reduciendo el flujo de migrantes hacia el país del norte, la exigencia estaría latente.
“México, dijo en la fase previa a la elección el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, no aceptaría una renegociación que le sea desfavorable”.
Por lo pronto, encendidas las luces rojas en la emergencia, el sector patronal abrió amarres con sus pares en Estados Unidos para defender el concierto, en tanto se multiplica la producción de folletos para exhibir el balance en casi 22 años de TLCAN.
La película está corriendo.
Balance general. Aventada la toalla por la Casa Blanca al replegar a los cabilderos que pugnaban por acelerar el sí del Congreso de Estados Unidos a la negociación del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica, conocido como TPP, en México el proceso se mantiene, por más que desolado.
La inmensa mayoría de los expertos que han acudido a las sesiones de análisis convocadas por el Senado han manifestado que el concierto está suspendido.
Algunos hablan de plano de darle cristiana sepultura. De hecho, el consejo plantea colocar todas las baterías en la posibilidad de salvar el TLCAN.
Las audiencias se iniciaron el 7 de noviembre. En la ruta, se desempolvaron argumentos contrarios al esquema que aglutinaría 12 países de cuatro regiones geográficas, Norte y Sur del Hemisferio Americano, Asia y Oceanía, como el escaso nivel de competencia del país.
De las 126 variables que miden la competitividad de las naciones, México sólo tiene ventaja en 108.
Al fin que ni quería.
Hacienda ganó. Aunque los diputados hablaban de sesiones de análisis exhaustivo para ubicar prioridades en el rearmado del rompecabezas, al final del día el esquema presupuestal propuesto se mantuvo prácticamente intacto. Ganó, pues, la pelea la Secretaría de Hacienda.
A la Secretaría de Educación Publica se le recortan 35 mil millones de pesos; a la de Comunicaciones y Transportes 20 mil 590; a la del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 19 mil 712…
La Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano tendrá 37% menos del presupuesto del año pasado. Las reasignaciones apenas pintaron. Así, al programa estelar del gobierno en materia social, Prospera, se le aumentaron 200 millones. Al presupuesto de apoyo al campo se le inyectaron 8 mil 4 millones, y aun así la caída fue de 16.7%, al pasar de 84 mil 822 millones a 70 mil 592.
Todo yo. Colocado en el epicentro del terremoto el nombre de Donald Trump, se multiplican los foros para analizar expectativas.
De entrada, la Cumbre de Negocios de Puebla cambió radicalmente su temario para centrar el contexto en el discurso del presidente electo de Estados Unidos.
Para mañana el Instituto Belisario Domínguez está convocando a un evento denominado “Donald Trump Presidente: Una nueva estrategia para México”, en el que se incluyen migración, derechos humanos, economía, tratados comerciales y política exterior.
La cita es en el Senado.
Durango a escena. A la lista de entidades federativas agraviadas por la rapacidad de sus gobernantes, ya Veracruz, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Quintana Roo, Sonora, Zacatecas, se agrega Durango.
Hace unos días la ex secretaria de Egresos de la Secretaría de Finanzas, Leonor Gutiérrez, fue vinculada a proceso a la aparición de graves irregularidades en el manejo de recursos públicos. Antes de ello se le abrió un juicio a su jefa, María Cristina Díaz Herrera, en tanto los ex secretarios de Comunicaciones y Obras Publicas y Salud están buscando sendos amparos. El escenario alcanza un ramal de 20 exfuncionarios.
El gobierno anterior, cuya cabeza, Jorge Herrera Calderón promovió un amparo “buscador”, es decir válido si existe una orden de aprehensión en su contra, le quedó a deber a las firmas distribuidoras de medicamentos que participaron en la megacompra consolidada del sector, 450 millones de pesos, lo que obligó suspender al suministro.
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