Los contratos apuntaban a proveeduría de servicios integrales de laboratorios clínicos, banco de sangre y procedimientos de mínima invasión, es decir la materia prima para operar.
Avalada por el Órgano de Control Interno del organismo la autenticidad de las grabaciones cuyo origen era la empresa Equipos e Instrumentos Falcón, vía su ejecutivo Alejandro Bolín, involucrándose en las conversaciones a cuatro proveedores más, entre ellos Dicipa y Hemoser, el concurso se suspendió cuando se habían planteado las ofertas.
En paralelo, el propio Órgano de Control Interno de la instancia tripartita planteó una denuncia ante la Comisión Federal de Competencia Económica cuya resolución está en curso. A ésta habían acudido además las empresas Soluciones Médicas del Centro, Impromed y Centrum Promotora Internacional, entre otras.
Colocados en la mesa 18 contratos, Equipos e Instrumentos Falcón fue la única que presentó ofertas por la totalidad, en tanto Hemoser lo hizo en 12.
Respuesta finalmente la licitación con la novedad de la presencia de tres nuevas firmas en el mercado: Comercializadora de Reactivos para Laboratorios, Médica Orión y Medica del Mayab, el fallo, por aquellas cosas raras de la vida, se aplazó tres veces.
El resultado final favoreció en una parte de los contratos a Equipos e Instrumentos Falcón, entregándose otra parte a Hemoser y Dicipa.
Una más fue para las firmas entrantes.
El caso es que uno de los contratos adjudicados a Hemoser, el banco de sangre del Centro Médico Siglo XXI, no ha sido colocado en escena… para favorecer a Falcón.
Cubiertos los 90 días previstos para el arranque, la firma no pudo ingresar al nosocomio por instrucciones del director del banco de sangre, Gamaliel Benítez Araujo, y un funcionario de nombre Jorge Murillo.
Fue hasta el pasado 18 de agosto cuando, tras un manotazo en la mesa del Órgano de Control Interno, Hemoser logró llegar con sus equipos a las instalaciones… sólo que en un sitio distante al que le correspondía.
La razón, naturalmente, apuntaba a impedir que se desconectaran los equipos del proveedor al que se relevaría, es decir a Equipos e Instrumentos Falcón. La firma había recibido una y otra extensión de contrato.
El último de ellos terminó el 30 de septiembre, con la novedad de que al día siguiente, cuando Hemoser arrancaba sus equipos el propio Gamaliel Benítez Araujo decretó que no se podía trabajar con esa empresa, lo que provocó la clausura del área donde estaban sus instrumentos.
El sistema de cómputo de Hemoser fue desconectado unilateralmente,
Naturalmente, horas después llegaba Equipos e Instrumentos Falcón a reinstalar sus instrumentos.
De acuerdo con información del diario El Popular que se edita en Puebla, al 14 de septiembre de 2016 Equipos e Instrumentos Falcón había recibido sólo en la entidad federativa cinco contratos por un monto conjunto de 129 millones 547 mil pesos.
Algunos de éstos se entregaron por asignación directa, bajo el disfraz de “convenios”.
La empresa la encabeza Noé Ramírez.
Dados cargados en el IMSS.
Balance general. En la recta final de su aprobación en el Congreso, la reforma en materia de justicia laboral planteada por el presidente Enrique Peña Nieto ha dividido las opiniones. Aunque los sindicatos tradicionales y los independientes manifiestan posturas contrarias, la mira apunta a blancos distintos.
Los primeros están en contra de la exigencia de voto directo y secreto para legitimar la dirigencia; los segundos pugnan contra la posibilidad de acotar el derecho de huelga vía la inhibición de los trabajadores.
El requisito habla de que se ratifique la membresía sindical además de exhibir constancia laboral de quienes están a favor del paro, lo que provocaría la creación de listas negras por parte de la empresa.
El punto central, empero, en concordancia con lo negociado en el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP) es evitar la acción de sindicatos blancos o charros que alquilan el membrete para simular representación laboral.
Ahora que en el escenario están terciando los patrones, quienes se oponen a su vez a la desaparición de las Juntas de Conciliación, cuyo lugar lo ocuparían jueces laborales.
El jaloneo será de antología.
Oracle en el huracán. Aunque la última de la serie la colocó el Grupo Viz, principal productor de proteína animal del país, la firma multinacional Oracle Corporation enfrenta demandas por irregularidades en su servicio cibernético por parte de la Universidad de Monterrey, el Grupo Industrial Saltillo, la desarrolladora de vivienda Homex, Proveedores de la Construcción (Proconsa) y el Grupo Fanosa. A nivel internacional la empresa tiene reclamos similares en Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda.
En total los juicios engloban daños y perjuicios por 304 millones de dólares.
En el caso de Viz, grupo encabezado por Jesús Vizcarra, la manzana de la discordia es un software para efectos de operación que no cumplió con las expectativas ofrecidas.
La firma calcula que se generaron pérdidas por 200 millones de dólares.
El instrumento creado en alianza con la firma STO generó descontrol en inventarios, fallas en el registro de compras, ventas y facturación.El juicio está en etapa probativa.
El expediente se identifica con la clave 836/2015.
Van sobre Topete. Cancelada la concesión que por medios oscuros había obtenido para operar el ferrocarril Chiapas-Mayab, conocido como La Bestia, las malas noticias le siguen lloviendo a Pedro Topete Vargas.
La fiscalía para delitos de cuello blanco de la Secretaría de Hacienda, a petición del Servicio de Administración Tributaria, acaba de plantear una denuncia ante la Procuraduría General de la Republica por presunta evasión tributaria en el 2013. La cantidad omitida son 7 millones 203 mil pesos.
El empresario, dueño de la firma Infraiber enemigo público número uno de la constructora OHL ni siquiera presentó la declaración anual correspondiente.
IMSS-Coparmex. Con la firma de Mikel Arriola y Gustavo De Hoyos, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Coparmex pactaron ayer un convenio de colaboración para garantizar juego limpio y transparencia en las compras y adquisiciones del organismo, cuyo monto alcanza 50 mil millones de pesos anuales. El director general de la instancia tripartita señaló que pese a su precariedad financiera no ha habido despido de médicos.
El sindicato patronal lleva años peleando un asiento en el Consejo Técnico de la instancia tripartita.
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