La manzana de la discordia es la adquisición de un terreno y una mina de piedra caliza ubicados en Maceo, Magadalena Medio, de la zona de Antioquia.
La intención de la firma mexicana, vía su filial Cemex Latam, era construir una planta productora de cemento para producir un millón de toneladas anuales, lo que incrementaría su capacidad instalada a 5.5 millones al año.
El problema es que las propiedades estaban en litigio. De hecho, la Fiscalía General de Colombia había iniciado un procedimiento de extinción de dominio, bajo el argumento de que uno de los accionistas de la empresa vendedora de razón social C.I Calizas, José Aldemar Moncada, había sido acusado de defraudar al fisco, léase Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, al promover devoluciones de tributos por exportaciones falsas de basura.
Los terrenos estaban bajo custodia de la Dirección General de Estupefacientes.
Al estallido del escándalo, en septiembre pasado, la empresa suspendió de sus cargos al vicepresidente de Planeación de Cemex Latam y Cemex Colombia, Edgar Ramírez, y al abogado general, Camilo González Téllez.
El director ejecutivo, Carlos Jacks, presentó a su vez su renuncia.
Su lugar lo ocupó el presidente del Consejo de Administración de Cemex Latam, Jaime Muguiro Domínguez.
La trampa en que cayó Cemex la plantearon 12 de los inversionistas de la empresa vendedora. La posibilidad de compra de los terrenos se le ofreció a un intermediario ligado a Cemex de nombre Eugenio Correa Díaz.
Este le planteó la idea a Francisco Garza, quien era integrante del Consejo Asesor de Cemex para América Latina, a quien habría contactado por medio de la actriz Montserrat Olivier. Garza, a su vez, le planteó la idea a Carlos Jacks.
Colocada la mosca en la oreja, el vicepresidente de Planeación de Cemex Latam y Cemex Colombia, Edgar Ramírez, se comunicó con Correa, planteándose una visita in situ a los terrenos. Convencidos de la importancia de éstos para los planes de expansión, los ejecutivos firmaron un acuerdo de confidencialidad como base para iniciar las negociaciones de compra.
La operación se pactó en 2012 por un total de 22 millones de dólares. El desglose hablaba de 11 por el derecho de explotación de la mina de piedra caliza; siete por la zona franca y 4.6 millones por 400 hectáreas de terreno. Cemex Colombia firmó un Memorandum de Entendimiento, otorgando de entrada un anticipo de 7 millones de dólares.
Meses después llegaría el primer alerta de fraude, cuando la Fiscalía General de Colombia emitió una medida precautoria para evitar el cierre de la operación, bajo el alegato de que los terrenos estaban involucrados en un juicio de extinción de dominio.
Más tarde, decíamos, los terrenos de la discordia serían entregados en custodia a la Direccion General de Estupefacientes, pese a lo cual el director jurídico de la empresa recomendó tomar el predio en arrendamiento para continuar con el proyecto.
Peor aún, la posibilidad del arrendamiento se encontró con que la empresa vendedora cargaba con varios embargos, por lo que se le otorgó, por conducto de Correa, un segundo anticipo de tres millones de dólares para redimirlos.
Más aún, Cemex construyó un camino para llegar al predio.
El caso es que de pronto la investigación interna de la filial de la firma mexicana descubrió lo que significaría en México enriquecimiento inexplicable del Vicepresidente de Planeación y el abogado general.
En paralelo, se ubicó un pago “sin sustento” de 4.8 millones de dólares al intermediario. La pesadilla apenas empieza.
Balance general. La noticia es que el empresario Germán Larrea Mota Velasco, conocido como el “rey del cobre”, salió ileso de un pleito que amenazaba con dejarlo en calidad de minoritario de su imperio, o al menos reducir drásticamente su participación accionaria.
Lo que estaba en juego eran 64.2 millones de acciones. La querella la entabló el fondo de inversión británico Infond LLP alegando que en 2003 el presidente del Grupo Minero México pactó la venta del paquete accionario en 75 millones de dólares.
El problema es que nunca firmó el documento, por más que al calce había un contrato mercantil de comisión. El fondo sostiene que el recurso se había entregado religiosamente, sólo que los valores nunca llegaron a sus manos. Según ello el empresario encontró en el camino una coyuntura para aumentar su participación. Con el paquete de la discordia en mira, Larrea logró adquirir 88 millones de acciones de la serie B que sólo podía asumir quien tuviera un determinado porcentaje. Las acciones en litigio se habían congelado.
Los abogados del “rey de cobre” hablaban de extorsión.
Nafin-Greensill. Integrada originalmente la empresa británica Greensill Capital al escenario de operaciones de factoraje de cara a proveedores de Petróleos Mexicanos a quien avaló Nacional Financiera, lo que representaba una estrategia de emergencia se está convirtiendo en opción permanente.
Una de las empresas que ha aprovechado la coyuntura es Transportación Marítima Mexicana de José Serrano. La intermediaria inglesa tiene un Capital de 2 mil millones de dólares para apoyar a 80% de proveedores de la empresa productiva de Estado.
Su acción en lo individual se inició hace un año, integrándose en Nacional Financiera a partir del actual.
¿Tú también Durango? Aunque el escandalo no ha tocado al ex gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, el hecho es que éste le dejó un formidable boquete a las finanzas públicas. De una deuda inicial de 3 mil millones de pesos se saltó a 15 mil.
El brinco, pues, fue de 500%.
En el desglose, 8 mil 992 se catalogan como deuda pública y 6 mil simple y llanamente como “otras obligaciones”.
Entre una y otra comprometen el presupuesto de cuatro sexenios, es decir llegaría el respiro hasta 2038.
Por lo pronto, el actual gobernador de filiación panista, José Rosas Aispuro, debe enfrentar de aquí a diciembre compromisos por 4mil millones de pesos… con la novedad de que solo se tiene la mitad en caja. Naturalmente, las auditorías ya se iniciaron.
ESSA en el tobogán. A la sospecha de malos manejos cuya bolita se lanzan el Consejo de Administración, el exdirector general y el socio minoritario, la firma japonesa Mitsubishi, la Exportadora de Sal enfrenta un mercado de precios a la baja.
Desbordada la producción de Australia y la India, la sobreoferta mantiene deprimidos los costos internacionales al mayoreo.
Con 60 años de existencia la firma mixta representa el epicentro de la vida del poblado de Guerrero Negro. Sus mil 300 trabajadores habitan en la zona.
Los líos de la compañía han provocado el derrumbe de nuestro país como el quinto exportador de sal en el planeta.
albertobarrancochavarria0@gmail.com
