La provisión alude a la posibilidad de que la empresa cambie de manos y que se la acción se desliste del piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores.
El exhorto remite a lo que el organismo calificó como “sanción histórica” a la constructora, dos de sus subsidiarias y seis empleados por violaciones a la Ley del Mercado de Valores.
El asunto apunta a lo que la firma había calificado como “rentabilidad garantizada”, al incluir sus estados financieros como ciertos ingresos inciertos derivados de los compromisos adquiridos por el gobierno del Estado de México al concesionarle las carreteras de cuota Viaducto Bicentenario y Circuito Exterior Mexiquense.
La promesa de la firma había sido modificar éstos, lo que hasta hoy no ha realizado.
De acuerdo a los legisladores panistas Ernesto Ruffo, Maria Marcela Torres Peimbert, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Victor Hermosillo y Celada y Héctor David Flores Ávalos, las diferencias entre el valor de los activos, ingresos y capital contable serian enormes.
A su juicio lo que hoy se maneja como ganancia podría traducirse en pérdida.
La alerta roja se prendió ante las versiones, desmentidas por el presidente de la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jaime González Aguadé, de que OHL saldría de la Bolsa Mexicana de Valores.
En la larga exposición de motivos de los panistas se habla de la grave situación financiera que enfrenta la matriz española, que le ha llevado a perder el 90 por ciento del valor de su acción a partir de agosto de 2014.
A la vera del problema se planteó la posibilidad de venta de su filial en México.
La empresa ibérica ha perdido contratos en países como Catar, Gibraltar, Canadá, Argelia y la propia Comunidad de Madrid ante reclamos infundados de sobrecostos en los proyectos, lo que a juicio de los senadores refleja un comportamiento habitual.
En paralelo, se habla de que el propio secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, reconoció una sobreinversión de 300 millones de pesos por parte de OHL en la construcción de la autopista Amozoc-Perote, lo que había obligado a extenderle la concesión y a subir la tarifa.
Sin embargo, no se habló del nuevo plazo de terminación ni de cual sería el equilibrio en las tarifas para permitir la recuperación y el rendimiento de la inversión.
Tampoco se conoce que se haya pedido la opinión de la Secretaría de Hacienda sobre la rentabilidad económica del proyecto.
Los legisladores consideran que la alteración hechiza de los estados financieros de OHL podría ser constitutiva de delito, dado que representan un engaño al público que le apuesta a sus acciones, en cuyo caso la Secretaría de Hacienda debió presentar la demanda penal correspondiente.
El exhorto al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, además de explicar el estado de las medidas correctivas, habla de señalar las consecuencias de un posible desliste de la constructora en la Bolsa Mexicana de Valores.
Aprovechando el viaje, se pide al Secretario de Comunicaciones y Transportes informar sobre la modificación del título de concesión de la autopista Amozcoc-Perote.
En paralelo, se pide al encargado de despacho de la Secretaria de la Función Pública informar sobre los resultados de las auditorías a los proyectos carreteros de OHL realizadas en los últimos dos años.
Si estás no incluyen al Circuito Mexiquense y al Viaducto Bicentenario, que expliquen la razón, dado que su construcción requirió parcialmente recursos públicos.
Los embates a OHL.
Balance general. Aunque en el papel parecía que llegaría un escenario similar al de la fiebre del oro, en la práctica son contadas las empresas que han mantenido la ruta tras adquirir las bases de licitación para participar con Pemex en las tareas de exploración y explotación del campo Trion ubicado en el área de aguas ultraprofundas conocidas como Perdido de Plegado.
De hecho, de las 16 inscritas originalmente solo se mantenían tres: Chevron, British Petroleum y Total.
Aparentemente estaría también en la lista Exxon Mobil.
La posibilidad del yacimiento habla de 10 mil millones de reservas de orden potenciales.
Aunque uno de los obstáculos habla de regresar a Pemex parte de los gastos comprobables realizados en tareas de exploración durante una década, el gran problema lo representa la insolvencia de la empresa.
La posibilidad habla de que Pemex se mantendría como socio minoritario con el 43 por ciento del capital del consorcio, pero con el mayor poder de decisión.
Oceanografía de salida. El nombre que se baraja para ser síndico de Oceanografía tras la declaración de quiebra es el del expresidente del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), Vicente Corta.
Este labora en el despacho jurídico White & Case, quien durante años mantuvo un contrato de asesoría con la firma.
La tarea implica un laberinto jurídico para discernir la propiedad de los principales barcos de la flota de la contratista de Pemex, que se contrataron originalmente bajo bases de arrendamiento con opción de compra, optando la firma por ésta formalmente… aunque sin lograr cumplir el importe.
Oceanografía arrastra una colosal deuda con el fisco y le debe la mitad de su liquidación a sus trabajadores, además de facturas pendientes a proveedores.
Se calcula el monto total es de 22 mil millones de pesos.
Radio Centro coloca deuda. La calificadora Standard & Poor’s le otorgó una calidad crediticia de mxA a una emisión de Certificados Bursátiles de largo plazo que prepara Grupo Radio Centro, cuyo monto alcanzaría hasta mil 800 millones de pesos.
La fecha de redención llegaría en 2023.
De acuerdo a la firma la clasificación implica que “la capacidad de pago del emisor para cumplir con sus compromisos financieros sobre la obligación es fuerte en relación con otras emisiones en el mercado nacional”.
Los recursos se destinarán a prepagar toda la deuda de la empresa encabezada por Francisco Aguirre.
La garantía son las acciones de las estaciones de Radio Red, Universal Stereo, Alfa Radio y Radio Red Jalisco y Nuevo León.
Ruido en el SAT. La decisión del Servicio de Administración Tributaria de meter reversa en una licitación para suministro de 40 mil computadoras, 26 mil notebook, ocho mil PC y seis mil tabletas, está provocando ruido.
El contrato se le había asignado previamente a la empresa Mainbit de José Antonio Sánchez, cuya oferta oscilaba entre 344 millones 410 mil pesos en el rango más bajo, y 860 millones 993 mil en el más alto.
El contrato se le asignó a la firma Cepra, quien había cabildeado con el administrador general de Recursos Humanos y Servicios, Ulises Mendoza.
Este había trabajado en el órgano de control interno de la dependencia.
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