El escándalo estalló a mediados de abril pasado al abrirse el expediente 10-003-2025, en cuyo marco se presumía que las firmas se habían coludido para repartirse cuentas de usuarios.
Las firmas en el banquillo, XXI Banorte, Sura, Profuturo GNP y Principal se habían molestado inicialmente por habérseles descobijado públicamente antes de ser notificadas.
La investigación se había abierto en julio del año pasado a petición de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, aduciendo que la presunta práctica se había realizado durante 2014.
La exposición de motivos hablaba de que 55% de los 2.4 millones de traspasos de cuentas realizados por la clientela durante ese año habían apuntado a intermediarias con menores rendimientos, lo que atentaba contra la lógica.
Ninguna de las cuatro intermediarias acusadas tenía las mejores ofertas en materia de intereses por las inversiones realzadas vía sus sociedades de inversión.
A qué, pues, optar por ellas.
La Comisión Federal de Competencia Económica emitió un pliego de presunta responsabilidad en el que se señalaba letra por letra que “existen elementos de comisión suficientes para presumir que los agentes económicos emplazados habrían incurrido en prácticas monopólicas absolutas”.
De acuerdo a lo dispuesto en la Ley Federal de Competencia Económica, la sanción se calcula sobre la base de un porcentaje de las ganancias obtenidas por las intermediarias durante el 2014.
Naturalmente, el entredicho de las cuatro instancias: una surgida de la fusión de la Afore XXI creada originalmente por el Seguro Social y las que tenía Banorte; otra independiente presidida por David Bojanini; la tercera filial del Grupo Nacional Provincial de Alberto Bailleres, y la cuarta asociada con Financial México, las colocaba en ruta de desprestigio de cara a sus clientes.
Lo cierto es que hasta el momento no ha habido elemento alguno para probar la posible colusión, y tampoco existen quejas masivas de usuarios de que se les haya cambiado arbitrariamente de administradora.
De acuerdo a la campaña de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, los usuarios que opten por cambiar de administradora deben ubicar la que le ofrezca mayor rendimiento real para su ahorro, a la par de la comisión más baja.
El monto de éstas ha disminuido hasta situarse en 1.11% en promedio.
Sin embargo, segmentados los planes de inversión a medida de que se acerca la hora del retiro, la estadística no es uniforme.
Dicho con todas las letras, dependiendo de la edad del trabajador cada Siefore coloca los fondos en inversiones que oscilan entre riesgo bajo y riesgo alto.
El promedio de intereses ha sido de 5.4% al año sobre la inflación.
Así, a la mejor una afore tiene un rendimiento alto en un fondo, pero no así en otro, justo quizá, el que apuntalaría al trabajador más cerca o más lejos del retiro.
A la vera del escándalo la Consar planteó una serie de medidas para desterrar la posibilidad de “cachirulos”, que oscilan desde la huella digital hasta el iris de los ojos del usuario.
Por lo pronto, lo que parecía un bombardeo sobre cuatro intermediarias, se perfila para terminar en una bala de salva.
Ustedes disculpen.
Balance general. Colocada en las Cortes de Estados Unidos, concretamente Nueva York, una demanda de la empresa mexicana Representaciones e Investigaciones Médicas, conocida como Rimsa, por incumplimiento de un contrato de venta a la firma israelí Teva Pharmaceutical, ésta ya le volteó la tortilla.
La compañía del país del medio oriente está colocando a su vez una querella en los propios tribunales de la urbe de hierro acusando a su contraparte de fraude. Teva había firmado un contrato de compra de la firma nacional, cotizándola en 2 mil 300 millones de dólares.
El problema es que en el camino se encontró con lo que califica de “violaciones graves”, consistentes en una manipulación sistemática de información respecto a la fórmula de producción de medicamentos, que la compradora debió corregir para evitar poner en riesgo su prestigio. La compañía israelí aduce que después de haber participado en procesos de fusiones y adquisiciones en 80 países, nunca había visto algo semejante.
Además, se culpa a los anteriores propietarios, Fernando y Leopoldo Espinosa Abdala, de solapar por años actividades irregulares.
La demanda de Rimsa habla de que la firma israelí había cerrado plantas y despedido empleados, lo que demeritó el negocio.
Deudanómetro. ¿Se acuerda usted cuando a pleno barrio de Brodway, al lado del vértigo de luz de los anuncios mercantiles aparecía en las alturas una pantalla electrónica que cambiaba a gran velocidad sus números, al punto de dificultarse su lectura?
Estamos hablando del incremento de la deuda externa de los Estados Unidos.
La idea neoyorquina la recuperó, con proa al recinto del Senado, el legislador Mario Delgado, en una pantalla que muestra una cifra de escalofrió: la deuda total del país se incrementa un millón y medio de pesos cada minuto que transcurre.
El alerta habla de que ésta podría llegar a 10 billones de pesos el año próximo, pese al superávit primario del presupuesto que daría 70 millones de pesos para atenuar el fardo.
De ahí la exigencia de la cúpula empresarial para que se aumenten 50 mil millones más al recorte de 239 mil millones 700 mil pesos, lo que incrementaría el monto de la redención. En la magnitud de la carga, la Coparmex de plano pide más que duplicar la tarea de la tijera, es decir recortar 300 mil millones más.
Sí… pero no. Aunque se adhiere a la exigencia a las autoridades capitalinas de respeto a la ley en materia de reordenamiento de la publicidad exterior, la Asociación Mexicana de Publicidad Exterior se deslinda de los señalamientos de favoritismo a la empresa de Isabel Miranda de Wallace.
Tampoco, dice, se ha integrado a un frente común de defensa con el resto de las asociaciones similares. Sin embargo, sostiene que actualmente de cada 10 espectaculares instalados siete son irregulares.
Sin embargo, sostiene que hay un gran rezago legal que deriva en una situación de absoluta injusticia. Sostiene que la autoridad está presionando para retirar más anuncios, pero sin actualizar las reasignaciones.
albertobarrancochavarria0@gmail.com
