Adjudicado el contrato originalmente a un proveedor, el fallo debió modificarse para levantarle el brazo a otro… con la novedad de que siempre no. El procedimiento está suspendido.
La historia, con perfil de telenovela, se inicia en mayo pasado, cuando el organismo, vía el área de Administración General de Recursos y Servicios, lanza una convocatoria para “Administración de Puestos de Servicio”, que en el lenguaje críptico se traducía en compra de equipos de cómputo.
La posibilidad, ajeno el concurso a países con Tratados de Libre Comercio con México, era sólo para proveedores nacionales.
A la cita acudieron sólo cuatro empresas: Centro de Productividad Avanzada, Cepra, por sus siglas; Interconecta, Mainbit y Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos.
El fallo llegaría un mes después, concretamente el 21 de junio, a favor de la tercera de las empresas, encabezada por José Antonio Sánchez.
De acuerdo al convocante, representado por Ulises Moreno Munguía, la firma había obtenido por sus propuestas técnicas y económicas un puntaje de 89.48 puntos.
Detrás de ella, con 88.4, se ubicaba Cepra, encabezada por Joel Sánchez.
El caso es que ésta se inconformó ante el Órgano de Control Interno del organismo alegando que sus propuestas no habían sido evaluadas correctamente.
Acatada la protesta por la instancia encabezada por Gloria Mendoza Villalba, quien por cierto sustituiría posteriormente a Ulises Moreno Munguía como titular de la instancia responsable de la licitación, se le dio la voltereta al fallo.
Según ello, realizada una revisión más rigurosa de las propuestas, Cepra resultaba ahora la ganadora.
Esta había obtenido 57.81 puntos, tres más que los adjudicados originalmente, en su propuesta técnica, en tanto Mainbit mantenía los 49.48 reconocidos, de un total de 60.
Las nuevas nomios eran de 91.72 contra 89.48.
La decisión se le comunicó a Cepra, por cierto, una de las firmas participantes en el frustrado programa de Enciclomedia promovido durante el delirante gobierno foxista, mediante un oficio expedido el 25 de agosto.
El contrato se le adjudicó de inmediato.
El problema es que la empresa desplazada se inconformó ya no ante el Órgano de Control Interno sino ante la propia Secretaría de la Función Publica. El oficio plantea evitar que se materialice lo que se califica como licitación irregular, en transgresión al artículo 134 de la Constitución que ordena ubicar las mejores condiciones para el Estado.
La respuesta de la dependencia a cargo de Javier Vargas Zempoaltecatl fue congelar el procedimiento.
La posibilidad es triple: Anular el nuevo fallo; realizar otra revisión de las posturas, o de plano declarar desierta la licitación.
De optarse por la segunda alternativa las otras dos empresas están reclamando que se les incluya en la revisión de la revisión.
Naturalmente, usted pensará que este tipo de casos pasan todos los días, el problema es que en este se involucra al Servicio de Administración Tributaria quien, dado su carácter de vigilante al acecho de ofensores al fisco, debía ser ejemplo de transparencia y rectitud.
¿O qué no?
Balance general. A contrapelo de la promesa del gobierno de mantener intactas las tasas impositivas, a la vera de la Ley de Ingresos del paquete económico se coló una iniciativa que de aprobarse elevará la retención del Impuesto sobre la Renta en materia de intereses financieros, de 0.50 al 0.58% sobre el monto de capital. Bajo ese prisma, se condena a los ahorradores a rendimientos negativos, dado que el margen actual es de sólo 0.6 por ciento, considerando un rédito de cuatro por ciento anual frente a una tasa de inflación de 3.40.
Naturalmente, el cálculo es ajeno a la burbuja inflacionaria esperada en la carambola de la depreciación del peso frente al dólar.
El golpe llega, justo, cuando se estaba tratando de promover el ahorro.
Otra de Medina. Aunque la moda es soslayar acusaciones de plagio cuando están involucrados funcionarios públicos, de todos modos dejamos constancia de que el fallido proyecto del acuerdo Monterrey VI que llevaría agua de un afluente del río Panúco a Nuevo León, fue copiado a la mala por el exgobernador Rodrigo Medina. La historia se remonta al sexenio zedillista, cuando surgió el grupo “Amigos de Fox” que preparaba, charola de “donativos” en mano, el lanzamiento como candidato a la Presidencia de la Republica del alocado político de Guanajuato.
Asentada una oficina en Coatzacoalcos, Veracruz, en 1999, el arrendatario era Rafael Zarco, quien aliado con panistas como Juan Bueno Torio, recibiría una concesión de la Comisión Nacional del Agua por 30 años.
La posibilidad le permitiría trasladar el líquido del río Panuco a la presa El Cuchillo.
El concesionario se alió con una empresa francesa-china de razón social Picuan Capital, ubicada su sede en el penthouse de la Torre Mayor. En la posibilidad de financiamiento participó el presidente del Club de Industriales, José Carral. El caso es que el proyecto naufragó cuando se le comentó del asunto al gobernador Medina.Este maniobró para plagiar la alternativa y de pasadita llevar agua a su molino.
Revancha de Baxter. Aunque la firma niega injerencia alguna en el asunto, resulta curioso que después de que la empresa Baxter perdiera una licitación para ofrecer servicio de diálisis subrogado a derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla, se haya desatado una campaña para denostar al organismo.
Entre los convocantes para lanzar gritos y sombrerazos en plantones sin fin está un grupo político denominado Alternativa Social, al que se acusa de abanderar cualquier causa.
El discurso habla de que el IMSS pone en riesgo la vida de los pacientes al no empatar el servicio con el que ofrecía Baxter.
El ultimo plantón se realizó el lunes frente a la Catedral de la angelópolis.
La empresa acaba de cambiar a su director general. El venezolano Jaime Alberto Upegui sustituyó al colombiano Víctor Pedroza.
El socio principal de Baxter es José E. Almeida.
El Seguro Social analiza borrarlo de su lista de proveedores.
albertobarrancochavarria0@gmail.com
