Tradicionalmente, tras el impasse de la cuesta de enero y su repercusión a febrero, la economía despertaba del letargo en marzo, justo cuando se empezaba a activar el ejercicio del presupuesto y a colocarse en escena las licitaciones públicas.
La señal era clara: Si el sector público invierte, el sector privado saca sus canicas.
De acuerdo al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, el gobierno facilitará y promoverá la participación de la iniciativa privada en el desarrollo de infraestructura a partir de las Asociaciones Público-Privadas.
La inversión pública en la materia para el 2017 equivale a 2.8% del Producto Interno Bruto, frente a 3.9% de este año.
En términos porcentuales la caída representa un 26.8% en niveles reales, es decir descontada la inflación.
De los 558 mil 700 millones sobrevivientes, el 92% se destinará a inversión en obra pública y el resto a subsidios a entidades e inversión financiera.
El clamor de las cúpulas empresariales apuntaba justo a lo contrario: Incrementar el gasto de inversión para activar la economía en proceso recesivo y eliminar rezagos.
La justificación tácita de la Secretaría de Hacienda habla de “compromisos ineludibles”. Así, se presupuesta una partida de 720 mil millones de pesos para equilibrar los fondos de pensiones para trabajadores públicos afiliados al ISSSTE, los de Petróleos Mexicanos y los del Instituto Mexicano del Seguro Social.
El salto es de 14% en relación a este año.
Más allá, el gobierno debe cubrir por el servicio de la deuda total, es decir la interna y la que arrastran Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, 568 mil 200 millones de pesos, 18.9% más que este año.
El costo financiero de la deuda, pues, es el equivalente al gasto de inversión para el año próximo.
El problema es que el colosal fardo que representa el endeudamiento, cuyo nivel encendió los focos de alarma de las calificadoras, no se refleja en un mejor país.
El crecimiento, aunque mayor al de la docena trágica panista, es mediocre.
Y aunque finalmente la Secretaría de Hacienda regresa al escenario del superávit primario de ingreso-gasto, ayuno desde el sexenio salinista, lo que rompe un constante circulo vicioso en que el gobierno gastaba más de lo que recibía, el escenario lo obligó el sobreendeudamiento.
Los 70 mil millones de pesos de remanente se destinarán a bajarle un piquito a la deuda interna, por más que el objetivo apunta a enviar una señal positiva a los mercados.
Durante el primer semestre del año las arcas públicas engordaron con los remanentes de operación del Banco de México. En total la inyección fue de 292.6 mil millones de pesos.
Aun así el gobierno siguió en la alocada carrera del endeudamiento, para alcanzar un nivel de 7.4 billones de pesos, lo que implica un crecimiento de 2.3 billones en lo que va del sexenio.
El salto es de 48%.
La deuda total del país, la que los tecnócratas definen como Saldo Histórico de los Requerimiento Financieros del Sector Público, alcanza 8.9 billones de pesos, casi tres adicionales al saldo a diciembre de 2012.
Se adelgazó la faltriquera. Murió el gobierno detonador de la economía.
Balance general. ¿Se acuerda usted cuando Petróleos Mexicanos producía 2.6 millones de barriles diarios y presumía que alcanzaría tres en el corto plazo? El caso es que para el año próximo la expectativa es de 1.9.
Aún así, la guillotina presupuestal le reducirá a la empresa 102 mil 200 millones de pesos, sumados a los 100 mil de este año.
El monto equivale a 36% del recorte total.
Si para este año el presupuesto de la exparaestatal era de 478 mil millones de pesos, éste se reduce para el próximo a 391 mil.
Agotada la mina de oro que representó el complejo Cantarell de la Sonda de Campeche, reducida al mínimo la producción de los campos de tierra, el fisco siguió exprimiendo a Pemex reduciendo su margen de maniobra en materia de exploración.
De empresa número uno del país a una más en la competencia de cara a la exploración y explotación de los veneros del diablo.
SCT apoya a OHL. Solicitado por seis senadores panistas clarificar los motivos por los que se le incrementó el plazo de vigencia del título de Concesión otorgado a la constructora OHL para operar la carretera Amozoc-Perote, y de pasadita incrementar la tarifa, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respondió al columnista.
En carta firmada por el director general de Desarrollo Carretero de la Subsecretaría de Infraestructura, Carlos Bussey Sarmiento, se aduce que, la firma debió realizar una inversión no prevista de 312.9 millones de pesos.
El sobrecosto apuntó al abatimiento de taludes y la construcción de un túnel falso en abril de 2010, lo que implicó erogar 246.7 millones.
Adicionalmente, en octubre de 2011 se invirtieron otros 51.3 en obras de mitigación ambiental, además de honorarios fiduciarios.
Finalmente, en marzo del 2012 se gastaron 14.9 millones en seguros y fianzas.
Los costos fueron revisados y avalados por el ingeniero independiente de la obra, Cal y Mayor-Triada.
La solicitud de recuperación de la inversión la planteó OHL con base a la condición trigésima sexta del Título de Concesión.
Núñez el duro. Aunque su salida llenó de júbilo al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y el ex de Sonora, Guillermo Padrés Elías, a quienes les pisaba los talones por diversas maniobras de elusión o defraudación fiscal, lo cierto es que Aristóteles Núñez realizó una labor sobresaliente en el Servicio de Administración Tributaria.
Su dureza se volvió proverbial.
La estrategia, a contrapelo del temblor de piernas de sus antecesores, incluyó el balconeo público de remisos y tramposos a quienes obligó a regularizarse.
Tampoco hubo dobleces en la investigación sobre las empresas creadas por mexicanos en paraísos fiscales, desnudadas por los Papeles de Panamá.
Aunque en la escena está la reforma fiscal calificada de abusiva, durante su periodo se incrementó la recaudación fiscal de 1.3 a 2.4 billones de pesos.
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