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El funcionario rechazó la alternativa, por más que era evidente la falta de capital de trabajo de la firma encabezada por Federico Martínez, al saber que la beneficiada sería OHL México.
Se diría, pues, que la filial de Obrascon Huarte Lain de España había alcanzado bola negra, o si lo prefiere perdía la condición de favorita del rey.
La evidencia se hace mayor de cara a la multa por 38.3 millones de pesos que le impuso el gobierno del Estado de México al no haber comprobado fehacientemente gastos adicionales por 37 millones de la construcción de una parte del Viaducto Bicentenario.
Las discrepancias ubicadas alcanzan en total 297 millones de pesos.
El escenario para la firma que anunció hace unos días que había iniciado pláticas con un fondo europeo para una posible compra de sus contratos y concesiones, se complica más por la forma en que se planteó la información.
Notificada por la entidad federativa de las irregularidades detectadas, la constructora emitió un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores en que si bien detallaba los problemas de comprobación de gastos en rebase del presupuesto pactado, omitía decir que no había autorización previa para el gasto.
Tampoco aludía a que sería multada.
La comunicación, una vez notificado el monto de la sanción, la hizo en Madrid su matriz, señalando que el monto de las irregularidades era en realidad de 16 millones de dólares, es decir 297 millones de pesos, aclarando que pondría en la mesa la documentación adicional para aclarar las dudas.
En ambos comunicados se hablaba de una auditoría realizada por el Órgano de Control Interno del Sistema de Autopistas, Servicios Auxiliares y Conexos del Estado de México… cuando en realidad el ejercicio lo realizó el despacho de auditoría PwC.
Este se inició desde el año pasado, justo cuando estalló el escándalo por los audios de conversaciones telefónicas entre ejecutivos de la constructora y funcionario públicos filtrados a los medios de comunicación.
OHL sostuvo siempre que las grabaciones estaban “truqueadas”.
La firma, en una primera etapa, había señalado que no había ilegalidad alguna en la entrega de las concesiones del Viaducto Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense.
El caso es que la OHL enfrenta también la exigencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para abrir el expediente reunido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por irregularidades contables, que derivó en otra millonaria multa.
El punto fino apuntaba a que OHL contabilizaba en sus estados financieros como ciertos ingresos inciertos que atribuía a la rentabilidad garantizada por el gobierno del Estado de México.
Ahora que, por si le faltara leña al fuego, OHL enfrenta el descontento de unos 150 trabajadores al servicio de una firma que subcontrató para cubrir el primer tramo del tren interurbano Toluca-México.
La empresa Constructora Domo del Sureste no ha cubierto los salarios.
La obra que alcanza desde la avenida Pino Suárez de la capital mexiquense hasta la avenida Tecnológico en Metepec, está paralizada. La rebelión ha sido reprimida por granaderos. Llueve sobre mojado a OHL.
Balance general. Encendidos los focos de alarma al llegar el nivel de endeudamiento del país al equivalente a 42% del Producto Interno Bruto, la Secretaría de Hacienda intentó un mensaje de tranquilidad al señalar que el límite prudencial que marca el Organismo para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) es de 45%.
El país, pues, estaba aún en la frontera. Aún así se caminaría más despacio. La danza, sin embargo, se mantuvo intacta.
El caso es que en su último informe sobre el Saldo Histórico de los Requerimientos del Sector Público la dependencia reconoce una cifra que alcanza el equivalente a 50.5% del PIB. El salto respecto al año pasado es de 2.7. La exposición de motivos habla de los apoyos otorgados a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad por la reducción de su pasivo laboral.
La promesa hablaba de aportar un peso por cada uno que se redujera el fardo.
ICA de regreso. Anunciada la posibilidad de que el Grupo ICA se integre a un consorcio con empresas españolas para pelear el contrato más jugoso para la construcción del nuevo aeropuerto, es decir la propia terminal, ayer la cotización de sus acciones subió como espuma.
Al mediodía el salto era de 15%.
El contrato en disputa es de 3 mil 500 millones de dólares. La constructora encabezada por Bernardo Quintana Issac tiene ya amarrada una alianza con Ferrovial, a la que se agregarían Dragados y GP Construcción.
ICA pelea en paralelo la construcción de las pistas dos y tres en alianza, en este caso, con la portuguesa Mota-Engil y dos constructoras nacionales de nivel medio.
La firma logró eludir la posibilidad de concurso mercantil al recibir una inyección de liquidez del fondo Fintech de David Martínez por 218 millones de dólares.
Faltó el promotor. Recomendada, promovida por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, la necesidad de una Convención Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro para escuchar experiencias de otros países en la búsqueda de mayor rendimiento al ahorro de los trabajadores, el gran ausente en la inauguración del evento fue el propio funcionario. Al parecer no se ha repuesto totalmente de la operación de tabique nasal que se le practicó, aunque por la noche lo esperaban a una cena en la réplica de la Capilla Sixtina del Monumento a la Revolución en el contexto del Foro convocado por Banorte.
Vestidos y alborotados. Quien dejo plantados a los integrantes del Consejo Directivo de la Concamin fue el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Mikel Arriola. Anticipada la presencia que motivó casa llena, al cinco para las 12 llegó la disculpa. Como usted sabe, la cúpula industrial tiene tres de los cuatro asientos de la representación empresarial en el Consejo Técnico del organismo.
S.O.S de proveedores. En el inaudito de la falta de control para evitar desvío de los gobiernos de entidades federativas de cara a recursos etiquetados, los proveedores del sector salud se truenan los dedos para evitar la quiebra. Los gobiernos del Estado de México, Puebla, Sinaloa y Sonora les deben 10 mil millones de pesos, con énfasis en laboratorios y distribuidores de medicamentos,
El síndrome Pemex, pues, se multiplica.
El problema para ellos es que el contrato de compra consolidada de medicamentos les impide detener el abasto por falta de pago en evidente protección a los enfermos. A quién le importa que la salud no sea prioridad de los gobernadores.
albertobarrancochavarria0@gmail.com
