La alternativa, bajo el nombre de Acuerdo Nacional por el Crecimiento y el Bienestar Social de México, recoge el trabajo de seis meses de organizaciones sociales, académicos y empresarios.
A diferencia del Pacto por México que aglutinó solo a los partidos políticos en torno a la posibilidad de las reformas estructurales; de los Pactos Sectoriales que se firmaban con la cúpulas empresariales y sindicatos, el planteamiento habla de un marco general.
Si los pactos diseñados en la oficina del entonces Secretario de Programación y Presupuesto, Pedro Aspe, e instrumentados bajo el gobierno de Miguel De la Madrid respondían a una crisis económica, el crack bursátil de 1987, en este caso la crisis alcanza también valores y principios.
La exposición de motivos habla de un escenario de descontento ciudadano e incertidumbre que define las dinámicas económica, comercial y diplomática del escenario internacional desde el arranque de este año.
La cimentación habla de que el resultado del proceso electoral de mitad del sexenio ratifica el deseo de los sectores mayoritarios por un México más incluyente, moderno y productivo, capaz de competir en un entorno de alta productividad que aspira a vivir en paz bajo el imperio del estado de derecho y la concertación de acciones para combatir la pobreza.
La ruta apunta a una larga lista de objetivos:
1.- Sistema Nacional Anticorrupción que clausure todo resquicio a la simulación, la ambigüedad, el dispendio y la impunidad. Compromiso de reestructura de la Secretaria de la Función Pública que propicie el buen gobierno de las instituciones gubernamentales.
2.- Blindaje del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal contra prácticas de corrupción y reforma a fondo del sistema de justicia de las entidades federativas.
3.- Garantizar recursos suficientes para el despliegue de una política social de alto impacto, con especial atención en la cobertura de necesidades básicas de la población más vulnerable: salud, alimentación, vivienda digna, servicios básicos, educación de calidad y acceso a la cultura.
4.- Nueva estrategia de seguridad pública y combate al crimen organizado. Un nuevo modelo policiaco que incluya sistemas de control de confianza y reclutamiento, contraloría interior y externas…
5.- Políticas de prevención de la violencia, recuperación de espacios públicos y programas dirigidos a reintegrar el tejido social en los municipios, regiones y entidades federativas más lastimadas.
6.- Crecimiento económico, generación de empleo bien remunerado, incremento de la productividad y recuperación del poder adquisitivo de los salarios.
7.- Proyectos eficaces de infraestructura y desarrollo de las regiones más pobres del país como condición indispensable para el flujo de inversiones en el programa de zonas económicas especiales.
8.- Programa de austeridad y uso racional de partidas presupuestales en todos los niveles de la administración pública.
9.- Compromiso de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de recursos públicos de las Cámaras legislativas y grupos parlamentarios.
10.- Impulso definitivo al Sistema Nacional de Salud y las estrategias para prevenir y atender adicciones.
El mensaje a la población, de acuerdo a los impulsores del Acuerdo, seria de solidaridad y cohesión social frente a escenarios difíciles, generando un ambiente de colaboración entre sectores productivos, condición indispensable para enfrentar los desafíos en un contexto global complejo.
Acuerdo Nacional para el Crecimiento y el Bienestar Social de México.
La carta está en la mesa.
Balance general. Frustrada la posibilidad de que el Grupo Alfa se hiciera de la mayoría de capital de la empresa petrolera colombiana Pacific Exploration and Production Group, conocida como Pacific Rubiales, el empresario Fernando Chico Pardo va ahora por un segundo intento.
El exdirector general de Teléfonos de México y presidente actual del Grupo Aeroportuario del Sureste apuesta con recursos de su fondo de inversión de razón social Promecap.
Su oferta compite con el fondo canadiense Catalyst Capital Group, quien había dejado atrás una oferta de IG Global Energy Partners.
La firma está en proceso de reestructura de su colosal deuda.
Alfa recibió una zancadilla brutal en su pretención que la llevó a una pérdida critica de recursos, tras adquirir inicialmente un segmento de 16 por ciento del capital, que se diluyó al aceptar la empresa una oferta de capitalización que dejó de lado su pretensión de alcanzar mayoría.
El recurso pasó a fondo perdido.
Más empresas familiares. A contrapelo de la creencia generalizada, las empresa familiares no están en extinción en el país.
De acuerdo a una investigación realizada por la Universidad de las Américas integrada al libro “La Sucesión e Institucionalización de la Empresa Familiar en México”, éstas representan el 55 por ciento de las existentes.
Las firmas generan el 72 por ciento del empleo, lo que implicaría una contribución del 50 por ciento al Producto Bruto Nacional.
La tradición la fue diluyendo la necesidad de alianzas con compañías extranjeras o de plano su venta.
Entre las mas importantes que subsisten están Bimbo de la familia Servitje; Vitro de los Sada González; Maseca, de los González Moreno; México de los Larrea; Cementos Mexicanos de los Zambrano; Comercial Mexicana, de los González Nova…
Tambores de guerra. La decisión del gobierno de reducir 10 por ciento el costo al público del gas LP tras abrir la frontera a la importación a precios reducidos provocó una rebelión de empresarios del ramo, obligando a la Secretaria de Energía a dar un inusual manotazo en la mesa.
Se les cayó el gran negocio que habían mantenido durante siete meses.
El escenario recuerda la furiosa resistencia de las ocho familias que dominan el mercado de distribución ante la posibilidad del gas natural para uso doméstico, por más que el objetivo apuntaba a familias de medio y alto poder adquisitivo.
Vía al control. Como lo habíamos anticipado, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes abrió ayer a la escena la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, en cuyo marco se supervisará el cumplimiento de compromisos de inversión de las firmas concesionarias; las tarifas en materia de interconexión; la seguridad de los trenes…
El compromiso apunta a crear el Registro Ferroviario Mexicano a cuya vera se promoverá la expansión de rutas y aún la convivencia entre transporte de pasajeros y de carga.
La instancia tendrá opción de aplicar sanciones.
albertobarrancochavarria0@gmail.com
