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Concretamente, el ordenamiento de la discordia exige a las empresas operadoras conservar durante 24 meses los datos relativos a las llamadas telefónicas de su clientela o el envió de mensajes por las diversas redes. La exigencia plantea identificar no solo la hora y fecha de la comunicación, sino el lugar de ubicación del que llama y el que recibe.
De acuerdo con el artículo de la discordia la información se pondría a disposición de la autoridad en caso de estar inodado el usuario en una investigación, aunque no se especifican los casos concretos ni el tipo de autoridad con poder de reclamación.
La resolución de la Corte solo señala que la posibilidad de desnudar la privacidad de una persona sería previa solicitud de un juez.
Sin embargo, el Instituto Federal de Acceso a la Información Publica y Protección de Datos acaba de iniciar un procedimiento sancionatorio contra la AT&T, quien aglutinó a su causa a Nextel y Iusacell, por negarse a proporcionar la información a un usuario… en reclamo de sus propios datos. El expediente habla de que la información recababa corresponde a datos personales cuyos involucrados tienen derecho a conocer. Qué tal si les dio un ataque de amnesia. El problema, al parecer, es que la AT&T no tiene un archivo de esa magnitud y probablemente ninguna de las firmas en el mercado, incluida la líder Telcel.
La razón es simple: en México existen 110 millones de usuarios de telefonía móvil y dos años es mucho tiempo.
Sin embargo, al margen de la obligación de las empresas de colaborar con la autoridad, el asunto se remite a la violación de la privacidad de los mexicanos. La sábana de dos años desnuda amistades, lugares de acceso frecuente, hábitos, forma de vida, religión, adquisiciones, consultas médicas…
Y quién garantiza el uso correcto de los datos, en un escenario en que las policías están permeadas por la delincuencia.
La extorsión, el chantaje, están latentes.
A la aprobación del ordenamiento por parte del Congreso la totalidad de las empresas involucradas habían planteado una serie de objeciones ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones alegando, entre otras cosas, la necesidad de inversiones cuantiosas.
Al margen de ello, existe un vacío jurídico en relación con la responsabilidad de las empresas de telecomunicaciones en el resguardo de la información, en un escenario en que son interminables las llamadas desde Call Center a usuarios, identificados por su nombre, para ofrecer servicios bancarios o venta de artículos.
¿Se vende la lista al mejor postor?
Tampoco hay certeza sobre las intervenciones telefónicas que realizan empresas privadas para desprestigiar a sus competidores, situación que se vuelve crónica en la antesala de las grandes licitaciones.
Colocadas en la mesa desde hace dos años denuncias por parte de la filial en México de la española OHL sobre espionaje telefónico que desnudó supuestas componendas con funcionarios públicos, hasta hoy no hay acción alguna. Involucrado como sospechoso el representante jurídico de la empresa Infraiber, Paulo Diez Gargari, cuando los agentes judiciales lo llevaban a declarar le fue sembrada un arma, provocándose un escándalo que dejó de lado el caso.
A la posibilidad de ser espiado por medios ilícitos, pues, se agrega hoy lo de tener una bitácora por la vía legal que muestra la película de dos años de un usuario de telefonía celular, sin engranes para frenar su uso mendaz.
Un mundo nos vigila.
Balance general. Pues al parecer el capítulo de 17 años de Altos Hornos de México que le permitió mantenerse en suspensión de pagos al amparo de la extinta Ley de Quiebras y Suspensión de pagos no ha concluido totalmente. En la sorpresa de la temporada la firma siderúrgica encabezada por Alonso Ancira acaba de plantear una solicitud de protección bajo el capítulo 15 de la ley de Quiebras de Estados Unidos. Al parecer se trata de defenderse frente a acreedores bancarios de ese país que no firmaron el convenio de reestructura de débitos que permitió a la firma salir de la suspensión de pagos.
Esta planteaba cubrir a tres años las deudas en efectivo o en especie, es decir canjeándolas por acciones de la compañía.
En su momento se había integrado una especie de Comité de Acreedores cuya gestión para un arreglo se agotó cuando pasaron tres años estériles.
La matriz de la firma, el Grupo Acerero del Norte, enfrentó un largo litigio con Banamex tras haberse cobrado éste “a lo chino” un préstamo asumiendo las garantías dejadas en prenda, justo cuando un juez de lo concursal decretó la suspensión de pagos.
Crimen y castigo. En el primer manotazo en la mesa de su director general, José Antonio González Anaya, el órgano de control interno de Petróleos Mexicanos acaba de inhabilitar durante ocho meses y 15 días a dos contratistas. La sanción incluye multas por 10.4 millones de pesos. La exposición de motivos señala que la firma Servicios Integrales de Compresión del Grupo Nuvel e Integradora de Tecnología del Grupo Altavista presentaron datos falsos para competir en sendas licitaciones.
La primera recibió un contrato de 500 millones de dólares para tareas de compresión de gas amargo en el campo Cantarell de la Sonda de Campeche. La segunda peleaba un contrato para proveeduría de tecnologías de la información. La flecha apunta a la presentación de cartas-compromiso para garantizar los equipos necesarios, que el supuesto proveedor desconoció.
Mesa puesta. En afán de mostrar las posibilidades para que particulares utilicen la infraestructura del sistema eléctrico nacional a la vera de la apertura, ayer la Comisión Reguladora de Energía convocó a un foro público. El abanico habla de aprovechar la red de fibra óptica para telecomunicaciones, el derecho de paso a la vera del tendido de cables y la posibilidad de dispositivos adjuntos para banda ancha. Al evento asistieron la subsecretaría de Comunicaciones, Mónica Aspe Bernal; el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel Contreras; el presidente de la Cámara de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información, Mario de la Cruz, y el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Jaime Francisco Hernández.
Mujeres primero. Quien logró colocarse en la décimo quinta posición en la categoría de Equidad de Género del Listado de Great Place to Work fue el Grupo Vidanta, con presencia en destinos turísticos como Acapulco, Puerto Vallarta, Riviera Maya, Nuevo Vallarta, Puerto Peñasco y Mazatlán. La firma encabezada por Daniel Chávez emplea a 15 mil personas, de las cuales seis mil son mujeres. En el listado están también el Scotiabank, Infonavit, Liverpool, American Express, la Fundación Teletón, la cadena Hilton, BBVA/Bancomer, Mapfre Seguros, AT&T y Gentera.
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