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La propuesta llega, justo, cuando las firmas, es decir Femsa, es decir Coca Cola Company, es decir Pepsico, estaban pugnando por el escenario contrario, derogar el tributo.
De hecho, le habían planteado a la senadora Martha Tagle Martínez, vía la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas, la realización de un foro para debatir los efectos del tributo al que califican de regresivo. La legisladora bateó olímpicamente la solicitud.
Ella es una de las autoras de la iniciativa al lado de sus colegas Armando Ríos Piter, Mario Delgado Carrillo y Zoé Robledo Aburto, haciendo suya una propuesta de la Alianza por la Salud Alimentaria y la Coalición ContraPESO. La pretensión es elevar el tributo por botella de uno a dos pesos.
Los industriales han invertido grandes cantidades en la realización de estudios por parte de instancias académicas como el Colegio de México, el Instituto Tecnológico Autónomo de México y la Universidad de Nuevo León, para solidificar sus argumentos contra el gravamen y su utilidad real. La paradoja del caso es que en su exposición de motivos los senadores utilizan éstos para reforzar su pretensión de reforma, cuyo punto de arranque es que el tributo ha logrado inhibir el consumo de bebidas azucaradas en 6%.
Su cálculo habla de que a tasa duplicada la caída sería de entre el 12% y el 18%.
“La industria de bebidas —dice la exposición de motivos—, ha buscado minimizar el impacto observado del gravamen a través de evidencia pagada y a modo, tratando de modificar a la opinión pública. Sin embargo, actualizando los resultados de trabajos realizados por el ITAM y la Universidad Autónoma de Nuevo León, a factores macroeconómicos, se observa una disminución en el consumo del ocho por ciento durante el 2015”.
El texto habla de que el “éxito” de México ha servido de ejemplo para políticas fiscales a países como Chile, Reino Unido, la India, Sudáfrica, además de ciudades como Filadelfia o Berkeley.
El caso es que mientras los legisladores hablan de que la medida beneficiaría principalmente a los segmentos más pobres de la población, quienes ocupan una buena parte de sus ingresos para cubir tratamientos derivados de enfermedades producidas de una alta ingesta calórica, los industriales sostienen lo contrario.
De entrada, aducen que al impacto del IEPS se provocó una inflación mensual promedio de 0.42% en la canasta básica, lo que contrajo la capacidad de compra de las familias.
La lógica habla de que ante la necesidad de calorías para soporte de trabajos rudos, los pobres no inhiben el consumo de refrescos… y sí el de otros productos básicos.
Ahora que en otro elemento de discrepancia, los legisladores señalan que en contrario a la caída en el consumo de refrescos se ha incrementado en cuatro por ciento la de agua embotellada… que también envasan los industriales del ramo.
Estos alegan la pérdida de mil 700 empleos, solo en el 2014.
Al margen de quien finalmente gane el round, lo cierto es que el gobierno ha incumplido la otra parte del tributo, es decir destinarlo a cubrir las escuelas públicas de bebederos y para reforzar la infraestructura en materia de medicina social. Hasta hoy, pues el fin ha sido solo recaudatorio.
El fisco ha recogido a partir del 2014 en que entró en escena el IEPS 37 mil millones de pesos. La oferta hablaba de beneficiar a 242 mil escuelas.
La guerra de las calorías.
Balance general. A contrapelo de la caída de su calidad crediticia pese al aval gubernamental, y de haber rebasado en exceso los limites prudenciales de endeudamiento, Petróleos Mexicanos se mantiene en la danza. Su siguiente colocación, prevista para hoy, elevará el débito en 771 millones de dólares. La emisión será bajo la modalidad de Bonos Samurai, es decir dirigida al mercado japonés.
La garantía esta vez la emite el Banco para la Certificación Internacional de Japón.
La intermediación corre a cargo de los bancos Morgan Stanley, Mizuho, SMBC, Nikko y Mitsubishi.
Como usted sabe la empresa productiva de Estado está realizando una venta de garaje, colocando en la mesa desde refinerías hasta gaseoductos, pasando por barcos y terrenos.
La intención es obtener liquidez inmediata para posteriormente pagar renta por los activos.
Chedraui en el callejón. De acuerdo a un reporte emitido ayer por el Departamento de Estado de Estados Unidos, si hay mérito y “materiales y sustanciadas” en las denuncias planteadas por empleados de la cadena de tiendas “El Super” ubicada en el sur del país del norte, por violaciones laborales. Los autoservicios operan como filiales de la cadena Chedraui.
En el documento se califican de legitimas las acusaciones contra la gerencia del conglomerado que hablan de amenazas contra los trabajadores por sindicalizarse.
La instancia ofrece mediar en le conflicto laboral que coloca del otro lado al Sindicato de Trabajadores Unidos de la Industria de Alimentos y Comercio, quien pugna por un nuevo contrato colectivo de trabajo.
Anteriormente un juez de la corte de distrito de Estados Unidos había emitido una serie de medidas cautelares que, entre otras, obligaban a la empresa a recontratar a un empleado despedido por su activismo sindical.
Seguridad alimentaria. Ayer, con el patrocinio de la empresa 3M México que encabeza Gayle Schueller se inició la tercera edición del Congreso de Innovación de Seguridad Alimentaria.
Al evento acuden investigadores de las universidades estadounidenses de Cornell y Georgia, además de la Iberoamericana. El debate se centra en el marco regulatorio del país y el auge de las firmas agroindustriales.
México ha logrado triplicar sus exportaciones a partir de la década de los 80 del siglo pasado, pese al crecimiento explosivo del mercado interno.
La firma anfitriona, con 20 años de experiencia en el sector alimentario de México, dedica cada año el 5.8% de su presupuesto para investigación y desarrollo.
albertobarrancochavarria0@gmail.com
