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La impudencia, espetada al presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, obligó a ésta a retirar su delegación en la entidad.
El secreto a voces decía que en la entidad federativa había un gobernador electo, pero era otro quien hacia las funciones.
La omnipotencia del gobernador real quería imponer, justo, al delegado del organismo empresarial, en el marco de una aduana que tasaba entre 18% y 30% del valor de los contratos la alcabala.
Lo tomas o lo dejas.
La bonanza, la feria de propiedades, el uso y abuso de activos del gobierno, había salpicado a toda la familia del gobernador de facto, quien en la ultima y nos vamos, a unos días de dejar el cargo, había hecho efectivos dos prestamos bancarios por un total de mil 144 millones de pesos.
Las instancias acreedoras eran Interacciones y Bancomer. La primera había ofrecido una línea de mil 100 millones; la segunda de 512.
La garantía, cobijada bajo un fideicomiso maestro, alcanzó al 92.8 por ciento del Fondo General de Participación del Gobierno Federal, es decir los bancos se cobrarían en automático los abonos de redito y principal sobre el dinero que la Federación le entregaría en los próximos meses a la entidad.
El dinero se esfumó; la deuda quedó en pie.
Sin embargo, ajeno aún a la pesquisa Medina Anslie, a quien su hijo le “donó” una costosa propiedad, el eje de la demanda contra el ex gobernador de Nuevo León se centra en el caso Kia Motors.
Estamos hablando de la catarata de “concesiones” otorgadas a la empresa coreana, a cuya vera hubo ocasión de llevarse o al menos salpicar a los cuates de otra tajadita del presupuesto.
Concertada la donación del terreno en que se instalaría la factoría, es decir la comunidad de Pesquería, se contrató a una inmobiliaria de razón social Galord, quien cobró por el predio 124 millones de pesos.
Sin embargo, los propietarios de ésta, Bernardo Castallón y Juan Manuel García Cañamo, la habían adquirido previamente en 55 millones.
Ambos son cercanos de Medina.
Ahora que la segunda parte del “negocio” llegó con la nivelación del terreno, cuyo contrato se le asignó al Grupo Profrezac, cuyo dueño, José Aguirre, es a su vez amigo cercano del otro Medina, es decir Humberto Medina Anslie.
La demanda habla de trabajos no realizados.
La paradoja del caso es que el actual presidente municipal de Pesquería, dice que no se explica cómo se eligió una zona carente de todos los servicios.
El anterior está en la lista de sujetos a proceso.
En la ruta se incluye también a funcionarios del Consejo Estatal de Promoción a la Inversión; a quienes se acusa de violar la ley al autorizar prebendas en favor de la armadora coreana por encima de lo permitido.
En total el regalo implica una erogación o pérdida de ingresos de tres mil 400 millones de pesos.
La canasta habla, además, de dotar de infraestructura a la planta, energía eléctrica, drenaje, conexión al ferrocarril, y de una exención por 20 años de impuestos locales, es decir predial, nomina.
Se empieza a desperezar el Bronco.
Balance general. En más de lo mismo de las irregularidades detectadas en los contratos otorgados a la empresa arrendadora de automóviles Tecno Alta Distribución que encabeza Carlos Bayo, se documenta un contrato de adjudicación directa por nueve millones 13 mil 980 pesos para Servicio Integral de Transportación Terrestre… ¡por cuatro meses!
El contrato, documentado por el Portal de Obligación de Transparencia, lo otorgó el Instituto Politécnico Nacional.
El problema es que la acción es violatoria del artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, que limita las adquisiciones directas a un monto de un millón de pesos.
Más aún, se advierte que los contratos no se pueden fragmentar.
En la ruta se ésta acusando al director general de la instancia educativa, Enrique Fernández Fassnacht, en un escenario que incluye otro contrato por adjudicación directa por servicio de víveres para el comedor ejecutivo de la oficina de éste por 300 mil pesos.
El servicio es por un mes, lo que implicaría 10 mil diarios.
Lo curioso del caso es que más tarde se realizó una licitación pública para un contrato similar, éste por cuatro meses, cuyo monto fue de 343 mil 526 pesos, lo que implicaría, descontando los 15 días de vacaciones en diciembre, un costo de cuatro mil 580 pesos diarios.
Embargan a Mexicana. Detrás de la sorpresiva decisión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de embargar los activos que estaba subastando Mexicana de Aviación a solicitud de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, está la nebulosa promesa de indemnizar a los trabajadores con los recursos generados por el principal activo en marcha de la firma aérea, el taller de mantenimiento MRO.
Como usted sabe, éste se extrajo de la masa crítica de la quiebra de la línea aérea para adjudicarse a los principales acreedores, es decir Banorte, Bancomext y el aeropuerto capitalino.
La promesa, sin embargo, hablaba de crear un fideicomiso para garantizar el finiquito de pilotos, sobrecargos y personal de tierra.
Ninguno de los 8 mil 100 ha visto hasta hoy un centavo.
El embargo que origino un pataleo del síndico de la quiebra, Alfonso Ascencio Triujeque incluye dos activos con ingresos: un recinto fiscalizado y el Centro de Administración Técnica.
Vida de jeque. Colocados en subasta 246 artículos confiscado al socio mayoritario de la financiera popular Ficrea, Rafael Olvera Amezcua, éstos transparentan la vida de jaque árabe que se daba éste a costillas de los ahorradores.
En la lista figuran 127 automóviles, la mayoría de lujo, con un valor superior por unidad a medio millón de pesos. Ahí está, por ejemplo, un Porsche Panamera 2013 y otro Cayenne.
En la parte inmobiliaria hay dos docenas de propiedades en el Estado de México.
La paradoja del caso es que aún sin los activos que no le cupieron en el costal, Olvera sigue su vida de lujos en la zona de Florida, sin que lo toque ni el pétalo de un citatorio.
Más de lo mismo. Volcada la pelea electoral hacia los tribunales, el punto fino apuntará al rebase de topes de campaña, en una rebatiña por compra de votos que en alguna entidad alcanzó mil millones de pesos… que se cubrirán por la vía clásica de la corrupción.
En la campal con vista al insólito, la policía intimidando a votantes, colocando mantas para desprestigiar al rival, el erario abierto aún en entidades de extrema pobreza, se permitió todo, desde la calumnia hasta los ataques físicos.
La ola incluye al PRI, PAN y PRD.
albertobarrancochavarria0@gmail.com
