Bajo el ropaje de ratificar un pacto firmado en el 2003 por ambos países, el gobierno aceptó tácitamente soslayar los requisitos fitosanitarios para el ingreso de papa estadounidense.
El convenio bilateral que le otorgaba al vecino del norte la exclusividad para vendernos papa primero en la zona fronteriza, luego en el centro y el sureste y finalmente en todo el país, había naufragado al no pasar el tubérculo Made in USA la aduana de inocuidad colocada por el país.
El temerario trueque, naturalmente, provocó la indignación de la Confederación Nacional de Productores de Papa de la República Mexicana, Conpapa en lo coloquial, quien recurrió a la búsqueda de un amparo.
La exposición de motivos hablaba de violación a la legislación fitosanitaria, con la novedad de que las bacterias podrían contaminar a productos alternos a la siembra del tubérculo, por ejemplo chile, berenjena y tabaco.
La crónica convoca al inaudito.
Hete aquí que, en afán de documentar la protección jurídica, los productores solicitaron al Instituto Nacional de Acceso a la Información Publica y Protección de Datos el documento comprometedor, que tras una larga batalla se entregó… tachoneado, según ello para no dañar la relación bilateral.
El documento de la discordia había sido reservado durante 12 años por la Secretaria de Economía, aunque oficialmente se había dicho que la clasificación había sido otorgada por el propio INAI.
Aún así, el juez de la causa le otorgó una suspensión provisional, que se convertiría en definitiva, a los querellantes.
El juicio, pues, empezó a correr.
En el transcurso de éste el togado le exigió a la Secretaria de Economía entregar el papel tal cual, colocando a la dependencia en el callejón.
Al amago, finalmente, el gobierno, quien en el camino había elaborado dos versiones corregidas que en el papel atenuaban el golpe a los productores nacionales de papa, según ello para formalizar el arreglo, decidió bajarse del camión.
Se anula, pues, el pacto.
Naturalmente, la graciosa huida que dejó sin sustancia la posibilidad de que Conpapa ganara el juicio sentando un vergonzoso precedente, se dio en la coyuntura del cambio de gobierno en los Estados Unidos, quien pospuso el sí del Congreso, bajo las reglas de una figura similar al fast track o vía rápida, para después del proceso electoral.
La historia se remonta a un encuentro casual, en Washington, del ex secretario de Hacienda, Pedro Aspe, y su contraparte chileno entonces, quien le habló de la intención de Estados Unidos de reforzar un bloque de países asiáticos con un gran TLC, para contrastar el poderío chino.
El ex funcionario alertó al gobierno, encabezado entonces por el panista Felipe Calderón, quien tras algunos titubeos decidió negociar su incorporación.
La condición de la papa colocada en la mesa por la Casa Blanca podría no ser la única que aceptó el país.
El acuerdo oscuro, negado originalmente por el entonces secretario de Economía, Bruno Ferrari, se firmó el 12 de marzo del 2012.
Ahí estaban, por parte de la dependencia el propio titular y la subsecretaria de Industria y Comercio, Lorenza Martínez Trigueros, así como Oliver Ulises Flores Parra Bravo. Por Agricultura participó Javier Trujillo Arriaga, así como el entonces presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Carlos Cortés García.
Si bien valía Paris una misa, que tanto exponer al país a plagas a cambio del TPP.
Balance general. Finalmente, el Grupo ICA decidió tomar el camino que soslayó durante dos años ante la soberbia de la familia Quintana, dueña del 7% del capital: reducir su estructura al marco de las circunstancias.
La firma presentó el viernes un programa de sobrevivencia acorde con una realidad trágica: la reducción de 22% de sus ingresos para este año.
En la ruta, como lo habíamos anticipado, recibirá una inyección de recursos por 215 millones de dólares, vía un contrato de crédito simple convertible con garantía prendaría, por parte del fondo Fintech de David Martínez.
De no cubrirse éste, bajo el compromiso de dos tramos, uno de 54 y otro de 161 millones, el cobro se haría en especie.
La garantía, a cubrirse en automático, son acciones del grupo Aeroportuario Centro Norte, la joya de la corona de la constructora, además del capital social de las subsidiarias CAPI y CONOISA.
Esta última es la que administra todas las concesiones del grupo.
Además, ICA renuncia a contratos para construcción de carreteras que le impliquen riesgos de financiamiento.
Fuga de capitales. Al margen de la posibilidad de que el Reino Unido de la Gran Bretaña abandone la Unión Europea y la inestabilidad en general de los mercados, la depreciación del peso frente al dólar la han provocado los capitales golondrinos.
En la expectación por un alza en las tasas de interés en Estados Unidos, decretada por la reserva Federal y el titubeo del Banco de México para adelantarse, han salido del país casi ocho mil millones de dólares.
El escenario ha provocado ya el encarecimiento de medicinas o su ocultamiento.
El 90% de ellas reclaman materias primas de importación, es decir facturadas en dólares.
Furia del SME. Comprometida por la Secretaria de Energía la entrega de diversos activos que pertenecían a la extinta Luz y Fuerza del Centro, a cambio de que unos 20 mil integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas renunciaran al finiquito a que tenían derecho, la dependencia no ha cumplido del todo.
Aunque se entregaron instalaciones de lo que fuera el complejo Necaxa para generación eléctrica, lo que permitió al SME asociarse con la firma portuguesa Mota Engil para ofrecer el servicio, faltan aún varios activos comprometidos.
La justificación de la dependencia es que el sindicato mantiene un litigio con disidentes, apoyados por el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana.
Privados al resguardo. Ahora resulta que el gobierno le está pidiendo ayuda a las empresas de seguridad privadas para resguardo de instalaciones vitales del país, es decir plantas operadas por Petróleos Mexicanos, reservas de agua potable, bases aéreas y navales…
La posibilidad, se planteó en un foro convocado por la Secretaria de Gobernación (“Seguridad de Instalaciones Vitales. Visión de Expertos Nacionales e Internacionales”), al que se invitó a la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada.
En el evento participaron, entre otros, el coordinador regional de Seguridad de la Embajada de Estados Unidos; el comandante de la policía de Colombia en México, y el agregado militar de la embajada de Brasil.
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