El problema es que la baja de cortina llega tarde. Aunque la Secretaría de Hacienda minimiza la burbuja, lo cierto es que el país ya rebasó con mucho el límite prudencial fijado por organismos internacionales.
De acuerdo al Organismo para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, el débito no debe ser mayor al equivalente a 42% del Producto Interno Bruto… y estamos en 48.6.
De hecho, la calificadora de deuda Fitch acaba de externar su preocupación sobre dos cargas de lastre: la tendencia creciente de la deuda pública y la corrupción.
De acuerdo al Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, en los años del regreso del PRI a Los Pinos el salto en materia de deuda publica ha sido del equivalente a 9.4 puntos del PIB, de los cuales 4.5 se generaron solo en 2015.
El gobierno ha justificado el crecimiento espectacular señalando que el país mantiene un bajo riesgo de interés y que el saldo acumulado es estable.
La píldora tranquilizante se apuntala en la buena acogida a la emisión de Bonos Samurai, cuya demanda alcanzó 1.3 veces el monto emitido, pese a que las tasas de interés alcanzan solo 0.40, 0.70, 1.09 y 2.4%, de acuerdo con los plazos de redención.
Más aún, la tasa de té de tila habla de que el país cuenta con recursos contingentes por 255 mil millones de dólares, de los cuales 177 corresponden a reservas del Banco de México y 88 al préstamo en lista de espera del Fondo Monetario Internacional.
Según ello, el monto representa el equivalente a 13 veces el pago del servicio de la deuda externa, y 33 el de la interna.
El problema es que sin reservas se iría a las nubes la paridad peso-dólar y se derrumbaría la calidad crediticia del país, encareciéndose los intereses… justo cuando empezaran a correr los pagos al FMI.
Lo grave del caso es que de acuerdo al CEESP el gobierno no cumplió el año pasado con el ajuste presupuestal de 124 mil millones de pesos, con la novedad de que al final se registró un sobregasto de 142 mil millones.
De hecho, el organismo aconseja que para el 2017 el gobierno logre un superávit presupuestal primario por el equivalente al 1.5% del PIB, frente al 0.2 que se había planteado, lo que exigiría una reducción del gasto de 300 mil millones de pesos.
Olvídense de los tiempos políticos, reclama el organismo.
Se diría, pues, que el formidable boquete financiero provocado por la caída del precio del petróleo no ha empatado con la reducción drástica del gasto corriente, equilibrándose con deuda.
El gobierno, pues, replica el fenómeno ICA.
De acuerdo a lo previsto por la Constitución, la deuda pública debe servir para apuntalar el crecimiento del país, con la novedad de que gran parte se destina a gasto corriente o pago de intereses.
Y aunque el gobierno lanzó las campanas a repique al anunciar que el monto total de deuda publica descendió en 121 mil 647 millones de pesos, es decir 1.4% en términos reales, para ubicarse en 8.57 billones de pesos, la merma no tiene nada que ver con apretarse el cinturón.
Estamos hablando del remanente de operación del Banco de México por 239 mil millones de pesos entregado a la Tesorería, que de acuerdo con la ley debe destinarse a reducir la deuda. A su llegada a Los Pinos el presidente Enrique Peña Nieto cargaba con una deuda pública de 5 billones 350 mil millones de pesos, equivalente a 37%.
El salto, pues, alcanza más de tres billones, equiparables a la recaudación fiscal de un año. ¿Dónde quedó la bolita?
Balance general. Aunque la reforma energética prevé que Petróleos Mexicanos participe en 20% de los campos ubicados en aguas profundas o ultraprofundas, la parte que se le está asignando dista mucho de ser la joya de la corona.
Estamos hablando del denominado Trión de la zona conocida como Cinturón Plegado Perdido, ubicado a 40 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, que a juicio de la Secretaria de Energía cuenta con reservas probadas, probables y posibles por 480 millones de barriles.
Sin embargo, de acuerdo a los expertos se trata solo de cifras especulativas.
Aunque el campo podría tener petróleo ligero y gas asociado, el yacimiento se ubica a casi dos mil 500 metros de profundidad, es decir en aguas ultraprofundas, lo que requeriría una inversión de 11 mil millones de dólares.
Pemex ha dicho que buscará un socio.
El resto de los campos de Plegado Perdido, cuyos contratos de exploración y explotación se colocarían en subasta en diciembre próximo, representan tres, cuatro y hasta 15 veces mayor potencial.
Pasos en la azotea. A ala callada, la Comisión Federal de Competencia Económica está avanzando en la investigación sobre el caso Genomma Lab-Marzam-Nadro, es decir la posible compra simulada de la distribuidora de medicinas de la primera firma.Según la información entregada a la instancia antimonopolios para autorizar la transacción, el comprador de la mitad del capital social de Marzam había sido un fondo holandés, quien había pagado mil 350 millones de pesos.
El caso es que al escándalo de los llamados Papeles de Panamá salió a relucir que la compra habría sido hecha en realidad por la esposa del presidente de Nadro (Nacional de Drogas), Pablo Escandón Cusi.
La operación se habría encubierto vía la creación de una empresa ubicada en un paraíso fiscal.
De haber optado por la transparencia, Escandón no tendría el visto bueno de la operación dado el peso que mantiene en la distribución de medicamentos hacia carriles privados.
Dedo en el renglón. Ratificada la alianza entre el Consejo Coordinador Empresarial que encabeza Juan Pablo Castañón y el Partido Acción Nacional de cara a pelear la modificación de la que califican de “tóxica” reforma fiscal, se está convocando a instancias privadas de educación superior para el análisis costo-beneficio del escenario.
La ruta habla de dos vías: la obstinación del gobierno en no modificar el gasto público de cara al corriente y el fardo que representó para las empresas el acotamiento de las posibilidades de deducción.
El énfasis apunta al perjuicio de los trabajadores al cancelarse el canje de prestaciones sociales por impuestos.
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