Así, entró en escena, a riesgo de que le cortaran la cabeza, como ocurrió, a su carta en el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, Jaime Lomelí Guillén, el poderoso Grupo Bailleres de Alberto Bailleres.
En la cauda, naturalmente, apareció el magnate Carlos Slim y otro de los enlistados en lugar preferente por la revista Forbes: Germán Larrea Mota Velasco, cuyo Grupo México mandó construir cuatro plataformas.
A la par, nació Oro Negro, encabezada por Gonzalo Gil White y su primo José Antonio Cañedo White, con asesoría del ex director general de Pemex, Luis Ramírez Corzo, quien con apoyo de fondos de inversión arriesgó en principio 240 millones de dólares en una plataforma Jack-up Premium construida por Keppel Offshore & Marine… para extender la lista luego con tres más.
Además, rentó en 110 mil dólares diarios otras dos Jack-up.
El caso es que la semana pasada el Grupo México negociaba con Pemex lo que sería la segunda reducción al hilo de las tarifas por las plataformas que le arrienda, con el peligro de que al menos uno de los contratos le sea cancelado. El caso es que Oro negro acumula una deuda de 925 millones de dólares con tres incumplimientos de abonos en la espalda, y riesgo inminente de perder la infraestructura marina acumulada.
En el mismo camino están la mayoría de las empresas que le jugaban al volado con moneda de doble cara, con énfasis en la Constructora y Perforadora Latina. En la lista están no solo arrendadoras de plataformas, sino perforadoras, así Perforadora México, Perforadora Central, Nabous Perforaciones…
Algunas ya desaparecieron.
Si hace un año la empresa Prosafe le arrendaba seis plataformas marinas a Pemex, operadas por la firma mexicana Cotemar, hace unos días se llevó las dos que quedaban operando.
En el camino Pemex litigó contra una resolución judicial que obligaba a revertir seis contratos a Oceanografía, alguna vez su principal arrendadora de barcos, por 6 mil 263 millones 467 mil pesos.
Aunque el argumento que le permitió un amparo hablaba de que los contratos se habían desfasado, la razón de fondo es la falta de recursos.
Esta se esgrimió el año pasado para una primera reducción en las tarifas pactadas para renta de plataformas y de perforadoras, en un margen que osciló entre tres y 15%, aunque en algunos casos llegó a 40.
A Oro Negro, por ejemplo, se le bajó de 110 mil a 90 mil dólares diarios el pago; a la Constructora y Perforadora Latina de 159 mil a 128. Al grupo R, la principal contratista en materia de plataformas, se le redujo en conjunto de 520 a 480 mil.
Y está en negociaciones el segundo acto, cuyo marco es el clásico: Lo-tomas-o-lo-dejas.
El problema es que los equipos se compraron con base en colocaciones de bonos de deuda cuyos abonos en algunos casos no se pueden cubrir con las nuevas tarifas. El default, pues, está latente.
Y el problema, más allá, es que la empresa productiva de Estado le debe aún a sus grandes contratistas 51 mil millones de pesos.
Las facturas se expidieron hace ocho meses. El fiasco de la temporada: del boom al bang.
Balance general. Colocada en el centro del debate la limpieza de las gasolinas que ofrece Petróleos Mexicanos ante la sospecha de que buena parte de las importaciones no salen sólo de la refinería de Deer Park ubicada en Texas, de la que es socio la exparaestatal, va a estar en chino conocer la verdad. Hete aquí que las compras de combustible del exterior las realiza la empresa PMI Comercio Internacional, cuya composición como entidad privada impide que le alcance la fiscalización.
Ni la Secretaría de la Función Pública ni la Auditoría Superior de la Federación, vamos ni el Instituto para la Información Publica y Protección de Datos tienen jurisdicción.
La posibilidad estaría ligada a un contubernio con otras refinerías estadounidenses, dadas las rígidas normas de ese país para garantizar la calidad de los combustibles.
Como usted sabe, la mitad de las gasolinas que se generan en México provienen del exterior.
La versión que corre en las redes sociales habla de gasolina china, con la novedad de que el país de la muralla no es autosuficiente. La fantasía plantea que los envíos no tienen costo de transporte marino, por cortesía del gobierno de la nación oriental, a contrapelo de los desencuentros de sus empresas con el gobierno mexicano.
Se rematan propiedades. Colocado el jaque en posición de mate frente al enriquecimiento inexplicable del ex gobernador panista de Sonora, Guillermo Padres Elías, su parentela está intentando rematar propiedades.
Refugiados en Arizona, Estados Unidos, el cuñado del ex funcionario, Roberto Dagnino Acuña y su extesorero, Mario Cuen Aranda, han dejado poderes para permitir la extinción de dominio antes de que los bienes sean confiscados.
Todas las propiedades en venta se adquirieron durante la administración de Padrés.
El peligro, naturalmente, es que se repita el caso del ex dirigente panista Juan Valencia, que adquirió un terreno propiedad del excandidato a gobernador Javier Gándara, cuya legalidad se dirime en los tribunales.
Hasta el momento el nuevo gobierno en la entidad ha inhabilitado a 19 funcionarios de Padrés, a quienes se les han impuesto multas por 6 mil 200 millones de pesos.
Más deuda de CFE. El año pasado la deuda de la Comisión Federal de Electricidad alcanzó 432 mil 467 millones de pesos, lo que implicó un salto de 18%.
El monto engloba desde remanentes de los llamados Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto (Pidiregas), que en el papel permitirían aumentar la infraestructura con financiamiento privado, cuyos abonos se pagarían con la operación, hasta las facturas de productores independientes que le venden energía a la empresa.
Naturalmente, se incluyen los préstamos bancarios y las colocaciones de bonos.
El 56% del débito se pactó en dólares.
Ahora que a la par del fardo la CFE arrastra un pasivo laboral que alcanza 630 mil 321 millones de pesos.
Se salvan tres. Implicados 33 mexicanos en el escándalo de los Papeles de Panamá, es decir personas físicas o morales que levantaron empresas en paraísos fiscales con ayuda del despacho Mossack Fonseca, de acuerdo al Servicio de Administración Tributaria (SAT), de ellos solo tres estarían limpios.
Ofrecida una investigación al estallido de la bomba, el organismo encontró diversas irregularidades fiscales en 30, aunque sólo 16 se podrían ubicar en el renglón de evasores.
Su deuda tributaria ascendería a 179 millones. Lo curioso del caso es que el problema no se ubica en la constitución de empresas offshore. Digamos que la mención sólo provocó el alerta.
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