Se trató, pues, de una decisión política en el marco de la promesa de revivir la industria en aras de tecnificar el campo, en un escenario en que el 60% del producto es importado.
Sin embargo, pese a las pérdidas registradas durante los primeros meses de operación de las plantas bajo el cobijo de la empresa productiva de Estado, se habla también de una buena decisión económica, es decir había negocio.
En el caso de Agronitrogenados, empresa filial de Altos Hornos de México, la posibilidad habla de transformar el gas natural producido por la explotación de pozos petroleros en urea, lo que produciría un porcentaje sustantivo de valor agregado.
La compra implicó la firma de un contrato de suministro de largo plazo, lo que permitió reactivar la producción del Complejo Petroquímico de Pajaritos.
La producción de urea a nivel internacional está saturada. Hacia principios del año había una sobreoferta de 14 millones de toneladas, producidas en China, Argelia, Estados Unidos y Nigeria.
El caso es que la exposición de motivos de Pemex hablaba de aprovechar las instalaciones de la firma para otras actividades, por ejemplo al almacenamiento de hidrocarburos, dada su ubicación estratégica.
La factura por la empresa productora de fertilizantes nitrogenados fue de 475 millones de dólares.
Concluida la operación se planteó la exigencia de reintegrar la cadena, es decir revivir lo que había sido Fertimex, cuya privatización se ordenó en el sexenio salinista, integrando a la causa de Pemex al otro complejo derivado de ésta, es decir Fertinal, cuya producción se orienta a fertilizantes fosfatados.
Uno de sus principales socios, Fabio Covarrubias Piffer, se había acercado a la exparaestatal en 2013 para ofrecerla en el escándalo de mil 500 millones de dólares… por más que había una firma petrolera árabe que ofrecía más del doble. La posibilidad se analizó durante dos años.
Finalmente se pactó un precio de 255 millones de dólares, considerando la colosal deuda que arrastraba la firma con sede central en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y ramificaciones en Baja California sur, con una mina de fosfato.
El argumento hablaba de incrementar la producción de fertilizantes en 1.2 millones de toneladas.
El financiamiento llegó vía un préstamo sindicado de Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior, bajó un esquema que en el papel resultaba ventajoso para Pemex.
Asumida la deuda por la empresa productiva de Estado, se achicaban los abonos anuales de 55 millones de dólares, al integrarse la tasa de Pemex.
El argumento, además, hablaba de reactivar la producción de amoniaco del complejo petroquímico de Cosoleacaque, Veracruz, que había caído al tercer trimestre del año pasado en 32% respecto al mismo lapso de 2014.
Estallada o agravada la sequía financiera de Pemex, las críticas a la compra de los complejos se incrementaron. La empresa arriesgó 730 millones de dólares en la peor crisis de caja de su historia.
La cascada se volvió alud tras la aparición de números rojos en la operación de la división de fertilizantes de la empresa.
El caso es que el escenario remite a un Fuenteovejuna, dado que el sí cruzó por diferentes tamices, desde Comités hasta el Consejo de Administración, pasando por los evaluadores de riesgo de los bancos de desarrollo. Ahora que el mandato estaba en el Pacto por México.
Balance general. Despertada la suspicacia por la tardanza de seis meses de la empresa en detectar lo que ubica como simple error contable, se está urgiendo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a abrir un procedimiento de investigación a la cadena mercantil Famsa.
La firma alega que hubo una falla en la clasificación de sus créditos de 2015, que la obligó a crear una reserva contingente por pasivos incobrables de dos mil 200 millones de dólares.
Naturalmente, sus estados financieros ya no empatan con los anteriores, lo que provocó el desconcierto de los inversionistas que le apuestan a su acción.
Está bajó de golpe 19.04% su cotización.
Las ganancias que al último trimestre del año pasado apuntaban a mil 778 millones de pesos antes de impuestos y demás, bajaron a mil 670.
El caso es que para los expertos parece inverosímil que se haya soslayado un fardo de tal proporción.
La firma, por lo pronto, tiene 18 meses para intentar la cobranza, pasados los cuales se harían efectivas las garantías otorgadas.
Solo burbuja. La recuperación del precio internacional del petrolero, cuyo nivel ha oscilado entre 35 y 40 dólares, abrió una rendija de esperanza para quienes esperaban el fin de la pesadilla.
Sin embargo, las circunstancias están dadas para equilibrar de inmediato la oferta con la demanda.
En Estados Unidos cualquier señal positiva activa la producción en un marco en que las reservas se multiplicaron bajo el nuevo método de extracción paralela.
En los países árabes el costo de producción por barril de crudo es de cuatro dólares, por lo que cualquier incremento hace más rentable darle otra vuelta a la llave.
En México el nivel es de 22 dólares.
Ahora que, si Pemex se lanzara a incrementar su oferta, el proceso le llevaría 180 días… frente a los nueve de multinacionales como Shell.
Sí, pero no. Lanzada la toalla por el juez del concurso mercantil de Oceanografía, Felipe Consuelo Soto, al retirar un ordenamiento que exigía a Pemex reactivarle los contratos pendientes, hete aquí que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), impugnó la reversa.
El ejercicio parece estéril a la luz del argumento esgrimido por el togado: la empresa de Amado Yáñez no tiene liquidez. Dicho con todas las letras, aún cuando Pemex la regresara al ruedo, no habría capital de trabajo.
Ahora que tampoco la petrolera está en condición financiera para reabrir los contratos.
El mínimo requerido por Oceanografía para reactivar sus tareas de mantenimiento de plataformas es de 70 millones de pesos, que ninguno de sus acreedores en vías de reestructura está dispuesto a arriesgar
Se diluye AHMSA. En opción de liquidez para cubrir sus deudas en larga mora, tras casi 20 años en suspensión de pagos, Altos Hornos de México prepara una emisión secundaria de acciones.
El paquete es de 123.8 millones de papeles.
La cotización de éstos se suspendió desde mayo de 1999.
La firma se comprometió a cubrir deudas por 16 mil 231 millones de pesos en varios tramos, con exigencia inmediata de pago en efectivo de 8 mil 263.
El resto se cubrirá con acciones lo que diluirá a un 15% la participación en el capital de Alonso Ancira.
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