El huracán “demuestra que los paraísos fiscales siguen siendo una realidad a la que ni gobiernos ni instituciones internacionales han querido mirar de frente. Si siguen existiendo y llevándose millones y millones es por la falta de voluntad política nacional e internacional”.
El entrecomillado corresponde a la reacción a bote-pronto de la organización no gubernamental Oxfam México, que deriva de un movimiento global insertado en 94 países, “para construir un futuro libre de la injusticia; y pobreza”.
Y dice más: “Esta nueva filtración nos permite hacernos una idea de cómo funcionan estas turbias prácticas, pero el verdadero escándalo es que muchos de los casos sacados a la luz no son ilegales, sino que se aprovechan de legislaciones débiles e insuficientes”.
Colocada, pues, al fragor del griterío la lupa del Servicio de Administración Tributaria sobre los nombres de los mexicanos “balconeados” por el Consorcio Internacional de Investigación, cuyo trabajo se volcó en 100 diarios, agencias de noticias y sitios de internet, la pesquisa, para desilusión del respetable, podría desembocar en otro 0-0.
“Mientras una minoría privilegiada —agrega Oxfam—, se aprovecha de las lagunas del sistema fiscal internacional, se recorta en educación o salud de calidad. En México 48% de las escuelas públicas carecen de acceso a drenaje: 31 carecen de agua potable, y 12.8 no cuentan con baños o sanitarios”.
Aunque México ha celebrado convenios internacionales para combatir la posibilidad de empresas offshore, éstos no han llegado aún a la mayoría de los llamados “paraísos fiscales”. Así las Bahamas; así las islas del Grand Cayman; así el de Andorra; así el de la isla de Man…
De los 73 existentes, la Secretaría de Hacienda identificó 33, en cuyo horizonte se lanzó la versión mexicana de lo que se conoce como BEEPS (Base Erosion and Profit Shifting, traducido como base gravable para la monetización de beneficios).
El esquema fue sugerido por el Organismo para la Cooperación y Desarrollo (OCDE), durante el sexenio zedillista.
La relevancia del escándalo en México apuntó al socio mayoritario del Grupo Higa, Juan Armando Hinojosa, cuya empresa la ubica la investigación como favorita del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. La firma que había perdido, al anularse la licitación, la posibilidad de participar en un consorcio para construir y operar el ferrocarril rápido México-Querétaro, tras haberse desatado el escándalo de la Casa Blanca y la de Malinalco, habría colocado a resguardo 100 millones de dólares.
La operación se habría iniciado en julio del año pasado, movilizando lo que el empresario calificó como “parte de sus ahorros”.
De acuerdo a estudios realizados por despachos contables como Mckinsey, en los paraísos fiscales se refugían más de 30 billones de dólares.
Hace unas semanas el SAT, vía su presidente, Aristóteles Núñez, hablaba de que algunas empresas multinacionales establecidas en el país realizan “planeaciones fiscales agresivas”, lo que implicaría que pagan mucho menos de lo que marca la ley.
En el marco se inicio la publicación de las llamadas “listas negras” de contribuyentes.
Del otro lado de la moneda, el propio SAT revivió la posibilidad del timbre fiscal, un esquema que le permite a los que sacaron dólares del país repatriarlos, conservando el anonimato.
Papeles de Panamá: Dedo en la llaga.
Balance general. Una resolución de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que revierte una sentencia de divorcio dictada por el juez de Texas Roger L. Moore, en cuyo epicentro está el “rey del gas” de México, Miguel Zaragoza Fuentes, ha desatado un formidable escándalo en el país tico.
Los dardos apuntan a tráfico de influencias. Involucrado en un romance invernal, el empresario de 92 años, dueño del Grupo Zaragoza ubicado en el norte del país con ramificaciones a la mayoría de naciones centroamericanos, había sido emplazado a un juicio de divorcio por su esposa, Evangelina López Guzmán.
La decisión del tribunal texano le confirió a ésta la mitad del imperio gasero.
El caso es que el abogado de Zaragoza en Costa Rica, Luis Gerardo Villanueva Monge, es hermano de la presidenta del máximo Tribunal de Justicia de Costa Rica, Zarela Villanueva Monge, quien, aunque se excusó de conocer del caso, según los medios locales mantuvo su influencia.
Ahora que otra de las abogadas, Anabelle León Feoli, fue magistrada del propio tribunal.
Esta se habría reunido con Zaragoza en los primeros días de enero pasado.
La mujer trabaja en el despacho estadounidense Deloitte.
Para mayor enredo, se dice que su sustituto en el tribunal, William Molinari Vilchez, también trabajó como asesor del empresario mexicano. Este también debió de excusarse ante la presión.
Kia en agenda diplomática. Entre los puntos de la agenda de la presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hyen, quien desde ayer está de visita oficial en el país, está el caso Kia Motors, es decir la armadora automotriz en conflicto en el gobierno de Nuevo León.
La posibilidad habla de que sea el gobierno federal quien aporte recursos para que el gobernador de la entidad, Jaime Rodríguez Calderón, conocido como El Bronco, pueda cumplir los apoyos comprometidos por su antecesor, Rodrigo Medina, a efecto que la firma instalara una planta en el poblado de Pesquería.
El principal argumento que se esgrime para justificar lo que el equipo del “Bronco” califica de abuso, es que la empresa está invirtiendo 2 mil millones de dólares.
Naturalmente, el punto fino habla de que ante un incumplimiento Corea podría replantear sus inversiones en el país.
Complejo maderero. Con una inversión de 131.7 millones de dólares, la empresa Masisa está integrando en Durango el complejo industrial forestal más grande del país.
La firma, con ramificaciones en Chile, Argentina, Brasil y Venezuela, llegó al país en el 2002, instalando una primera planta para tableros recubiertos con melanina. Más tarde adquirió a la empresa Arclean, a la que se sumaría Rexcel, con activos en Zitacuaro, Chihuahua y Lerma. El nuevo complejo produce tableros de madera.
Cambios en Aeromar. El Consejo de Administración de Aeromar en que participan Marcos Katz y su hijo Zvi designó como su presidente a Fernando Flores, quien se desempeñaba como director general.
En su lugar quedó Andrés Fabre, con una amplia trayectoria en el ramo. La línea aérea ha crecido espectacularmente.
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