El escenario es parte de un todo que corona un viejo anhelo: la universalización de la salud en el país en cumplimiento estricto al mandato constitucional.
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 había planteado, justo, el avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal que garantice el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos.
El documento (Acuerdo Nacional hacia la universalización de los servicios de salud) se firmó el 7 de abril pasado por el secretario de Salud, José Narro, y los directores generales del Seguro Social y el ISSSTE, Mikel Arreola y José Reyes Baeza, agregándose posteriormente los de los gobernadores de las entidades federativas y los secretarios de la Defensa Nacional y la Marina.
Entre los compromisos pactados está el alentar la construcción de un modelo de atención homogénea, con una operación integrada y coordinada entre la Secretaria de Salud, las instituciones de seguridad social y los prestadores de servicios de salud de las entidades federativas.
Llama la atención el que el amarre se haya dado a solo mes y medio de la llegada de Narro.
El primer paso será realizar un inventario de la infraestructura existente, incluidos los hospitales para el ejército y la marina, para medir su capacidad.
En el esquema de coordinación se habla de homogeneizar las guías de prácticas clínicas, protocolos de atención, grupos relacionados de diagnóstico, expediente clínico electrónico…
El diagnostico habla de que la segmentación por grupos de población de los servicios de salud es el origen y principal fuente de inequidad, tanto en términos de financiamiento como de acceso a los servicios públicos, “lo cual conlleva a una prestación de servicios de salud diferenciado en cuanto a cobertura y calidad”.
La meta es que la totalidad de los servicios existentes tengan puertas abiertas al margen de la edad, lugar de residencia o condición social o laboral de la población.
El marco habla de un limitado acceso a la medicina social de las regiones de alta marginación y dispersión poblacional, “lo cual es inaceptable en términos de justicia social”.
El documento plantea impulsar la formación y capacitación de especialistas médicos que satisfagan los requerimientos de los servicios de salud y de una evaluación a fondo del presupuesto, en un escenario en que los datos demográficos y epidemiológicos prevén un incremento en la demanda, poniendo en riesgo la sustentabilidad financiera de las instituciones públicas.
La ruta habla de establecimiento de prioridades para la asignación de recursos además de medir el desempeño y la calidad del sistema en su conjunto.
Uno de los 10 compromisos habla de “avanzar en la construcción de una cultura de respeto a los derechos que tienen los usuarios de los servicios de salud, a fin de garantizar el acceso, calidad y oportunidad de la atención médica, así como la protección financiera de los usuarios”.
Otra habla de profundizar en el impulso a la cultura de la prevención.
Uno más de promover la operación, uso y actualización continua del Padrón General de Salud para identificar a personas y relacionar su condición de aseguramiento en tiempo real en cualquier institución de salud.
Ya merito.
Boleto indistinto: IMSS o ISSSTE.
Balance general. Será hasta después de celebrada su asamblea general ordinaria de accionistas, a finales del mes, cuando el grupo ICA plantee, finalmente, su propuesta de reestructura de deuda, en cuyo marco una parte de sus acciones se colocarían en un fideicomiso a favor de un fondo de inversión, presumiblemente Fintech, administrado por David Martínez.
Este, radicado en Monterrey y con ramificaciones en varios países sudamericanos, fue quien avaló la reestructura que le permitió al Grupo Vitro salir del concurso mercantil al que se había acogido voluntariamente.
El inversionista adquirió los bonos de deuda que habían comprado “fondos buitre” en centavos y pretendían su pago en pesos. La operación se repitió parcialmente con los bonos emitidos por el gobierno argentino en poder de especuladores similares.
ICA entró en una peligrosa espiral ante su faltante de liquidez, que le obligó a despedir a casi 10 mil trabajadores y a suspender la ejecución de contratos carreteros y obras de ingeniería civil, con las consiguientes demandas y penalizaciones al calce.
Puertos a la marina. La posibilidad de que la Secretaria de Marina, en relevo de la de Comunicaciones y Transportes, se haga cargo de la operación de los principales puertos mercantes del país ha puesto nerviosos a los exportadores e importadores ante la posibilidad de perder competitividad.
A pretexto del combate al narcotráfico, el presidente Enrique Peña Nieto emitió una iniciativa en marzo pasado que reforma la Ley de Administración Publica, la ley General de Comercio y Marina Mercante y la Ley de Puertos, para dar pauta a la militarización.
La operación se inició en los de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, cuya proa apunta a los países del Extremo Oriente, tras denuncias sobre tráfico de metales y minerales robados, por parte de la delincuencia organizada.
La intención ahora es generalizar la acción, por más que sea irracional pensar que la totalidad de los puertos están contaminados.
El caso es que en los puertos del Pacífico estibar la carga se agotaba en un día y ahora se hace en 10.
La iniciativa se discute en el Senado de la República.
Crece GNP. Quien logró incrementar su participación de mercado del 12.2 al 12.8 es la compañía de seguros GNP, tras alcanzar en el 2015 un crecimiento en primas emitidas de 13% en términos reales, es decir por encima de la inflación.
El nivel supera en 4.2% la medida alcanzada por el sector en su conjunto.
La parte más socorrida fue la rama de daños, con un espectacular crecimiento de 67.8%, alcanzándose en la de automóviles un salto de 23.5%.
Las pólizas para gastos médicos mayores tuvieron un incremento de 11%.
Revés a Alfa. Rechazada una oferta del Grupo Alfa para reestructurar la colosal deuda de la empresa petrolera colombiana Pacific Rubiales, la acción, bajo otros jugadores, le provocará un nuevo dolor de cabeza al conglomerado con sede en Monterrey.
Quien asumió la acción fue el fondo de inversiones Catalyat Capital Group.
La participación mexicana de 19% se diluirá presumiblemente a la mitad.
En el ruido de la reforma energética Alfa le apostó a posicionarse con la firma en la competencia, con el problema de que las acciones bajaran de precio después de la compra.
Más tarde el emporio le apostó a tener el control, vía, justo, la asunción de deuda, lo que topó con el no de accionistas minoritarios.
El débito es de 5 mil millones de dólares.
albertobarrancochavarria0@gmail.com
