La empresa hemisférica del magnate Carlos Slim acaba de plantear una reclamación de arbitraje en el marco del capítulo de protección de inversiones del Tratado de Libre Comercio México-Colombia.
La acción la procedió a su vez una solicitud similar, ésta ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, planteada por el propio gobierno de la nación.
La raíz del diferendo se ubica en una operación realizada hace 22 años que le permitió al capital extranjero adquirir las empresas de comunicación celular conocidas como Comcel, Occel y Celcaribe, que hace cuatro años se transformarían en Claro y Bellsouth, la primera del empresario mexicano y la segunda de la Telefónica Española, transformándose posteriormente en Movistar.
De acuerdo con el gobierno colombiano, las firmas locales habían pactado previamente devolver al vencimiento de sus concesiones, en el 2004, una parte del espectro y los activos con que operaban.
En el caso de Comcel, el compromiso hablaba de 26 megahercios de la banda de 870 y 18 de la de 1900.
En la antesala el Congreso Colombiano había planteado una iniciativa para que con el espectro, torres, antenas y cableado que llegaría al Estado se creara una empresa para atención del gran público.
La compañía sería de capital estatal.
El problema es que en el camino se plantearon diversas leyes que complicaron el asunto. Si en 1994 una de ellas prevenía que al término de las concesiones podría haber reversión de activos, en 1998 se planteó otra que hablaba sólo de “activos intangibles”.
En ambos casos se fijaba en 10 años el termino de las concesiones.
Naturalmente, la disparidad obligó a la intervención de la Corte Suprema de Justicia en Colombia.
En el rejuego, el Ministerio de Tecnología de Información y las Comunicaciones de Colombia expidió una reglamentación en la que especificaba que la renovación del espectro no podía ser automática ni gratuita, sujetándola al cumplimiento de parámetros de calidad, eficiencia y cobertura.
El caso es que renovadas las concesiones integras que tenían las firmas colombianas en el 2004, una década después habría una segunda renovación, cobrándose a América Móvil y Movistar el equivalente al 2.2 de sus ingresos brutos.
La acción, empero, levantó sospechas. De hecho la Contraloría General de la República abrió un expediente al que fuera responsable de la renovación, Diego Molina, al considerar que ésta estuvo plena de irregularidades.
Se acusa al ex funcionario concretamente de no respetar las clausulas de reversión ni atender las leyes contra monopolios.
De ahí, pues, la solicitud de arbitraje, en cuyo marco se juega la posibilidad de devolución de una parte sustancial del espectro… con posibilidad de arrendarla o revenderla a las firmas mexicana y española.
En la solicitud a su vez de América Móvil, quien tiene el 99.4% de Claro, firma que opera en triple play, es decir telefonía, video y datos, y el 99.3% de Telmex Colombia, se habla de violaciones al derecho internacional.
Después de México y Brasil, Colombia representa el mercado más importante para América Móvil en el hemisferio americano.
Jaque al magnate.
Balance general. Desbocado, en febrero del año pasado el escándalo conocido como Swiss Leaks que desnudaba la existencia de cuentas de mexicanos en bancos suizos por un total de 2.2 mil millones de dólares, el Servicio de Administración Tributaria aclaró de inmediato que la acción no constituía por sí misma un delito.
Sin embargo, se investigaría si hay empate entre los ingresos reportados al fisco por los involucrados y el monto de los depósitos. Sólo que el ejercicio se llevaría dos años.
Hasta el año próximo, pues sabremos si se trató de exceso de precaución de los depositantes; falta de confianza en los bancos establecidos en México… o cortina de humo frente a dinero difícil de comprobar legalmente.
Suiza mantiene un nivel estricto de secrecía en relación a las cuentas, lo que le permite cobrar cuotas elevadísimas por el servicio.
Abrirlas implica un farragoso procedimiento en que el país ofendido debe demostrar la procedencia ilícita del recurso.
El escenario se repite a la letra ahora en el caso de los Papeles de Panamá, aunque esta vez no se habla de plazo determinado.
Habrá, pues, que esperar sentados a que se abra el ostión de cara a los 33 investigados.
Tiempo fuera. Aunque el énfasis apunta a la de análisis clínicos, donde están en juego contratos por 10 mil 500 millones de pesos, no es ésta la única licitación cuya resolución final pospuso el Instituto Mexicano del Seguro Social.
El paréntesis apunta también a otra para proporcionar servicios de laboratorio y de mínima invasión en operaciones quirúrgicas.
La suspensión de ambas se planteó por vía electrónica con cinco minutos de diferencia.
En el primer caso, decidida la cancelación del concurso, el Instituto está dando tiempo para solidificar ésta con una opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica avalando que existen visos de colusión entre algunos de los participantes para repartirse los contratos.
El sospechosísimo lo provocó la subida a las redes sociales de audios de conversaciones telefónicas provenientes de la empresa Falcón.
En el segundo caso se han detectado modificaciones sobre la marcha a las bases de licitación que alteran las reglas, aparentemente por presión de los participantes.
Gasolina importada. Será esta semana, concretamente el martes, cuando la Comisión Nacional de Hidrocarburos entregue los primeros permisos a particulares para importar gasolinas.
Se calcula que hubo media docena de solicitudes.
Hasta hoy son 10 las firmas extranjeras que han manifestado interés en instalar estaciones de servicio o gasolineras. La primera en dar la cara fue Gulf, colocándose en la fila Shell, Texaco…
La posibilidad, prevista para el 2017 se adelantó ocho meses.
El costo al público, pese a que en Estados Unidos el combustible cuesta 40% menos, será prácticamente el mismo al que se ofrece hoy, considerando la carga impositiva que impone la Secretaria de Hacienda.
Linea a Corea. En el marco de la visita al país de la presidenta de Corea del Sur, el organismo NYCE y el Korea Medical Devices Industry firmaron un memorándum de entendimiento para la certificación, de acuerdo con las normas mexicanas, de los productos que pudieran exportar firmas del país oriental en el ramo médico.
Como usted sabe, la intención es firmar un Acuerdo de Libre Comercio.
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