La posposición, cuya nueva fecha sería el 7 de abril, apunta a darle tiempo a la Comisión Federal de Competencia Económica para emitir una opinión sobre una supuesta práctica monopólica absoluta.
Las evidencias apuntan a una colusión de los participantes para repartirse 18 contratos cuyo monto global alcanza 10 mil 500 millones de pesos.
La reposición del concurso contará con la sanción del Organismo para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), cuya modalidad se inició en México de cara a la construcción del nuevo aeropuerto en la zona de Texcoco.
La rendija al sospechosismo la abrió la colocación en el sitio de internet YouTube de una serie de grabaciones de conversaciones telefónicas con origen en la empresa Equipos e Instrumentos Falcón, una de las participantes en la licitación, en la que se involucra a cuatro proveedores más poniéndose de acuerdo para prorratearse los contratos en las zonas geográficas cuadriculadas por el Instituto.
Revisados los audios por funcionarios del Seguro Social, se reconoció que la voz de origen de las conversaciones es de un funcionario de Falcón, llamado Alejandro Bolín.
En los audios se menciona a otro de los participantes de razón social Dicipa.
A la final del concurso habían llegado, además de las firmas señaladas, Selecciones Medicas del Centro, Hemoser, Impromed y Centrum Promotora Internacional, entre otras.
Falcón fue la única que presentó ofertas para las 18 zonas, en tanto Hemoser lo hizo en 12.
Colocada, pues, en tela de juicio la posibilidad de competencia abierta, el Instituto planteó una denuncia de hechos ante la Comisión Federal de Competencia Económica, además de darle vista al órgano de control interno.
De reconocer la Cofece la supuesta práctica monopólica absoluta, por más que aún en caso contrario se anularía la licitación, se ubicaría un infierno para las involucradas.
La posibilidad, de acuerdo a la reforma última a la Ley Federal de Competencia Económica, apunta a la imposición de una multa equivalente al monto del daño que le habrían provocado al órgano convocante.
El paralelo, desde el plano administrativo la Secretaría de la Función Publica podría suspender como proveedores del sector salud y aún multar a las empresas coludidas. Al margen de ello, la legislación le abre la puerta a la presentación de denuncia penales.
En el marco del proceso, a la usanza de los Estados Unidos, se abre una rendija para que alguno o algunos de los presuntos se convierta en una suerte de testigo protegido, denunciando las telas y entretelas de los acuerdos pactados.
El alud, pues, es aparatoso.
En la empresa Instrumentos y Equipos Falcón, eje, epicentro de la tormenta, laboran algunos exfuncionarios del IMSS.
Guillotina al cártel.
Balance general. La omisión, negligencia, abulia o mala suerte del director general del Instituto para el Depósito de Valores (Indeval) y de la Cámara de Compensación conocida como Asigna, Roberto González Barrera —sin parentesco con el desaparecido presidente de Banorte y el Grupo Maseca— allanó el camino para un quebranto millonario a la Bolsa Mexicana de Valores.
La cuenta alcanzaría 500 millones de pesos.
Hete aquí que a partir de hoy por disposición del Banco de México se establece la obligación a los bancos de colocar sus operaciones de derivados en una cámara de compensación con la novedad de que sólo hay una autorizada: Chicago Mercantil Exchange.
Asigna no cumplió en tiempo y forma los requisitos para obtener su registro en la nueva etapa.
El problema es que sacada de la jugada la cámara de compensación del organismo bursátil, no habría forma de cubrir los abonos de un crédito de mil millones de pesos solicitado por la Bolsa, la mitad del cual le correspondía.
La paradoja del caso es que la cabeza del Chicago Mercantil Exchange es Jorge Alegría, quien hasta hace unos meses era, justo, el director general de Mexder.
Este fue cesado por el director general de la instancia, José Oriol Bosh.
El tiro, pues, salió por la culata.
IEnova al contraataque. Quien deshoja la margarita sobre una impugnación legal a la Comisión Federal de Electricidad por rechazar una oferta planteada en una licitación internacional es la firma IEnova.
La empresa encabezada por Carlos Ruiz Sacristán fue descalificada para obtener un contrato para construir y operar un gaseoducto en un tramo que nace en Villa de Reyes y alcanza Aguascalientes y Guadalajara.
Aprobada la propuesta técnica presentada por una de sus filiales, la económica se anuló según ello por no cumplir los requisitos previstos en las bases de la licitación.
De acuerdo a la inconforme, la primera decisión no concuerda con la segunda.
Playnow de la discordia. En los próximos días el décimo séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito dictará su resolución en torno a un largo litigio cuya manzana de la discordia es la marca Playnow.
La demanda la presentó la multinacional Sony, ante la negativa de las autoridades en materia de protección industrial de permitirle el uso de ésta en el país.
La marca está registrada desde hace 16 años por la familia Somohano Silva. El registro tiene el número 659369.
El caso es que Sony, quien es dueña de la propia marca en Estados Unidos y en más de 150 países, utiliza la palabra Playnow como referencia a la aplicación de descarga para uso de juegos de video y contenidos digitales en los teléfonos que vendió en el país del 2004 al 2014… justo el mismo objetivo de los Somohano al solicitar el registro.
El argumento del reclamo plantea que la Ley de Protección Industrial del país es anticonstitucional y contraria a tratados internacionales en la materia firmados por México. El asunto podría rebotar hasta la Suprema Corte.
ICA no, pero sí. A contrapelo del escenario ruinoso que plantean los estados financieros del grupo ICA del año pasado, ofrecidos a la luz pública el miércoles, los inversionistas incrementaron su interés en la acción, al punto de elevar su cotización en un primer minuto, aunque al final del día se registró una baja mínima de 0.23%.
La caída podría hacerse más pronunciada en proporción directa a la tardanza de la constructora para consolidar un esquema de reestructura de su colosal deuda. Esta llega a 67 mil 600 millones de pesos.
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