El movimiento sindical mantiene bloqueados los accesos de la empresa que surgió a la compra de lo que alguna vez fue la Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, privatizada por el grupo Villacero. Tres mil 500 trabajadores en la movilización.
Y aunque éstos colocaron las banderas de huelga, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se negó a darle tal status, al considerar el caso como un simple paro, el jaloneo podría provocar canatos de violencia.
El Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares aduce como exposición de motivos que la firma de capital inglés-hindú se ha negado a ubicar una solución frente al paro técnico iniciado en junio del año pasado.
Ante la competencia inalcanzable de China, cuya sobreproducción de 800 mil toneladas de acero se vende a precios de ganga con apoyo de subsidios oficiales, Arcelor Mittal cerró indefinidamente las operaciones de su mina Las Truchas, colocando en el limbo a dos mil 500 trabajadores.
La empresa aducía que el paro técnico había sido consensuado con los trabajadores, en el interés general de conservar la planta laboral.
Esta alcanza a ocho mil 500 bajo contrato directo, y 35 mil en el escenario aleatorio.
El argumento lo compró la Secretaría del Trabajo, no obstante sancionó una serie de pláticas entre la empresa y la sección 271 del sindicato minero, para buscar una salida justa.
Las pláticas se rompieron abruptamente.
Aunque en agosto pasado, dos meses después del paro técnico, la Secretaría de Economía colocó con carácter temporal un arancel o impuesto de importación de 15 por ciento a algunos de los productos fabricados con acero, para la principal productora de planchón del país la medida fue insuficiente.
Si en aquel entonces los precios de las firmas en jaque por el embate chino habían descendido 40 por ciento en intento de mantenerse en competencia, en noviembre la caída llegaba al 60.
El escenario lo había complicado la llegada de acero de Rusia y Brasil, cuya ventaja competitiva la planteaban las frecuentes devaluaciones de su moneda.
Sin embargo, el sindicato insiste en que aún así la empresa sigue obteniendo ganancias.
Aunque la matriz de la firma con operaciones en 60 países se ubica como la principal siderúrgica del planeta, en la lista de las 10 hegemónicas aparecen ocho chinas.
El problema es que trabajando a media máquina la productora de fertilizantes Fertinal y cerradas las plantas productoras de piezas sofisticadas de acero, Arcelor Mittal representa la base de la economía del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
La firma había mantenido cierta paz laboral con la promoción de actividades deportivas, culturales y educativas en la comunidad.
Orientada la producción de la compañía a la industria de la construcción, infraestructura, energética y manufactura, la paralización de su capacidad enciende con más brillo los focos rojos.
Descalificada la huelga, el paro podría alentar a la empresa a acelerar despidos de trabajadores por inasistencias laborales, lo que agravaría el conflicto. Los legítimos derechos obreros frente a la búsqueda de rutas de sobrevivencia de la multinacional.
Balance general. Congelada varios meses en el Senado tras su aprobación por la Cámara de Diputados, la iniciativa de Ley que crea Zonas Económicas Especiales en el país, la promesa es darle luz verde en el actual periodo de sesiones. La intención, como usted sabe, es revitalizar territorios del país con largo atraso, en cuyo marco el gobierno abre un espacio conjunto de ocho mil hectáreas para desarrollar proyectos de transformación de productos para darles mayor valor agregado.
Las zonas se ubicarían en los puertos Chiapas y Lázaro Cárdenas y el corredor del Istmo de Tehuantepec, cuyos polos se abren a los Océanos Pacifico y Atlántico. El marco plantea un régimen aduanero especial; la posibilidad de convenios de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, abriéndose un abanico de incentivos para quienes decidan sembrar inversiones.
La Ley Federal de Zonas Económicas Especiales se aprobó el 14 de diciembre pasado por la Cámara Baja con 300 votos a favor, uno en contra y 54 abstenciones.
Freno de Pemex. Colocado bajo lupa el gasto de Petróleos Mexicanos de cara a su precaria situación financiera, su director general, José Antonio González Anaya, está cancelando un contrato con varias empresas para la compra de 51 mil equipos de cómputo, esgrimiendo como exposición de motivos que la consigna actual es optar por el arrendamiento.
El contrato lo habían peleado las empresas GNR Apoyo Estratégico, Integradora de Tecnología, Comercializadora Teknodigital, Soluciones Tecnológicas Especializadas y LSI Associats.
La historia se remite a julio de 2013.
Inconformes con el manotazo, los ganadores del contrato alegan que en la fase previa la Dirección Corporativa de Operación habia solicitado un análisis a la consultora AT Kearny del que se desprendió que la posibilidad más benéfica para Pemex era comprar los equipos.
El contrato contempla, entre otras cosas, la migración de la información a las maquinas al reemplazo; una garantía de tres años contra defectos de fabricación y cualquier falla en el hardware con atención especializada las 24 horas del día, además de un software antirrobo, localización y borrado de datos remoto.
En contrato podría extenderse de 705 a mil 298 millones, vía ocho partidas.
El ruido está creciendo.
Otro pendiente. Además del nombramiento del nuevo Secretario General del Consejo Técnico, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Mikel Arriola, enfrenta la urgencia de revitalizar a la Fundación IMSS, constituida con capital privado para tareas de apoyo, con énfasis en la investigación.
Esta la preside el exsecretario de Salud, Jesús Kumate, quien enfrenta serios problemas de salud.
El presidente del Consejo de Administración es el director general del Banco Azteca, Alejandro Valenzuela.
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