Cerrada la negociación entre las partes en noviembre del 2014, el escenario abrió un frente opositor en cuyos ejes la empresa Interjet abandonó la Cámara Nacional del Transporte Aéreo, en un marco de protestas de los sindicatos de aviación.
La parte más álgida de la oposición la representaba la Cámara Nacional de Transporte de Carga, ante la posibilidad de que se permitieran operaciones de cabotaje en el país, es decir entregar pedidos del extranjero de una ciudad a otra del interior de la república.
En el marco, aunque algunos abandonaron las trincheras, el director de Negociación sobre Aviación del Departamento de Estado, Sthephen A. Cristina, le envió una carta al director general Adjunto de Transporte y Control Aeronáutico, Alejandro Zendejas Vázquez, en afán de precisar puntos oscuros. La misiva, fechada el 13 de noviembre de 2015, dejó, sin embargo, más dudas que certezas.
De entrada, se señala que el párrafo ocho del articulo ocho, convertido en manzana de la discordia, es decir el permitirse a las aerolíneas y proveedores indirectos de transporte de carga de ambas partes emplear “sin restricciones” para la conexión del transporte aéreo internacional, “cualquier transporte de superficie para la carga”, se negoció “evidentemente” con las partes involucradas presentes.
El caso es que la delegación mexicana estuvo conformada solo por el sector aéreo, es decir no se involucró al afectado, el transporte de carga terrestre.
Más allá, el funcionario estadounidense plantea que se permitirá “sin restricción” a las líneas aéreas internacionales cualquier transporte de carga de superficie hacia o desde cualquier punto del territorio en las partes a terceros países, lo que implicaría que las empresas pudieran utilizar su propio medio de traslado final.
De hecho, con todas las letras, se abre la posibilidad de desplazar a las empresas de transportes nacionales o en su caso a las de mensajería, a contrapelo de los muchos años que lleva sin concretarse al 100 por ciento la apertura al transporte terrestre de carga negociada en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
En el caso de las firmas de mensajería, aceptada la apertura al capital extranjero, en Estados Unidos no existe la reciprocidad.
Levantada una espesa polvareda, el Senado convocó a una comparecencia a la subsecretaria de Comunicaciones y Transportes, Yuriria Mascott Pérez, quien precisó que el transporte de carga extranjera de un punto a otro se realizaría solo por empresas que tengan permisos por las leyes de cada país.
De acuerdo a ello, una línea internacional que llevara carga a la ciudad de México deberá contratar a otra que lleve ésta a su destino al interior, y de ahí un transporte que la coloque en el domicilio. Sin embargo, queda la duda de si se va a darle interpretación de carga nacional a la internacional al momento de su desahogo aduanero.
En el caso de Interjet, la molestia partía del hecho de que el documento le abre la posibilidad de alianzas a empresas estadounidenses con mexicanas colocándose en puerta la posibilidad de Delta-Aeroméxico.
Sin embargo, se precisó que el punto final lo daría en tal caso la Comisión Federal de Competencia Económica, quien hasta hoy no ha emitido una resolución general sobre el asunto. Como quiera, el aval al convenio levantará aún una espesa polvareda en la posibilidad de que se autoricen, en el río revuelto, empresas aéreas con vía hacia servicios intermodales de transporte.
La discusión será épica.
Balance general. La exigencia por parte del Servicio de Administración Tributaria de que las empresas nacionales con operaciones en el exterior transparenten sus operaciones está provocando una oleada de amparos.
La disposición obliga a un acucioso despliegue de datos que plantea desde la razón social de filiales en el extranjero y sus contrapartes; el monto de facturación; las declaraciones de impuestos en los países desplegados…
Entre las firmas que están solicitando la protección de la ley está la franquicia Alsea, con operaciones en Argentina y Brasil; la cadena de autoservicio Chedraui, con sucursales en tres Estados de la Unión Americana; la petroquímica Mexichem, con operaciones en España, y la Telefónica México, filial de la española, con presencia en América del Sur.
En el listado están también Aeroméxico; Cinepolis, convertida en la mayor multinacional de América Latina en su ramo, y el Grupo México con minas de cobre en Perú.
Quiebran a Arcelor. Contra todos los pronósticos, finalmente la filial en México de la principal siderúrgica del planeta, Arcelor Mittal, cedió a las exigencia del sindicato minero, lo que permitirá reanudar su producción esta mañana.
En los días de paro la firma había dejado de producir 40 mil toneladas de acero, fundamentalmente planchón.
El acuerdo, firmado en la Secretaría del Trabajo, incluye el pago al 100 por ciento de salarios caídos a tres mil 500 trabajadores; la reubicación de 200 que habían sido despedidos en noviembre, además de acelerar la jubilación de otros 81. Estos recibirán, por lo pronto, un bono de 100 mil pesos.
Más allá, la empresa levanta de la mesa una solicitud de conflicto colectivo de naturaleza económica que involucraba la operación de una de sus minas, es decir la posibilidad prevista en la Ley Federal del Trabajo de reclamar la modificación de un contrato colectivo al considerar que resulta ruinoso para la parte patronal. La compañía ha resentido una presión interna por la llegada de miles de toneladas de productos chinos, rusos y brasileños de acero a precio inalcanzable.
Otra para Oceanografía. En el insólito de la temporada, el juez del concurso mercantil de Oceanografía, Felipe Consuelo Soto, se negó a integrar a la masa crítica de la contratista de Pemex un crédito fiscal que le había fincado el Servicio de Administración Tributaria.
El monto es de 18 mil millones de pesos.
De quebrar la empresa de Amado Yáñez, pues, el SAT no tendría derecho a ubicar de lo perdido lo que aparezca en el remate de bienes. Anteriormente, el togado había hecho lo mismo en el caso de la deuda reclamada por Banamex por supuesto fraude para documentar el respaldo a préstamos de factoraje por 400 millones de dólares.
Herdez al rescate. Esta noche, en las instalaciones de su fundación, Herdez presenta un libro que documenta la restauración del propio inmueble, uno de los más emblemáticos del Centro Histórico de la capital, ubicado en la calle de Seminario 18.
La casona de tres pisos requirió un trabajo quirúrgico para devolverle su fisionomía original, en una tarea de varios años que inició el fallecido fundador de la empresa, Enrique Hernández Pons, conocido como “El Duque”. El acto lo preside su hijo, Héctor Hernández-Pons Torres.
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