El primer grito de alerta lo lanzó hace unas semanas el entonces presidente de Canacintra, Rodrigo Alpizar, ubicando en ese momento un retraso de 180 días y un monto de 100 mil millones.
La larga espera, para entonces, había provocado la paralización de actividades de al menos mil 500 empresas micro y pequeñas.
Lo más preocupante del asunto es que la mayor parte del rezago se ubica, justo, en las 12 entidades federativas que están en vía de relevo, por más que todas ellas heredan problemas de sobreendeudamiento.
Si al tomar el gobierno de Veracruz Javier Duarte se contabilizaba un débito de 25 mil 500 millones de pesos, éste alcanzó el año pasado 52 mil 355.
En el caso de Chihuahua, otro Duarte, César, caminó de 12 mil 47 a 41 mil 899. En Zacatecas, Miguel Alonso Reyes saltó de 682 a siete mil 208 millones.
A su vez, Gabino Cue duplicó la deuda de Oaxaca para saltar de cinco mil 360 a 10 mil 688 millones de pesos.
Más deuda… y más morosidad.
En el escenario más patético, se dio el caso de que el gobernador saliente de Nuevo León, Rodrigo Medina, se siguió despachando con la cuchara grande al cinco para las 12 del fin de su mandato.
En la última y nos vamos, hizo efectivos dos préstamos bancarios por un total de mil 144 millones.
Los acreedores fueron Interacciones y Bancomer,
La garantía, cobijada bajo un fideicomiso maestro, alcanzó al 92.8% del Fondo General de Participaciones del Gobierno, es decir los bancos se cobrarán en automático los abonos de rédito y principal con el dinero que la Federación le entregaría en los próximos meses a la entidad.
Y a lo mejor usted pensaría que el gobernador, en un acto de moralidad pública, utilizó el dinero para limpiar las ventanillas de facturas pendientes…
El hecho es que su sucesor, Javier Rodríguez Calderón, El Bronco, con una deuda en la espalda de 61 mil 800 millones, tuvo que pedir auxilio a la Tesorería de la Federación para evitar un mitin de proveedores.
— ¡Se ve, se siente, la mora está presente!
El asunto lo abordó el fin de semana al fragor de la Convención Nacional de la Banca el secretario de Hacienda, Luis Videgaray… para lavarse las manos.
El erario, dijo el funcionario, le ha entregado religiosamente las participaciones federales a los gobiernos estatales.
A mí que me esculquen, pues.
Videgaray habló de una comisión para revisar el asunto en que participan el Consejo Coordinador Empresarial, la Concamin y la Coparmex… por más que recalcó que la responsabilidad es de los gobiernos estatales.
El problema es que la corrosión se trasmina también a los gobiernos municipales, llegando en algunos casos al extremo de robarse el dinero retenido a los trabajadores para cubrir abonos de créditos privados para mejoras en vivienda.
Las sociedades financieras, naturalmente, pactan previamente con el presidente municipal lo que sería una prestación adicional.
De pronto, pues, el trabajador ya cayó en el Buro Nacional de Crédito sin incumplimiento alguno de su parte.
Y háganle como quieran.
Si acumulamos los 147 mil millones que les debe Pemex a proveedores con los 120 mil de las entidades federativas, tenemos un coctel que explica la postración parcial de la economía.
Papá gobierno, el detonador del crecimiento económico, también sabe paralizarlo.
¿A dónde se va el dinero público?
Balance general. Por séptima ocasión en menos de dos meses Petróleos Mexicanos aplazó una audiencia para definir el sí o no a un contrato de suministro de 51 mil computadoras que originalmente lo había otorgado la anterior administración a un grupo de empresas que ofrecía mantenimiento permanente.
La posibilidad la había avalado la firma de consultoría AT Kearny.
La factura alcanzaría mil 298 millones de pesos.
De rechazarse la posibilidad, sería el segundo contrato pactado por la administración de Emilio Lozoya que se derriba.
La semana pasada, como usted sabe, se canceló otro otorgado a las firmas Integra Arrenda de José Antonio Abascal y Ferbel Norte de Fernando Beltrán, para el arrendamiento durante cuatro días de dos mil 252 camionetas por un total de mil 833 millones 657 mil 646 pesos.
El argumento es que había sobreprecio.
La licitación había sido impugnada por la empresa Tecno Alta que encabeza Carlos Bayo, un ex funcionario federal que fue investigado por su actuación al frente del Fondo Nacional contra Desastres Naturales.
La firma acaba de ganar un contrato de arrendamiento de 196 vehículos al Seguro Social, por un total de 79 millones de pesos.
Arcelor en paréntesis. En su segunda semana, el paro en la firma siderúrgica Arcelor Mittal de Lázaro Cárdenas, Michoacán, parecería apuntar para largo, pese a una fuerte presencia policiaca en las inmediaciones de la planta.
Son tres mil 500 los trabajadores que custodian las entradas.
La Secretaria del Trabajo, apuntalaba en una resolución de la Junta Federal de Conciliación, sostiene que el movimiento no tiene el status de huelga. Más aún afirma que ni siquiera se puede calificar ésta de inexistente, dado que no hubo estallido.
El sindicato minero había emplazado desde julio pasado al determinar la firma un paro técnico que afectaba a dos mil 500 trabajadores, con la promesa de no despedirlos.
Sin embargo, en noviembre salieron 300.
Coatzacoalcos en líos. Las empresas usuarias de los servicios del puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, están inquietas por la posibilidad de que el director de la Administración Portuaria Integral, Ovidio Noval Nicolau, sea acusado de desacato, dados los problemas que enfrenta por negocios personales en Morelos.
La familia del funcionario público maneja cuatro escuelas privadas: el Colegio Cristóbal Colon, Cristóbal Colon Cuautla, Universidad Privada de Morelos y UPEM Cuautla.
Noval Nicolau es administrador único.
El caso es que la sociedad civil que representa los planteles acusó al funcionario ante el Juzgado Cuarto Civil de Cuernavaca de deslealtad empresarial y falta de rendición de cuentas, tras 15 años de estiaje.
Este se ha negado a recibir los citatorios de la juez Rosenda Mireya Díaz Cerón, quien está instrumentando medidas de apremio.
La API de Coatzacoalcos tiene un presupuesto de 314 millones de pesos.
Noval Nicolau ha trabajado en diversos puestos público al lado del actual coordinador general de Puertos y Marina Mercante, Guillermo Ruíz de Teresa.
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