Bajo el esquema aprobado por el juez de lo civil Felipe Consuelo Soto, la compañía quedará prácticamente en manos de sus acreedores. Su socio mayoritario en la cárcel, Amado Yáñez, se quedará solo con el 5% del capital.
En la nueva escena la contratista de barcos para transporte de combustible y mantenimiento de plataformas trabajará con 4 mil de los 11 mil empleados que llenaban la nómina. De 90 embarcaciones sólo sobreviven 23.
La intención, en el marco de la reforma energética, es buscar nuevos contratos con Pemex, pero enfocando la mira hacia los nuevos jugadores.
Su capital de trabajo alcanzaría 20 millones de dólares.
En los meses previos la firma a la que se le acusó de defraudar a Banamex con documentos apócrifos en respaldo de deudas de Pemex, laboraba con 600 empleados.
Aunque se le levantó prematuramente una suspensión de dos años que se le había dictado a la exparaestatal por incumplir el pago de fianzas tras obtener dos contratos, la compañía con sede central en Ciudad del Carmen, Campeche, se concentró en cubrir éstos… a medias.
Aunque Yáñez Osuna alegaba en su momento que se omitió parte del pago exigido por un error contable, el castigo desató su ruina.
En la desconfianza de que se le cubrieran los 10 préstamos de factoraje pactados por un total de 450 millones de dólares, Banamex descubrió, según ello, que las facturas a descontar bajo comisión habían sido falsificadas… al menos en una parte.
Lo curioso del caso es que la hoy empresa productiva de Estado no presentó querella alguna por el caso.
Y aunque Banamex despidió a 11 empleados, la realidad es que no prosperaron las querellas penales en que se ofreció involucrarlos, o simplemente no las presentó.
Lo inaudito del caso es que el juez del concurso mercantil, Felipe Consuelo Soto, no aceptó colocar en la masa crítica de deuda de la compañía los reclamos del banco.
Y aunque hasta hace unas semanas Banamex mantenía un procedimiento legal contra la omisión, de haber prosperado éste no estaría la firma en la antesala del final del procedimiento de quiebra ordenada.
El primer round lo había perdido la filial del Citigroup al avalar el Primer Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa la decisión del juez.
La empresa enfrentó una serie de demandas de los fondos internacionales que habían avalado la compra de barcos de gran calado bajo la figura de arrendamiento financiero.
El ultimo se planteó para derribar el acuerdo concursal que se había avalado bajo el alegato de que no se habían cuantificado las deudas en lo individual.
Repuesto el procedimiento, a diferencia de la inmensa mayoría de los concursos mercantiles, Oceanografía no solicitó quita alguna al débito, es decir se pagaría al 100%, si bien la mayor parte con acciones.
El paréntesis benefició al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), a quien el juez le había ordenado retirarse de la administración que había asumido al incautarse ésta.
Durante el lapso Oceanografía había expedido facturas por 2 mil 100 millones de pesos. Los recursos se esfumaron en el pago de sueldos millonarios para el conciliador y los acreedores y la indemnización al personal despedido.
Bajo el nuevo status la empresa designará a un director general y otro operativo, dejándole al síndico y al juez la decisión de mostrar al financiero.
Regresa Oceanografía.
Balance general. Robadas durante años una y otras porciones al bosque de Chapultepec para ampliar la selva de asfalto y concreto, la ruta se mantiene sin freno. Hete aquí que la inmobiliaria Trepi ha cercado con malla ciclónica un predio de 4 mil 700 metros para colocarlos al mejor postor.
La mira apunta hacia inversionistas de Estados Unidos.
El precio es de 23 millones de dólares.
La firma en la que participan Guillermo Gutiérrez Sobreira, Juan Matamala, Juan Manuel Chapela, Eduardo Nava y José Berumen, había enfrentado un juicio por la propiedad del terreno, en el que había resultado perdedor.
Sin embargo, en noviembre de 2012 obtuvo un amparo de la jueza María Guadalupe Rivera González del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa.
En 1992 el entonces presidente Carlos Salinas De Gortari emitió un decreto que declaraba al bosque como Área Natural Protegida. A su vez, el gobierno capitalino la ubicó como Área de Valor Ambiental, consagrándose sus espacios como parque público.
El asunto está en ruta de llegar a la Suprema Corte.
Golpe al Infonavit. Utilizado como trampolín para promover su aspiración al gobierno de Oaxaca por su ultimo director general, Alejandro Murat, pareciera que el Infonavit se hubiera convertido en refugio político.
Hete aquí que para ocupar la vacante se menciona a dos figuras con etiqueta de piezas de ajedrez: Alfredo Del Mazo y David Penchyna.
El primero dejaría la diputación federal que mantiene, como antes había dejado la dirección general de Banobras y más atrás la Presidencial Municipal de Huixquilucan… con la posibilidad de que tire el nuevo encargo para ser candidato al gobierno del Estado de México. El segundo tendría el cargo como premio de consolación por haber perdido la candidatura para gobernador de Hidalgo. La posibilidad ha provocado malestar entre los desarrolladores de vivienda, ante la falta de continuidad en el ejercicio de las políticas públicas y proyectos de largo plazo del Instituto.
Alfredo del Mazo es primo del presidente Enrique Peña Nieto.
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