De pronto, por ejemplo, la Cámara de Diputados aprueba una reforma a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas que vuelve nebulosa la relación con proveedores.
Colocada la minuta en paréntesis por el Senado, la tregua ha permitido una oleada de críticas a la vista de la letra chiquita.
Para empezar, el nuevo marco reduce la posibilidad de transparencia de los contratos vía el portal Compranet.
De acuerdo al artículo 28 se plantean excepciones, aunque no se especifican los motivos. El texto habla de que se restringirá el acceso cuando lo autorice la Secretaria de la Función Pública.
Así nada más.
El ordenamiento habla también de dar un seguimiento especial a proyectos de obra pública… pero constriñéndolo a los que facturen más de cinco mil millones de pesos.
Estaríamos hablando solo de obras como la construcción del nuevo aeropuerto capitalino; carreteras federales de más de 100 kilómetros; presas, hidroeléctricas y termoeléctricas.
El problema es que el 85% de los contratos son inferiores al monto.
Y si le seguimos, el texto aprobado por los diputados le abre la puerta a la cuestionable practica de las adjudicaciones directas al disfrazarlas bajo el ropaje de “ventajas artificiales”, es decir elementos subjetivos como historial de mercado de la firma adjudicada, o experiencia en el ramo, a desdén, naturalmente de la calidad y precio.
El escenario ha provocado una oleada de observaciones por parte de la Auditoria Superior de la Federación, en cuya ortodoxia se revisa el menor costo y la mayor calidad del servicio contratado, en cuyo caso se revisan las propuestas técnicas.
Otro punto preocupante es que se relaja la exposición de motivos para contratar obras públicas con empresas extranjeras, con la novedad de que los contratos se regirán bajo las leyes de sus propios países.
Lo que era excepción para casos específicos, digamos las empresas que realizan tareas sin posibilidad de competencia extranjera o nacional, ahora prácticamente se generaliza.
Naturalmente, la supervisión será misión imposible.
Y, naturalmente, en caso de alguna controversia México deberá plantear su reclamo ante el gobierno de la contraparte o un panel de solución de controversias en el caso de que la firma pertenezca a un país con acuerdo de libre comercio al calce.
En el abanico se modifica el artículo 42 para permitir que contratistas obtengan ampliación de obra sobre la marcha, o se altere el escenario previsto.
Adicionalmente, se abre la ventana para que en licitaciones públicas se limite la posibilidad de juntas de aclaración a solo dos sesiones, lo que dejaría en el aire dudas que pudieran surgir sobre la marcha, no siempre resueltas en automático.
Aunque no todas las empresas se atreven a inconformarse ante el temor de que se les imponga bola negra, existen decenas de denuncias de confección de trajes a la medida para favorecer a determinado licitante; de adquisiciones directas injustificadas; de invitaciones restringidas con dos empresas en calidad de comparsas; de firmas creadas exprofeso para adjudicarles contratos; de tráfico de influencias para favorecer empresas “amigas”.
Reformas para quedar igual… o peor.
Balance general. En la precariedad financiera de Petróleos Mexicanos se está promoviendo la privatización parcial de sus activos vía su monetización a través de colocación de bonos integrados en uno de los fideicomisos conocidos como Fibras.
En la lista estarían los gaseoductos, los almacenes de combustible; la flota de transporte terrestre y marítimo…
La posibilidad se canalizaría a través de la Fibra E que se lanzará en junio próximo al mercado.
La modalidad se inició hace cinco años canalizándose la acción hacia la compra de edificios, centros comerciales o infraestructura turística.
Hace unos años Pemex intentó involucrar al público en su financiamiento vía la emisión de bonos sin posibilidad de participación en el capital.
La idea naufrago por inviable.
Sigue la mata… Librada la posibilidad de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones la declarara dominante en el mercado de televisión de paga, Televisa sigue ampliando su participación.
El propio Ifetel le acaba de dar luz verde para alcanzar el 100% de participación en la firma Televisión Internacional con sede central en Monterrey.
La empresa de Emilio Azcárraga Jean ya tenía el 50% de las acciones, manteniendo otro tanto la dueña original, Multimedios.
Pactada la transición en el 2006, se le había prohibido a la firma de televisión por cable incluir en el Consejo de Administración a ejecutivos o directivos de otras firmas de telecomunicaciones, lo que se incumplió al aceptar a uno ligado a Iusacell.
La compañía fue multada.
La condición que impone el Ifetel ahora de que no haya correlación en materia de prestaciones de servicios relacionados de radiodifusión vinculada a localidades del noreste del país.
Pasarela política. Convertido en la principal pasarela política del país de cara a la audiencia empresarial, el Club de Industriales está realizando una serie de eventos en los que funcionarios públicos informan, analizan y discuten temas prioritarios.
El primer turno al bat fue del secretario de Agricultura, José Calzada, colocándose en la lista el de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; el de Hacienda, Luis Videgaray, y el de Salud, José Narro.
La posibilidad habla de dialogar con los asistentes.
Otra al factoraje. Además de Nacional Financiera, Petróleos Mexicanos firmó un contrato con la empresa Greensill Capital para realizar operaciones de factoraje de cara a sus acreedores, cuyo monto total seria de cinco mil millones de dólares.
Los proveedores de la empresa productiva de Estado pactan un crédito con las intermediarias con garantía en los contrarecibos que les entregó Pemex, en cuya escena se cobra una comisión que oscila entre 6% y 9%, del monto adeudado.
albertobarrancochavarria0@gmail.com
