De acuerdo a un estudio realizado por la Comisión Federal de Competencia Económica, las subvenciones provocan que los precios de mercado no reflejen las condiciones reales de la oferta y demanda afectando las decisiones de inversión, producción y consumo.
La instancia en combate a las prácticas de distorsión analizó 27 de las 50 partidas presupuestales al sector agropecuario destinados para apoyar la producción.
El monto alcanza 60.9 mil millones de pesos, de los cuales 49.8 mil millones se integran al presupuesto de la Secretaría de Agricultura, y 11.4 mil al de la Comisión Federal de Electricidad.
En este caso, naturalmente, los dineros apuntan a subsidiar las tarifas eléctricas para uso agrícola.
De los 27 en el microscopio, la Cofece ubica dos que a su juicio no generan los beneficios para los que fueron diseñados, y cuestiona otro 10.
En el primer caso se apunta a las tarifas reducidas como estímulo para el bombeo agrícola, en cuyo marco se erogó en el 2014 un monto de 13.4 mil millones de pesos.
De entrada, el organismo señala que el subsidio recae estrictamente en los productores de mayor nivel de ingresos, dado que los pequeños alimentan sus sembradíos de agua de temporal y solo en ocasiones especiales ponen a trabajar las bombas.
Así, los ricos concentran 52% de la subvención y los pobres apenas el 10.
La Cofece coloca también en tela de juicio los incentivos a la comercialización en agricultura por contrato, es decir la posibilidad de que el productor le venda la producción a una empresa antes de realizar la cosecha.
En la larga lista estarían el Grupo Maseca, Bimbo, Herdez, Del Monte, en paralelo a las firmas estadounidenses establecidas en Mexico, como Carguill, Archer Daniels Midland…
De acuerdo a lo pactado, el precio de compra se determina por dos vías: la bolsa de futuros de Chicago y las llamadas “bases”, que parten de una estimación de costos de comercializar el producto, fundamentalmente los granos, lo que equilibra las ganancias que resultaría de comprar en México o importarlo de Estados Unidos.
En el marco el fideicomiso de apoyo al campo Aserca adquiere coberturas con el país del norte con el fin de cubrirse de las variaciones de precios de un porcentaje o la totalidad del costo de un producto.
De no lograrse el equilibrio, los recursos fluyen directamente a los productores o a los compradores.
El punto más subsidiado en la cadena es el costo del transporte, especialmente el ferrocarril, lo que vuelve indiferente las variaciones en su costo.
De enero de 2004 a julio de 2015 el nivel de las tarifas creció 194%, en tanto las del autotransporte terrestre crecieron 72%; el marino 62, y el aéreo 53.
El estudio coloca el dedo en que bajo el marco actual un productor del campo puede obtener subsidios de hasta 10 programas federales, llegando a 14 en el caso de maíz, chile y jitomate.
La instancia cuestiona el que se beneficie a unos productores en detrimento de otros; el que no haya claridad en el objetivo y tiempo de aplicación de los subsidios; el que no sean transparentes, y que no sean sujetos a evaluaciones periódicas.
La duda es sí se trata de ir haciendo camino para desmantelar los apoyos.
Balance general. Aunque durante la primera quincena de febrero el nivel de inflación en el país dio un salto para situarse en 2.94 por ciento a nivel anualizado, la percepción generalizada es que la medición del Inegi no refleja la realidad.
Los técnicos del organismo se defienden aduciendo que los principales componentes de la canasta, es decir energía eléctrica y gasolinas, permanecen estables, con algunas reducciones la primera.
El hecho es que las derrotas consecutivas del peso en su paridad frente al dólar han provocado incrementos de hasta 60 por ciento en el caso de las medicinas; de 18 en el de los productos eléctricos y electrónicos, y al menos de 10 en materia de maquinaria y equipos. En la ola no se salvan ni el cemento ni la piedra para construcciones. El primero creció 10% en su precio. Inflación baja; precios altos.
AHMSA al fin. Más de 17 años después la empresa Altos Hornos de México se apresta a salir de la suspensión de pagos que le concedió un juez en 1999, como protección para evitar la quiebra.
La firma encabezada entonces por Xavier Autrey se acogió a la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos vigente entonces, cuando su debito alcanzaba dos mil 800 millones de dólares.
En la fase previa Banamex había intentado asumir las acciones de la controladora de la empresa con sede central en Monclova, Grupo Acerero del Norte, que habían quedado en garantía por un préstamo millonario.
El escandalo provocó que se acelerara la aprobación de un nuevo esquema jurídico más equilibrado, es decir la Ley de Concursos Mercantiles.
AHMSA resistió tres lustros todos los embates de sus acreedores. Según la firma el débito es ahora de mil 701 millones de dólares, que se pagarán al cien por ciento.
ICA aún no. Ofrecido, de cara a los inversionistas que le apuestan a la causa de sus papeles, que a mitad de febrero se tendría un esquema de reestructura de su deuda que planteara certeza de sobrevivencia, hete aquí que el Grupo ICA aún no tiene humo blanco.
Los cálculos hablan de marzo.
La principal constructora del país se colocó en un escenario de suspensión de pagos en cuyo marco perdió parre de las acciones del Grupo Aeroportuario Centro-Norte, su principal carta, justo, para negociar con sus acreedores.
Un sindicato de bancos, como usted sabe, asumió las garantías en prenda al no cubrir dos abonos del servicio de la deuda.
La firma encabezada ahora por Luis Zárate enfrenta a tenedores de papeles de deuda, bancos y una gran cantidad de empresas que ejecutan parte de las obras contratadas.
albertobarrancochavarria0@gmail.com
