De los 32 mil millones de pesos adicionales a los 100 mil que se recortarán a Petróleos Mexicanos, a la dependencia encabezada por Gerardo Ruiz Esparza le quitaron 12 mil 254 millones.
En el armado del rompecabezas, se le disminuyen recursos a proyectos; se le otorgan más a otros, o de plano se vuelven chiquitos.
Así, aunque se mantiene intacto el presupuesto de dos mil 500 millones de pesos para alargar la Línea A del Metro de Chalco a La Paz, se reduce de 17 mil a tres mil 500 millones el presupuesto para carreteras rurales y alimentadoras… tradicionales vectores de empleo en circunstancias difíciles.
En la retacería, se recorta de 650 a 208.7 el presupuesto para mantenimiento de la carretera Acapulco-Zihuatanejo; de mil a 200 el de construcción de la que va de Palenque a San Cristóbal de las Casas; de 300 a 24.5 la que corre de Ciudad Victoria a la frontera de Nuevo león, y de 400 a 19.4 la de Acayucan a la Ventosa.
En algunos casos el recorte es menor. Así a los 350 millones previstos para un libramiento en Morelia se le reducen 50; a la carretera de San Diego de la Unión-San Felipe, 54; a la que va de Nuevo Casas Grandes a Puerto Palomar, 98.5.
Entre los proyectos sin modificación están un libramiento para la glorieta San Jerónimo en el sur de la ciudad de México; un libramiento para acceso al puerto de Veracruz; la carretera federal Cadereyta- Entronque San Joaquín; la que va de Camalú a Lázaro Cárdenas en el Valle de San Quintín; la de Ezequiel Montes a Valle Progreso, y un libramiento para Jalapa.
El programa de reconstrucción de puentes reduce su inversión de 794.8 a 48 millones.
Y aunque, naturalmente, existe la posibilidad de que los recursos recortados los aporten privados bajo el marco de las asociaciones publico-privadas, el problema es que la elevación de la tasa de interés líder por parte del Banco de México encareció los créditos.
La otra alternativa para las constructoras sería un incremento en las obras publicas promovidas por gobiernos estatales y municipales, lo que también pareciera quimera dada la merma que tendrán las participaciones federales ante la caída del petróleo.
De hecho, éstos le adeudan facturas de seis a ocho meses a constructoras que recibieron contratos en esquemas de goteo.
Naturalmente, la pelea por los contratos para la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México será a puñaladas, por más que se habla de aplazar para el 2017 algunas de las partidas previstas.
La industria de la construcción empezó a ver un ténue rayo de luz en el 2014, tras la puesta en escena del Programa de Inversión en Infraestructura del gobierno federal… que se desvaneció en el 2015.
Los dos sexenios anteriores habían sido desolados en materia de obra pública.
¿Mala suerte?
Balance general. Ratificada por la Segunda Sala Civil del Distrito Federal una sentencia de un tribunal colegiado que ordena al rey del cobre, Germán Larrea Mota Velasco, vender las acciones acumuladas del Grupo Aeroportuario del Pacifico, quedándose solo con un paquete de 10 por ciento, el empresario se aferra a mantener vivo el pleito.
De hecho, está impugnando ya la resolución dictada el 15 de febrero pasado, vía la interposición de un amparo.
De acuerdo a los estatutos internos del consorcio de aeropuertos, ningún inversionista, persona física o moral, puede mantener una tenencia superior al 10 por ciento de las acciones de la serie B del consorcio que están en el mercado, lo que sin embargo, se opone a la Ley del Mercado de Valores.
El diferendo lo resolvió la primera sala de la Suprema Corte… dándole la razón a la empresa aeroportuaria, aunque sin darle a Larrea una fecha determinada para vender los excedentes.
El asunto fue retomado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien exigió acción inmediata.
Banamex contra cuerdas. Rechazada por el juez del concurso mercantil de Oceanografía, Felipe Consuelo Soto, la inclusión del remanente de los préstamos de factoraje que le entregó Banamex a la firma bajo el supuesto cobijo de facturas por cobrar de Pemex que habían sido falsificadas, el banco acaba de sufrir otro revés.
Hete aquí que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal acaba de exonerar a dos exfuncionarios del banco que habían sido acusados de participar en lo que significaría una maquinación.
Estamos hablando de Alfonso Ortega Brehm y Emilio Granja Gout, de un grupo de 11 despedidos.
Feria de coincidencias. Simultánea a la aparición de nuevas empresas para servicio de diálisis peritoneal que subroga el Instituto Mexicano del Seguro Social para pelear contratos que hasta 1994 tenía en exclusiva la empresa Baxter de México, aparecieron dos asociaciones de pacientes renales: la Mexicana de Pacientes Renales con sede en la ciudad de México; Los Amigos del Riñón en Jalisco, y la Mexicana de Diálisis Peritoneal en Monterrey.
La presión de éstas apuntaba a hacer desistir al organismo tripartita de abrir de la competencia con la llegada de la empresa Pisa.
En 1998 el IMSS incorpora un nuevo esquema para el tratamiento de pacientes con la introducción de una doble bolsa para diálisis peritoneal, en cuyo marco Pisa gana un contrato para 800 enfermos.
La andanada la encabeza ahora la Federación Nacional de Pacientes Renales, cuestionando la calidad de los materiales empleados, lo que no tuvo eco de la autoridad sanitaria, previas pruebas realizadas.
El presidente del organismo, Mateo Ramírez, le envió posteriormente al Seguro Social una carta en que reconocía presiones para sacar a Pisa del mercado a como diera lugar.
En el 2008 Pisa vuelve a ganar una licitación que le permite atender a 11 mil 500 pacientes, iniciándose una guerra mediática para cuestionar otra vez la calidad del servicio.
En el exterior, en el 2014 Pisa gana un contrato de 400 pacientes del Instituto Salvadoreño de Seguridad, arrebatándole el que tenía Baxter.
Y otra vez las quejas de los pacientes, en un concierto de marchas y plantones.
El director general de Baxter, Víctor Pedroza Campa, dice que la firma respeta los fallos de las licitaciones del país.
Puras coincidencias, pues.
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