La instancia de supervisión y vigilancia abrió un procedimiento el año pasado ante la presunción de que la firma alteraba sus estados financieros en un escenario en que se reclama absoluta objetividad, de cara a quienes le apuestan a sus acciones.
El callejón se volvió más estrecho ante dos eventos concatenados.
El primero es el rechazo a una solicitud de amparo contra la posibilidad de una pena pecuniaria por parte de la instancia, que había colocado en la mesa el director general de la firma, Sergio Hidalgo Monroy.
La exposición de motivos del juez de la causa es simple: no se puede proteger a una entidad frente a un hecho incierto.
El segundo es la imposición de una multa de 4.2 millones de pesos al despacho de auditoría Deloitte, quien sancionó los estados financieros de la empresa; es decir, avaló el marco en que fueron diseñados, en cuyo caso se palomeaban como ciertos ingresos inciertos derivados de las concesiones que mantiene OHL en dos vialidades del Estado de México, el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario, además de un tramo del segundo piso del Periférico en la ciudad de México.
La defensa de la empresa apuntó a que las cifras avalan los compromisos pactados con los respectivos gobiernos en materia de recuperación de sus inversiones, es decir si el flujo en las casetas de peaje es insuficiente, éstos garantizan el ingreso previsto.
Lo grave para la causa de OHL es que el despacho cubrió sin más la multa impuesta, es decir no recurrió como es habitual a un amparo como punta de lanza para un farragoso procedimiento jurídico.
Más aún, Deloitte podría haber impugnado la sanción por la vía de un recurso de inconformidad ante la propia instancia.
El amago a la constructora se deriva de la pesadilla que le ha significado la cancelación de un contrato a la firma Técnica Especializada Infraiber, para monitorear aleatoriamente el paso de vehículos en las vías concesionadas del Estado de México, es decir una suerte de contabilidad paralela para empatarla con la que presente el concesionario.
Esta lo culpó a OHL de la zancadilla, por más que el contrato involucraba no solo las vías concesionadas a está sino todas las de peaje de la entidad federativa, cuyo costo por vehículo contabilizado, sobrepasaba los estándares internacionales.
En su venganza, Infraiber inició la publicación de una serie de desplegados en los que acusaba a la constructora, entre otras cosas, justamente de manipular sus cifras.
La ola llegó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Más tarde surgirían las famosas grabaciones, calificadas de truqueadas por OHL, en que se desnudaban supuestos acuerdos bajo la mesa entre directivos de la compañía y funcionarios públicos.
Aunque Deloitte no ha sido la primera firma de auditoría multada por la autoridad, el caso refuerza un viejo clamor para legislar en la materia, lo que implicaría fincar responsabilidades a quienes avalen cifras alteradas.
Uno de los casos más emblemático fue el del Banco Unión que encabezaba Carlos Cabal Peniche, cuyas cuentas no reflejaban los boquetes internos por autopréstamos disfrazados con prestanombres. Aunque los despachos se basan en el cotejo de que los números se ajusten a las prácticas contables recomendadas internacionalmente, sobre la base de los datos que proporciona la empresa auditada, lo que se busca es mayor profundidad.
Por lo pronto, OHL esta en espera de la mala frente a la buena de sus resultados de 2015.
Balance general. Una pregunta recorre México: ¿Rechazará el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos encabezado por el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, la “sugerencia” de la Secretaría de Hacienda de aceptar un recorte en su presupuesto de 100 mil millones de pesos?
El año pasado éste fue de 62 mil millones, lo que obligó a la empresa a renegociar a la baja los contratos pactados con firmas que alquilan plataformas marinas, además de prácticamente secar la posibilidad de negociar nuevos.
Una de las excepciones, en afán de evitar su quiebra, fue Oro Negro, firma encabezada por Gonzalo Gil White, hijo del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, cuyo estallido provocaría un terrible escándalo por estar en juego recursos ahorrados por los trabajadores para su retiro, invertidos en papeles de deuda.
La paradoja del caso es que el golpe a cuya vera se anulará la posibilidad de competencia de la firma en el terreno de exploración, llega justo cuando se había anunciado su rescate financiero. Se diría que la única alternativa de Pemex será jugar como socio minoritario en concesiones obtenidas por extranjeros.
Por lo pronto, en el escenario de un Pemex chiquito desaparece la Dirección de Procura y Abastecimiento ideada para consolidar las compras de insumos para todas las divisiones de la firma.
Siempre sí. A contrapelo del cálculo del gobierno que auguraba que la Casa Blanca aguardaría hasta noviembre, una vez definida la nueva integración del Congreso, para poner a su consideración el sí o no, pactada con calzador una ruta similar al fast track, al documento final del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP), algunos analistas consideran que el envió se dará en las próximas semanas.
El cálculo habla de abril.
De acuerdo al contexto planteado, los legisladores tendrían 90 días para desahogar el asunto. Firmado el texto que abre la puesta a un mercado de 12 países con costas hacia el Pacífico por los secretarios de Comercio o Economía de los signantes el cuatro de febrero pasado en Nueva Zelanda, el último paso es la aprobación de los Congresos, en el caso de México del Senado.
Diseñado para equilibrar la región frente al poderío de China, el acuerdo empezó a llenarse de grietas al interior del país de las barras y las estrellas, al considerar los conservadores que pone en riesgo al empleo en segmentos determinados como automotriz, textil y agroalimentario.
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