Aunque los informes presidenciales colocan el énfasis en el número de clínicas y hospitales construidos, no siempre se tiene el equipo material y humanos para atenderlos.
Aunque fuera así, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el ISSSTE habrán de destinar para su operación 23% del presupuesto, y sin embargo estarán lejos de dar una atención de calidad.
El señalamiento lo plantea la Fundación Nacional para la Salud, en el marco de un análisis sobre el documento planteado el 6 de enero pasado por la propia OCDE sobre los sistemas de Salud en México.
El texto, elaborado por el presidente ejecutivo del organismo privado, señala textualmente que “pareciera” que el actual es un sexenio perdido en materia de salud.
Nuestro país, se señala, enfrenta un déficit acumulado en cobertura de la atención de un billón de pesos, que para 2030 habría saltado a 1.5.
La estructura jurídica, financiera y política, que no la material y humana existente, nos está llevando a un callejón sin salida, con graves repercusiones económicas y sociales.
Desfasados en su objetivo los sistemas de salud al no cumplir su misión preventiva (“los hospitales son para curar enfermos; los sistemas de salud son para mantenernos sanos”), han provocado una crisis en el renglón de atención.
Atender, por ejemplo, a los enfermos de diabetes mellitus implicaría un gasto de 324 mil millones de pesos anuales, equivalente a 2.5% del PIB. Ofrecer diálisis a los que enfrentan la enfermedad en ciclo avanzado significa 1.25 veces el presupuesto total actual.
Adicionalmente, más de 50% de los casos de cáncer de mama se atienden en los niveles más avanzados de la enfermedad.
La OCDE subraya en su crítica el que el sistema de salud en México se mantiene con un conjunto de subsistemas destinados cada uno de ellos con diferentes niveles de atención dirigida a diferentes grupos, con precios diferentes y un resultado diferente.
La afiliación a cualquiera de éstos no está determinada por la necesidad, sino por el empleo de la persona.
Millones de mexicanos están inscritos a más de un sistema y millones más no saben si se encuentran protegidos.
La población gasta en atención medica particular 45% de su ingreso, por más que el presupuesto nacional de gasto administrativo para el sector es de 10%, ambas proporciones muy lejos del promedio de la OCDE.
Lo grave del caso, a decir de Funsalud, es que agotado el presupuesto político del presidente Enrique Peña Nieto con las reformas energética y educativa y en el entorno de la caída del ingreso petrolero y la apreciación de dólar, no hay margen para iniciar una reforma integral, de fondo, del Sistema Nacional de Salud.
La posibilidad, sin embargo, hablaría de declarar la salud como prioridad del gobierno; sentar las bases de arranque para una separación entre el aseguramiento y la prestación del servicio, y agilizar la celebración de convenios interinstitucionales para ir abriendo cancha a la portabilidad, es decir que un afiliado al IMSS pueda ser atendido por el ISSSTE.
¿Salud?
Balance general. Denunciado por la Comisión Federal de Competencia Económica el que Petróleos Mexicanos ha omitido el cumplimiento de resoluciones, buscando canales jurídicos para evadirlas, la ex paraestatal se sintió maltratada injustamente.
Lo cierto es que las evidencias están en la mesa. Durante años Pemex eludió una exigencia de desmantelar una concesión otorgada a la empresa Mexicana de Lubricantes que le permitía exclusividad en la venta de sus productos en la red de gasolineras del país.
El último choque se dio al imponerle el organismo dos multas por un total de 653.8 millones de pesos por lo que se calificó de “abuso de dominancia”, al darle exclusividad a su sindicato en la distribución de gasolinas hacia los puntos de venta.
El servicio le implicaba a las gasolineras un costo adicional, sin opción de crear sus propias redes.
El caso es que Pemex planteó un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) impugnando la sanción bajo el argumento que en la etapa investigada la protegía la Constitución como monopolio de Estado.
Sin embargo, en 2010, es decir antes de la reforma energética que abrió la participación privada, la ex paraestatal había firmado un contrato con los principales grupos gasolineros del país para que fueran éstos quienes transportaran el combustible.
Malecón de la discordia. Aunque la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales ha señalado que la posibilidad del Malecón Cancún Tajamar tiene todos los permisos desde 2005, pareciera misión imposible que se mantengan las obras.
Como usted sabe, el juez Segundo de Distrito de Quintana Roo, Gerardo Vázquez Morales, ordenó la suspensión de la construcción a solicitud de un particular, en un escenario en que la población ha calificado de ecocidio el proyecto, mostrando evidencia de destrucción de flora y fauna.
En el escenario está el aval del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
El caso es que el permiso, al margen de su legalidad, está sujeto a la realización de un programa de rescate de fauna que se soslayó olímpicamente.
Abengoa en mora. Golpeada severamente por la quiebra de su matriz española, la filial en México de la empresa Abengoa acaba de incumplir otro pago de intereses de una emisión de Certificados Bursátiles.
La empresa tiene contratos vigentes con la Comisión Federal de Electricidad.
Chicago-México. Esta semana se reúne el secretario de Desarrollo Social del gobierno capitalino, Salomón Chertorivski, con integrantes del World Business Chicago en la mira de alternativas conjuntas para fomentar industrias de alto valor agregado que fortalezcan la competitividad.
Anteriormente las ciudades habían firmado un plan de negocios.
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