Bajo el nuevo marco se le permite a los servidores públicos en función de investigadores de las diversas instancias oficiales participar en proyectos privados, al punto de llegar a ser socios de corporativos.
Aunque el artículo 40 del ordenamiento abrió la alternativa de que las universidades públicas y centros de investigación pudieran crear unidades de vinculación y transferencias del conocimiento, ahora se extiende ésta a la posibilidad de incorporar los desarrollos tecnológicos e innovaciones realizadas en los mismos, además del personal.
Las unidades, sin posibilidad de constituirse como paraestatales, podrán, a mayor claridad, contratar por proyecto a personal académico de las instituciones, centros y entidades. Naturalmente, el nuevo escenario obliga a modificar uno de los artículos de la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos.
La reforma se ubicó en el octavo.
Diseñado el proyecto con la asesoría del ministro de la Suprema Corte, Ramón Cosío; del responsable de Ciencia y Tecnología de la Presidencia de la Republica, Bolívar Zapata, y del experto en materia de medicina social, Ernesto Rubio Del Cueto, la aprobación de la reforma requirió un ping pong entre la Cámara de Diputados y el Senado.
La iniciativa se planteó el 23 de septiembre del año pasado, avalada por un grupo plural de diputados, turnándola a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y Transparencia y Anticorrupción, abriéndose un marco de consultas, incluido un simposio en la Universidad Autónoma de Nuevo León, denominado “Contribuciones a la agrogenómica para el desarrollo empresarial y la competitividad nacional”.
La Cámara de Diputados convocó a dos foros de análisis, uno de la mano del Instituto Nacional de Medicina Genómica.
El dictamen fue aprobado el 12 de diciembre por el pleno, turnando la minuto al Senado, quien la modificó, obligándose a un nuevo análisis.
La puerta se abre para que el personal de los 23 Institutos Nacionales de Salud, el Instituto Nacional de Metrología, el Centro de Investigaciones de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y 11 entidades de la Administración Publica, pueda participar en asociaciones tecnológicas, consorcios, unidades de vinculación, creación de empresas de bases tecnológicas o redes de innovación, sin incurrir en conflicto de interés.
La reforma a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos plantea incluir la posibilidad de que los investigadores se conviertan en socios accionistas de empresas privadas de base tecnológica o colaboradores o beneficiarios en actividades con fines de lucro derivadas de cualquier figura de propiedad intelectual perteneciente a las instituciones donde labora.
La única posibilidad de falta es cuando obtengan beneficios por utilidades, regalías, o cualquier otro concepto en contradicción a las disposiciones aplicables a la institución.
La ruta engloba no solo el plano médico científico, sino el agrotecnológico, el energético, el de innovación…
La reforma se publicará antes de fin de año en el Diario Oficial.
Dique a fuga de cerebros.
Balance general. Ordenado por la Secretaria de Relaciones Exteriores un peritaje externo en el que participan expertos de la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional, además de la tecnologica Softek, para determinar si son imputables a las empresas que recibieron un contrato para expedir pasaportes las fallas que impidieron su puesta en escena, por lo pronto se está corriendo un grave riesgo de que se expidan documentos duplicados o triplicados.
Hete aquí que las instancias oficiales que los están expidiendo, ya delegaciones políticas, consulados u oficinas de enlace, no cuentan con soporte para control de insumos automático y no capturan la información biométrica.
El riesgo, decíamos, está latente, en épocas en que se reclama la mayor cautela.
De acuerdo al peritaje en puerta, la dependencia determinara si se aplican penalizaciones a los contratados o de plano se les rescinde el contrato.
Se va, se va, se va… La terminación del periodo del ministro Juan Silva Meza deja en el limbo una resolución que resulta toral para las empresas: la constitucionalidad del acotamiento de la deducibilidad para efectos de pago de prestaciones extraordinarias a los trabajadores.
En las telas de la reforma hacendaria la posibilidad se redujo del 100 al 43 por ciento. Estamos hablando de la ayuda para renta, para despensa, para transporte y demás etcéteras. Objetado el acotamiento por las cúpulas empresariales, algunas firmas habían recurrido el amparo, cuyo punto final para otorgarlo o negarlo lo tenía el máximo tribunal de justicia del país. El ministro Silva Meza era el ponente en la discusión, con la novedad de que se apuntaba a dar la razón a los quejosos.
Ahora habrá que designar un nuevo responsable, con la novedad de que la Corte entra en periodo de vacaciones.
Sigue el jaloneo. Ubicado ya en París el presidente Enrique Peña Nieto, de cara a la Convención Macro de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Materia de Energías Limpias, ayer siguió la discusión en el Senado sobre la Ley de Transición Energética.
La presión industrial había logrado que el periodo de transición en la exigencia de utilizar combustibles limpios se alargue de dos a cuatro años, además de garantizarle la existencia de certificados de energías limpias.
La ruta se atoró ante la negativa de los legisladores de considerar al gas natural como proveedor de energía limpia, dadas las emisiones de gases de efecto invernadero que provoca.
Aunque el combustible se seguirá usando en las plantas de ciclo combinado para producir energía eléctrica, la posibilidad habla de privilegiar los campos de energía eólica o las placas solares.
Sí, pero no. De acuerdo al ISSSTE, la disparidad de 250 millones de pesos entre un contrato firmado con el mismo proveedor para instalaciones de redes de cómputo y otro similar para la Comisión Nacional de Agua, radica en que en el lapso entre uno y otro el tipo de cambio se deslizó 13.66 por ciento.
Además, se señala que los contratos no son comparables, dado que para su mantenimiento a los equipos de Conagua se requieren 20 personas, y para el del Instituto más de 130.
La Conagua contrató 53 unidades, en tanto el ISSSTE mil 300 inmuebles.
Sin embargo, el comparador hacia respecto al corte unitario por equipo, lo que a cualquier contrato baja en la medida de que se incrementa la demanda.
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