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En una evidente maniobra proteccionista, en 1990 el país del norte impuso como condición para el ingreso del producto a sus fronteras, una exigencia consistente en obtener una leyenda al calce de las latas, que garantizara la protección de los delfines.
Según ello, en la costumbre de los pescadores mexicanos de utilizar redes circulares para la pesca de la especie, se capturaba a los delfines que navegaban a la vera de los barcos de atún.
La acusación, avalada por organizaciones no gubernamentales financiadas por empresas locales, hablaba de que éstos eran sacrificados a palos dentro de las redes, devolviendo los cadáveres al mar.
El país del norte, pues, se lanzaba a una cruzada en defensa de una especie en peligro de extinción, haciendo gala de su espíritu “humanitario”.
En el marco se expidió una ley para protección de los mamíferos marinos, en cuyo marco se embargaban las exportaciones no solo de México sino de tres países latinoamericanos: Venezuela, Costa Rica y Panamá, los dos últimos como intermediarios.
La acusación, sin embargo, nunca se pudo probar, por más que en los diarios se insertaban dramáticas fotografías con sospecha de truqueadas.
La reacción del país fue elevar una queja ante el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, conocido por sus siglas en inglés como GATT.
En su defensa Estados Unidos alegó que el artículo tercero de la declaración de principios del propio GATT, antecedente de la Organización Mundial de Comercio, autorizaba la imposición de restricciones a la frontera para proteger los delfines.
Según las Naciones Unidas, desde 1952 habían muerto seis millones de delfines por la pesca cruel en que se les capturaba en las redes.
Pese a ello, el GATT resolvió que los problemas mercantiles no podían dirimirse con reglamentos de protección.
Acorralado, Estados Unidos, al amanecer de la negociación para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, acordó dos vías para atenuar el problema, una que México cambiara sus métodos de pesca, y otra que la contraparte exigiera una condición para el ingreso del atún mexicano: la colocación en la lata de una etiqueta con la leyenda “delfin safe”, es decir inocuo con los delfines.
Sin embargo, la obtención de ésta se volvió misión imposible.
De hecho, el 90 por ciento de las 145 mil toneladas anuales de atún que se pesca en el país se va al mercado interno, y el resto se exporta a la Unión Europea.
Así, nuestro país siguió en la pelea, obteniendo una y otra resoluciones favorables… que una y otra vez objetaba la nación de las barras y las estrellas.
En el último capítulo se constituyó un panel de apelación, quien dictó el veredicto definitivo.
Con el fallo, de mantenerse la cerrazón de Estados Unidos, México está facultado para imponer represalias, es decir una y una, ya cerrando la frontera a productos sensibles de la contraparte, o imponiendo aranceles extraordinarios.
Ojo por ojo…
La pregunta, naturalmente, es si el gobierno se atreverá a pegar en el centro del blanco, dado que en otra opción le cerró el paso a productos sin mayor peso, como arbolitos de navidad artificiales o alimentos para gato.
El ring está montado.
Balance general. Finalmente el largo litigio entre trabajadores de la cadena de tiendas El Super que mantiene el Grupo Comercial Chedraui en Estados Unidos, concretamente en California, llegó al clímax al declararse en huelga.
Esta se inició en la madrugada de ayer.
Los empleados, con apoyo del Sindicato de Trabajadores Unidos de la Industria de Alimentos y el Comercio, mantienen bloqueado el paso a las tiendas, exhortando a los clientes a realizar sus compras por el día de acción de gracias en otro lado.
La celebración se efectúa hoy.
La exposición de motivos habla de que los trabajadores laboran sin contrato desde septiembre del 2013. Además, se habla de incumplimiento de una resolución de la Junta Laboral de Estados Unidos que obligaba a la empresa a regresar a una mesa de negociación que había abandonado.
Hace una semana la policía arrestó a una serie de personas que realizaban una acción civil de desobediencia frente a las puertas de los negocios.
El reclamo original apuntaba a precarias condiciones de trabajo, higiene y seguridad.
Ese puño no se ve. Amparado en un convenio celebrado con la Secretaria de Gobernación que le permitió canjear indemnizaciones por activos que pertenecían a la desaparecida Luz y Fuerza del Centro, el Sindicato Mexicano de Electricistas se prepara a convertirse en empresa.
Su socio, como usted sabe, es la firma portuguesa Mota-Engil.
Las 29 plantas generadoras de energía eléctrica que se les otorgaron están listas ya para entrar en acción, después de un largo proceso de rehabilitación.
Todas ellas, ubicadas en el Valle de México, Puebla e Hidalgo, las mantenía inactivas la Comisión Federal de Electricidad.
Otra vez Caze. Fue por unanimidad de los magistrados del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Administración la decisión de conceder una suspensión provisional al Consorcio Azucarero Escorpión de cara la posibilidad de que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), vendiera cinco ingenios que le fueron expropiados.
Estamos hablando de “Modelo”, “Plan de San Luis”, “San Miguelito”, “El Potrero” y “La Providencia”.
El amparo llegó al cuarto para las 12 de la subasta que se efectuaba en el Club de Banqueros.
La razón del paréntesis se ubica en que el grupo azucarero que pertenencia a Enrique Molina Sobrino mantiene viva una demanda de reversión del Decreto Expropiatorio expedido en el 2001.
Caze no ha recibido la indemnización a que tiene derecho por ley.
Aunque el SAE ya vendió cuatro de los nueve ingenios que tenía el grupo (“San Cristobal”, “Casasano La Abeja”, “Atencingo” y “Emiliano Zapata”), la firma inconforme ha planteado una serie de demandas para revertir la operación.
Yo no fui. De acuerdo a la constructora OHL no fue institucional la solicitud de amparo planteada contra la posibilidad de una sanción de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por el supuesto inflado de las cifras de sus estados financieros.
La solicitud, negada por el juez de la causa, la planteó, a título personal, el director general de su subsidiaria Concesionaria Mexiquense.
El togado determinó que no había causa, es decir no se puede suspender un acto cuando es incierto.
La empresa está en periodo de presentación de pruebas de descargo.
albertobarrancochavarria0@gmail.com
