Según la firma arrendadora de dos de los barcos de la firma contratista de Pemex, el acuerdo votado por mayoría no era válido al no haberse cuantificado el monto de las deudas en la individual.
La resolución coloca en el aire a la compañía al no especificar si debe reponerse el procedimiento; si debe recabarse solo el sí de los acreedores una vez colocadas las cuentas en su lugar, o si solo se dicta una nueva resolución.
El golpe dejó atónito al Instituto Federal de Concursos Mercantiles ante la posibilidad de que acreedores puedan utilizar la misma ruta para impugnar procedimientos ya concluidos, derribando resoluciones en firme.
Lo raro del asunto es que el convenio de reestructura, a diferencia de la totalidad de los concursos mercantiles realizados, no fijaba quita alguna al débito, es decir se pagaría al 100%, parte con acciones de la empresa y parte en efectivo.
En el punto final el actual presidente de Oceanografía, Amado Yáñez Osuna, se quedaría solo con el 5%del capital.
Ahora que el paréntesis beneficia al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), a quien el juez del concurso mercantil, Felipe Consuelo Soto, había ordenado retirarse de la administración de la firma que había asumido al incautarse ésta en el eje del escándalo.
La instancia estaba obligada a rendir cuentas.
Aunque Oceanografía fue suspendida para recibir contratos públicos durante dos años, había media docena que se mantuvieron vigentes, lo que le permitió, aún con los recursos que cobró Banamex en lo automático, facturar 2 mil 100 millones de pesos.
Los recursos se derrocharon en sueldos millonarios para el conciliador y los administradores, además de liquidaciones al personal. De 11 mil trabajadores que tenía la empresa, le quedan 600.
En la tenaz cruzada por secar a la compañía que le daba mantenimiento a plataformas de Pemex, se llegó a crear un Call Center para atender finiquitos de los trabajadores.
El costo de éste fue de 400 mil pesos mensuales.
Lo raro del caso es que, acusada la empresa en la cresta del escándalo, de no pagar los salarios de los trabajadores, el Impuesto Sobre la Renta retenido y las cuotas del Seguro Social, he aquí que el 99.9% de la nómina la pagaban empresas outsourcing, es decir la responsabilidad era de ellas,
La plantilla contratada directamente por Oceanografía era de cuatro empleados.
De acuerdo a los términos del acuerdo que le daba fin al concurso mercantil, la empresa designaría a un director general y otro operativo, dejándole al síndico y al juez la responsabilidad de nombrar al financiero.
En los primeros dos cargos estaban perfilados Juan José García González y Alberto Duarte.
Lo grave del caso, decíamos, es que nadie, empezando por el juez Consuelo Soto, sabe qué sigue.
Oceanografía en el limbo.
Balance general. Colocada en la orden del día de la reunión a nivel de ministros de Comercio celebrada en Atlanta, la recomendación de cerrar la cortina, finalmente se llegó al punto final de la negociación para el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica, conocido por sus siglas en inglés como TPP.
La alianza integra a 12 países que realizan el 40% de la producción económica global. El concierto nos integra con Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Estados Unidos.
La reunión se había iniciado el miércoles de la semana pasada, estancándose ante un diferendo entre Estados Unidos y Australia por el plazo de protección para medicamentos biológicos que se utilizan en tratamientos contra el cáncer.
Mantenidas en el sigilo la mayoría de las reuniones, aún no hay claridad sobre la ruta que seguirá el pacto en materia de patentes de medicinas; reglas de origen de mercancías; contenido regional de producción de automóviles, y protección a la propiedad intelectual.
Televisa se enojó. Colocada en tela de juicio la justeza de la resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones que rechaza considerar dominante a Televisa en el campo de la televisión de paga por un dictamen previo que la perfilaba como tal, la firma de Emilio Azcárraga Jean se está inconformando contra éste.
De acuerdo a él, la empresa de Avenida Chapultepec se ubicaba como agente con poder sustancial en dos mil 124 municipios del país.
El caso es que en la resolución de la discordia se anota que la firma no tiene poder sustancial de mercado, es decir no está en condición de imponer precios ni impedir el ingreso de nuevos jugadores.
Las filiales de la compañía tienen el 66 por ciento del mercado, incluida la televisión satelital y la de cable.
Nuevo León en la mira. Colocada en tela de duda la posibilidad del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, por la colosal deuda heredada por su antecesor en el cargo, Rodrigo Medina, las calificadoras están poniendo la mira en la entidad federativa.
De acuerdo a Moody’s, colocado un techo de endeudamiento al gobierno, que está rebasado, la única posibilidad es que el poder federal le inyecte recursos vía partidas extraordinarias.
Antes de ello el gobierno debe renegociar los débitos que arrastra con la banca comercial privada y con contratistas.
En el caso de las deudas con bancos de desarrollo, la salida sería reducir el compromiso de pago de cara a las ministraciones federales.
La entidad debe cinco mil millones de pesos a proveedores y contratistas.
Sale Modelo. Anticipada la acción desde que se negociaba su venta a la firma belga-brasileña AB-InBev, el Grupo Modelo finalmente logró autorización para salir del piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores.
La cervecera constituyó un fideicomiso para adquirir las acciones que aún se mantienen en circulación, cuya vigencia será de seis meses.
Se va Beauregart. La sorpresa de la temporada es la renuncia del director corporativo de Finanzas de Petróleos Mexicanos, Mario Beauregart, a quien se ubicaba como pieza clave del organigrama. De inmediato, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, planteó para el relevo a Francisco González Ortiz Mena, de la dinastía del que fuera por años presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Antonio Ortiz Mena.
La propuesta fue bateada por el Consejo de Administración de la empresa productiva de Estado, aduciendo falta de experiencia en la industria.
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