Más Información
Negociada con pasión entreguista por parte de México la revisión del Convenio Bilateral Aéreo con Estados Unidos, la obsequiosidad inaudita colocó al Ejecutivo en línea para una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte, por invadir funciones del Legislativo.
Al margen de que el documento pudiera ser aprobado por la mayoría priísta y sus satélites en el Senado, la opción quedará viva para algún o algunos partidos de oposición.
Hete aquí en el texto rubricado el 21 de noviembre del 2014 por la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y el Departamento de Transportes de Estados Unidos se plantea una apertura sin restricciones que se extiende a la prestación de servicios intermodales a través de medios de transporte de carga, marítimo, fluvial y ferroviario.
La apertura, pues, se fue hasta la cocina en materia de carga, invadiendo la frontera del capítulo que se estaba negociando.
Textualmente, el inciso octavo de la cláusula ocho del capítulo Oportunidades Comerciales, permite a las aerolíneas y proveedores indirectos de transportes de carga de ambas partes emplear “sin restricciones” para la conexión del transporte aéreo internacional, “cualquier transporte de superficie para la carga”.
Más aún: “Las aerolíneas podrán elegir o realizar su propia transportación de superficie o proporcionarla a través de arreglos con otros transportes terrestres o marítimos, incluyendo la operada por otras aerolíneas y proveedores indirectos de transporte de carga aérea”.
La posibilidad, pues, le abre el transporte de superficie interior a terceros países, lo que se conoce como cabotaje.
El problema es que al modificar las reglas de transporte terrestre dentro del territorio nacional la SCT está violando la jurisdicción del Legislativo.
Un Convenio Bilateral no puede imponer reglas o disposiciones que rebasen el ámbito de la ley.
De acuerdo al artículo 89 de la Constitución el Ejecutivo no tiene facultades para imponer, derogar, enmendar o sustituir las disposiciones reservadas al Poder Legislativo.
Naturalmente, la inaudita prebenda al país del norte se negoció al margen en la regla de oro de la reciprocidad. Lo que Estados Unidos puede hacer aquí, México no lo puede hacer allá.
Y, naturalmente, la posibilidad no se debatió al menos con los sectores afectados, es decir la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga y las empresas de mensajería y paquetería nacionales.
Y si le seguimos, se dejó en el aire con que tipo de permiso o autorizaciones se operaría, dado que existe el transporte particular, privado y mercantil, en cuyo caso se opera con autorización tanto de la Federación como de entidades federativas y municipios.
El texto original del Convenio Bilateral Aéreo hablaba de que el transporte terrestre solo podría ser proporcionado previo acuerdo firmado con operadores de servicios intermodales autorizados de conformidad con las leyes de cada país.
La primera parte de la negociación, dos de las cuatro reuniones, las encabezó por parte de México el exdirector general de Aeronáutica Civil, Alexandro Argudín Le Roy, cuya inexperiencia le dio pauta a la contraparte para ganar terreno.
La paradoja del caso es que el gobierno señaló en su momento que había tenido cuidado de que los derechos otorgados a empresas de capital estadounidense en el Convenio se apegaran a la legislación nacional.
Así se plasmó en el Memorándum de Consultas de ambos gobiernos. ¿Dejará pasar el gol el Senado?
Balance general. Cancelado el abusivo incremento mensual al precio de gasolinas y diésel que se volvía absurdo frente a la caída dramática en el precio del petróleo, los legisladores priístas y sus satélites se sacaron de la manga otro golpe a los consumidores.
Estamos hablando de un incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para los combustibles, a una tasa equivalente a cuatro pesos.
El monto equivale a lo que se deslizó el precio de gasolinas y diésel durante cuatro años.
De acuerdo a la Ley de Ingresos para el 2016 la Secretaria de Hacienda recaudaría 109 mil millones de pesos por concepto de IEPS a combustibles.
El golpe ha movilizado el cabildeo de las empresas transportistas en el Senado, por más que la ola expansiva le pega a la totalidad de la producción del país.
Guerra sin tregua. Lanzada a toda furia la guerra conyugal entre la reina del gas, Angélica Fuentes y el rey de los suplementos alimenticios, Jorge Vergara, en cuyo escenario está viva una orden de aprehensión contra la primera, ésta devuelve el golpe con una demanda en Estados Unidos.
La vela en el entierro es la existencia de operaciones en ese país de la empresa cuyo propiedad se volvió manzana de la discordia. Estamos hablando de Omnilife USA.
Fuentes acusa a su aún marido de violar la Ley Federal contra la Extorsión Criminal y Organizaciones Corruptas.
En la feria de cargos se habla de coacción para despojar a la mujer de su participación en el capital de la firma cuya sede central se ubica en Guadalajara; de fraude y extorsión.
En paralelo, se habla de amenazas de destruir a la empresaria en la prensa y de organizar manifestaciones populares en su contra, además de calificarla de criminal y fraudulenta en programas de radio y televisión. Vergara dijo que la denuncia era una “jalada”
Monopolio publicitario. Creada hace dos años, la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano está demandando por supuestas prácticas monopólicas al Consejo de Publicidad Exterior de la ciudad de México.
La denuncia ante la Comisión Federal de Competencia Económica habla de que el organismo se reparte el negocio, con la novedad de que la mayoría de las empresas que representa son parte de un mismo grupo económico.
Se habla, por ejemplo, de que Publicidad Rentable, Máxima Publicidad en Servicios y AD Max Espectaculares tienen como representante legal a Ilse Viridiana Pérez Gómez, en tanto Roberto Flores Gutiérrez representa Máxima Vallas y Unipolares, Productividad Máxima en Servicios y Máxima Servicios Publicitarios.
OHL en capilla. Iniciada en mayo pasado una investigación sobre supuestas trampas en sus esquemas de contabilidad, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores llegó ya a la recta final, anunciándole a la constructora OHL México la posibilidad de ser sancionada.
La empresa reviró de antemano que impugnará el castigo.
De entrada presentará un recurso de reconsideración, y de no prosperar llevará el caso a los tribunales.
La denuncia, al parecer, la colocó la firma Infraiber.
El asunto deriva, justo, de la forma en que se maneja la recaudación en casetas de peaje de las concesiones de vialidad que mantiene la filial en México de la española Obrascón, Huarte, Lain.
albertobarrancochavarria0@gmail.com
