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El escandalo podría derivar solo en alguna o algunas multas al no ubicarse mayor sustancia en las denuncias que hablaban de sobornos para agilizar su expansión.
De acuerdo a la agencia Reuters no habría cargos criminales.
La punta de la madeja la colocó en la mesa un exfuncionario de la filial en México de Walmart Stores que fue despedido al detectarse que había contratado a nivel externo a una empresa de la que formaba parte su esposa.
Este habló de prácticas indebidas de la cadena, cuyo hilo conductor llegó al diario estadounidense The New York Times, quien prendería la mecha del escándalo.
La denuncia fue recogida por un fondo de pensión estadounidense con sede en Michigan, que le había apostado a las acciones de la compañía cuyo precio había caído 12.1 por ciento, provocándose una pérdida virtual en el valor de los papeles de siete mil 282.2 millones de dólares.
Bajo el argumento de que la emisora había ocultado la información sobre una investigación interna del asunto iniciada el 27 de febrero de 2006, el fondo planteó una demanda. Según ello Walmart no informó a su asamblea de socios del hecho, que necesariamente afectó los estados financieros del 2010 y 2011.
En el remolino, se revivió una vieja discusión sobre la instalación de una de las tiendas de la cadena de cara a las ruinas arqueológicas de Teotihuacan.
La alerta obligó a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, al Instituto Nacional de Antropología e Historia y a gobiernos estatales a abrir una investigación, cuyo resultado se quedó en el limbo.
Sin embargo, la propia matriz de la firma creó una comisión para investigar el expediente, cuyos resultados tampoco se hicieron públicos, por más que se reconocieron solo faltas menores, prácticamente insignificantes, como el que había disparidad en uno o dos metros en algún frente de construcción, o que en otra obra no se contaba con el visto bueno de Previsión Social en caso de siniestro.
Además, se hablaba de algún recibo de donaciones al DIF.
En tal caso, alegaba la cadena, la merma en los estados financieros se debió a que del 2000 al 2010 había expandido su presencia con dos mil 700 nuevas tiendas, pasando de estar en solo 43 ciudades a 384, lo que la consolidó como líder del mercado, con un 74 por ciento de participación.
Empantanado, pues, el asunto en México, en Estados Unidos un juez magistrado federal de Arkansas le daba luz verde a la demanda interpuesta, pese a los reclamos de la acusada para archivarla. El caso es que no se logró ir más allá de supuestos.
Y el caso, sin embargo, es que el escándalo provocó una desaceleración en la velocidad de expansión de la cadena en el país. De las tradicionales 25 o 30 tiendas más cada año, se bajo a la mitad en el segmento Mega.
A su vez, en el huracán a la matriz le estalló su primera huelga en la larga historia de 32 años de la empresa. En la ruta, la demandaron por presuntamente violar las leyes de salarios mínimos y horas extras al exigirle a los trabajadores temporales presentarse a trabajar antes del horario asignado, además de quedarse más tarde y laborar en periodos de descanso sin compensación.
El peso del escándalo.
Balance general. Anunciado la semana pasado por el secretario de Energía, Pedro Joaquin Coldwell, un plan para dotar de mayor liquidez a Petróleos Mexicanos frente a una catarata de denuncias de morosidad en los pagos para proveedores, la tardanza está provocando asfixia.
En el mejor de los casos los retrasos son de 180 días.
En el caso de los contratistas la afectación es doble, toda vez que la exempresa pública renegoció las tarifas pactadas en rangos de caída de 18 a 20 por ciento, achicando en otros casos el volumen del contrato, y cerrándose la posibilidad de otro.
La firma más afectada es Oro Negro, que encabeza Gonzalo Gil White, quien nació justo a la vera de la posibilidad de reforma energética.
La compañía recibe menos recursos por contratos pactados para plataformas marinas, y tiene que cubrir los abonos de las que mandó a construir en Singapur.
Siempre no. Aunque el punto toral de la lucha del Partido Acción Nacional contra la reforma fiscal planteaba reducir el Impuesto sobre la Renta de 30 a 28 por ciento para personas morales y de 35 a 30 para físicas, colocando en segundo plano el regreso de la tasa del 11 por ciento de IVA en las fronteras, al final resultó que ni uno ni otro pasaron.
El argumento que se argulló fue que ninguno de los dos capítulos estaba integrado a Ley de Ingresos para el año próximo que se discutía.
Sin embargo, los panistas lograron luz verde en otra de sus propuestas, que obligaba a reducir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a refrescos, a medida en que se redujera también su contenido calórico.
La caída será de 50 por ciento, es decir en lugar de un peso el tributo será de 50 centavos. La propuesta la había colocado en la mesa el diputado Armando Rivera.
Amago del SAT. En el marco de una pesquisa sin precedente para ubicar boquetes que pudieran aumentar la recaudación, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), está solicitando información a las diversos clubes sociales sobre sus socios.
Uno de los objetivos apuntó al Club Campestre Churubusco.
El reclamo apunta a los generales de quienes cuentan con membresía, incluido el RFC, además del monto anual de las operaciones realizadas y la forma de pago, aclarando que si ésta se hizo con tarjeta de crédito, se deben clarificar los datos de ésta.
Rascan al Banco de México. En el jaloneo para estirar el presupuesto para el año próximo, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados incluyó en el dictamen de la Ley de Ingresos una cláusula que permite utilizar los remanentes de operación del Banco de México para el pago de deuda pública y reducir el déficit ingreso-egreso.
La operación pugnaba porque los recursos, calculados en 70 mil millones de pesos, apuntaran a gasto de inversión.
El documento habla de abatir la deuda contratada en años anteriores.
albertobarrancochavarria0@gmail.com
