Colocada a la consideración del Congreso una iniciativa de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, ésta pareciera plantear una ruta de reversa.
Se diría que le enmienda la plana a la abrogada durante el gobierno zedillista, el 4 de enero de 2000… para oscurecerla más.
De hecho, la sorna ha calificado la alternativa como Ley Higa, Ley OHL o Ley Compadre.
De entrada, la iniciativa no plantea marco alguno de transparencia en materia de contratos otorgados por asignaciones directas; no contempla solicitar la opinión de terceros interesados en las contrataciones, y tampoco le da pauta a cerrar el paso a la discrecionalidad de los licitantes.
De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, el documento establece hasta 300 excepciones para la aplicación de la ley.
Entre las decenas de huecos, por ejemplo, se hace opcional el uso de la plataforma Compranet, pero no se establecen criterios.
Y aunque se agiliza el plazo entre la presentación de propuestas y la decisión final, se considera que con ello se favorece a licitantes específicos.
De acuerdo a la ley en vigor, el portal Compranet permitiría abrir un registro único de contratistas y un padrón de testigos sociales, transparentando todos los concursos que se realicen por invitación directa; las actas de las juntas de aclaraciones; el acto de presentación y apertura de las propuestas; el fallo; los testimonios de testigos sociales, y los datos de los contratos.
La discusión llega, justo, cuando la sospecha de manejos irregulares en los contratos ha alcanzado su clímax. A contrapelo de la argumentación del secretario de la Función Publica, Virgilio Andrade, sobre la legalidad en la adquisición de la llamada Casa Blanca, cuya propiedad se atribuye a la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, y de la del Club de Golf Malinalco del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, la opinión publica mantiene más dudas que certezas.
Las casas, como usted sabe fueron construidas y financiadas por el Grupo Higa de Juan Armando Hinojosa, contratista estelar del gobierno.
El escándalo de proyectó en la prensa internacional
Su confrontación con la empresa Infraiber, a su vez, dejó en entredicho, por más auditorías externas que mandó hacer, a la constructora OHL.
En la ruta, no existe aún claridad sobre la razón de la salida de la dirección Cooperativa de Procura y Abastecimiento de Pemex de Arturo Hernandez Autrey, a quien se le liga con el presidente de Oceanografía, Amado Yáñez, alguna vez contratista consentido de la exparaestatal.
En el escenario borrascoso se habla de licitantes que le piden a un licitado diseñar las bases para confeccionar un traje a su medida; de cuotas fijas por contrato que llegan hasta el 30% de su monto.
Ahí están las sospechas sobre el padre del aún gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, de elegir y negociar con quien sí.
La oportunidad, pues, era de oro para resanar todas las rendijas… y las están haciendo más grandes.
Balance general. Abierta la posibilidad de constituir una nueva Cámara empresarial que aglutinaría a firmas del sector energético, ésta se diluye ante un escenario de politización en que, ante la debilidad de liderazgo de la Concamín, el Consejo Coordinador Empresarial pretende llevar la batuta.
La alternativa tenía el visto bueno de la Secretaria de Economía, en la urgencia de un interlocutor que represente los intereses de las compañías al asalto de la coyuntura de la reforma energética.
En la danza de intereses, el exdirigente de la cúpula industrial, Francisco Funtanet, hoy de capa caída, pretende imponer como presidente de la instancia a Giovanni Aloi, en tanto otro segmento pugna por el consultor Ernesto Marcos.
Hace 12 años que no se crea una Cámara.
Liberan a Oceanografía. Incapaz de darle concierto a la empresa, pese a la ayuda judicial que le permite volver a tomar contratos con Petróleos Mexicanos, el juzgado del Tercer Distrito en Materia Civil le ordenó al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes dejar la administración de Oceanografía.
Esta quedará, de acuerdo a lo pactado en el convenio que le permitió salir del concurso mercantil al que se le había llevado de leva, en manos de sus accionistas y acreedores.
Estos tendrán 88% del capital.
Colocado el acuerdo como base para mantener la operación de la firma de mantenimiento de plataformas marinas, el SAE no había logrado regresarla como empresa en marcha, pese a que tenía aún contratos vigentes con Pemex, firmados antes de su suspensión por dos años.
De los 11 mil empleados de la compañía, quedan solo mil 800.
La firma encabezada por Amado Yáñez, preso desde hace un año, está envuelta en una serie de litigios promovidos por los dueños de los principales barcos que integraban su flota, entre ellos OSA Goliath y Caballo Marango.
Candiani se queda. Bajo el argumento de que no se puede detener el cabildeo con el Congreso para modificar ordenamientos fiscales que se convirtieron en cuellos de botella para la economía y el mercado interno, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, alargó su último periodo.
Este se había agotado en junio.
Aparentemente la elección de su sucesor se realizaría hasta noviembre, por más que ya hay pataditas bajo la mesa entre la Coparmex y el Consejo Nacional Agropecuario
Foro Forbes. Bajo el lema “El futuro está aquí”, mañana se realiza en el Hotel ST Regis el tradicional Foro Forbes, en el que participan los presidentes de varias empresas multinacionales radicadas en el país.
Entre los debates a realizarse está uno denominado “La verdad sobre el nuevo consumo”, en el que participan Fabio Prado, presidente de Unilever México y el Caribe; Renzo Casillo, vicepresidente Ejecutivo de autoservicios Wal Mart; Blas Carballo, director general de Paypal México y Lino Cataruzzi, director general de Google México.
En las mesas estará también “La era de los hackers”; “La realidad del internet de las cosas”; “Seguridad alimentaria, el reto del milenio”, y “Reinventando a México”.
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