Estamos hablando de la opción para los afiliados al Seguro Social, al ISSSTE y al Seguro Popular de utilizar indistintamente la infraestructura, en afán de equilibrar la oferta. La cama que falta en uno la compensa el otro.
La posibilidad se encuadra como una de las vertientes del Sistema Universal de Salud emanado de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Organismo para la Cooperación y Desarrollo Económico, conocido por sus siglas como OCDE.
La alternativa se planteó como una de las promesas de campaña del presidente Enrique Peña Nieto a título de prioridad y con la promesa de fortalecer la atención médica del sector.
Del dicho al hecho, el compromiso se ratificó en el programa Sectorial de Salud con base a las aportaciones del Centro Nacional de Evaluación de Programas Sociales y la Fundación Nacional para la Salud.
Congelada la ruta por diversas circunstancias de carácter técnico-político, de pronto resurgió el tema vía el informe financiero del Instituto Mexicano del Seguro Social.
En la parte final del documento dirigido al Ejecutivo y al Legislativo se señala letra por letra que “el mayor proveedor de servicios de salud del país comparte la convicción de avanzar en la consolidación del Sistema Nacional de Salud Universal para asegurar la cobertura efectiva de los servicios”.
El texto habla de asegurar el acceso universal a los servicios de salud y ampliar el acceso a la seguridad social para alcanzar un México más incluyente y próspero.
La ruta plantea una mejor coordinación entre las instituciones públicas de salud… en un escenario en que tanto el IMSS como el ISSSTE tradicionalmente han navegado al margen de la Secretaría del ramo.
El escenario habla de evitar duplicidades en la cobertura y homologar los servicios, partiendo del reto de generar sinergias con un enfoque de trato digno a los usuarios y sus familias.
Hasta hoy en lo único en que se ha avanzado es en la compra consolidada de medicamentos para el sector, que el año pasado alcanzó una factura de 51 mil millones de pesos, en un escenario al que se incorporaron no solo los hospitales de la Secretaría de Salud sino los de Pemex y los de ocho entidades federativas, que este año llegarán a 13.
Más allá, existe un Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de Emergencias Obstétricas, es decir servicio indistinto para atender casos que reclaman librar distancias.
Cubierto el servicio, el organismo al que está afiliado el paciente le entera al que lo otorgó el pago correspondiente, vía un catálogo de tarifas máximas homologadas, en que se establecen mecanismos y garantías de pago.
El IMSS asegura que al esquema de portabilidad para cualquier caso se incorporarían al Programa IMSS Oportunidades y al Seguro Popular.
El problema es que hasta hoy no se ha iniciado el diálogo con la Secretaría de Salud, ni se ha integrado un comité de la sociedad civil y la academia para emitir recomendaciones.
Y el problema, naturalmente, es que la falta de información ha inquietado a los trabajadores de todas las instancias ante el temor a perder sus plazas.
Por lo pronto, el gobierno ya cubrió casi la mitad del camino sin posibilidad a la vista de la meta.
Balance general. Aunque el Grupo México asegura haber cubierto ya los 2 mil millones de pesos que se integraron en un fideicomiso denominado Río Sonora en el escenario de la remediación de los estragos provocados por un derrame de sustancias tóxicas de su mina Buenavista del Cobre, aún le quedan en la mesa cinco demandas de particulares que se consideran damnificados.
La Secretaría de Salud ha desembolsado mil 204 millones de pesos para atención de los siete municipios asentados en la ribera del río Bacanuchi, afluente del Sonora, lo que no evitó que las instalaciones de la mina fueran sitiadas durante varios meses.
Como usted sabe, lo que para la Secretaría del Medio Ambiente fue el peor desastre ecológico en la historia reciente del país, lo provocó la caída al río de 40 millones de litros de sulfato de cobre.
La promesa habla de monitorear hasta el 2024 las posibles afectaciones a la población.
De acuerdo a la Cofepris el agua está ya libre de los contaminantes.
Conflicto en Chiapas. La posibilidad de construir y operar un parque eólico en la zona zapoteca de Juchitlán, Oaxaca, por parte de la empresa Energía Eólica del Sur, está provocando un conflicto social en la zona.
Aunque la firma pactó un convenio de cara a una asamblea ciudadana para acotar o cancelar la posibilidad de afectaciones, la Asamblea Popular del Puerto Juchiteco desconoce la validez de ésta.
El acuerdo hablaba de una serie de apoyos a la zona, vía la creación de un fideicomiso que entre otras cosas apoyara una disminución en el costo de la energía eléctrica.
El proyecto plantea la generación de mil 300 gigawatts-hora de energía eléctrica, vía el movimiento de 132 cogeneradores para una capacidad total de 396 megawatts.
El grupo disidente se había amparado contra la luz verde inicial que la Secretaría de Energía le había dado al asunto.
Su alegato habla de que la asamblea fue manipulada.
Ahora el cilantro. En una más de las tradicionales barreras fitosanitarias que Estados Unidos le impone a los productos agrícolas mexicanos, el turno es del cilantro cosechado en Puebla, a quien la Administración de Drogas y Alimentos del país vecino le cerró parcialmente la frontera.
La exposición de motivos habla de que realizada una inspección en los campos de producción se encontró con heces fecales, lo que a su juicio provocó una epidemia de ciclosporiasis en algunos estados de la Unión Americana.
La acusación ha sido rechazada por los productores poblanos.
La medida, por lo pronto, ya paralizó la producción en 40 municipios de la entidad federativa, provocando la pérdida de 60 mil empleados.
La cosecha era de 10 mil toneladas.
Funes en la tablita. Detectadas por la Auditoría Superior de la Federación diversas irregularidades en la entrega de un contrato de 400 millones de pesos a la empresa Infotec, el director de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Ignacio Funes, se encuentra en la cuerda floja.
De acuerdo al órgano de vigilancia de la Cámara de Diputados, la instancia no se aseguró de vigilar las horas reportadas en las tareas de la firma, lo que provocó pagos injustificados.
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