La orden del juez George H. King, plantea restituir algunos derechos que habían sido vulnerados, entre ellos la posibilidad de vacaciones y el pago de la póliza correspondiente.
En paralelo, se le exige a la firma mexicana que opera con la razón social Bodega Latina Company, regresar a la mesa de negociaciones con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de los Alimentes y el Comercio (UFCN por sus siglas en inglés), para revisar el contrato colectivo.
Las pláticas se reanudarán el 18 de agosto. Adicionalmente, se le conmina a restituir en su plaza a un trabajador de nombre Fermín Rodríguez, que había sido despedido por su activismo sindical.
El problema se inició hace más de cuatro meses ante la denuncia de 600 empleados de siete de las tiendas de la cadena en California, cuyo número total en el Estado es de 22, por lo que se calificaba de maltrato y violaciones a los códigos de salubridad y el derecho laboral federal.
Concretamente se hablaba de acoso, intimidaciones y hasta despido de inconformes.
La protesta derivó en un pliego petitorio en el que se exigían horarios más estables, licencias adecuadas por enfermedad, remuneraciones justas.
Ante el escaso eco patronal, el sindicato pidió el apoyo de la Federación del Trabajo de California, que afilia a 2.1 millones de trabajadores, además de 17 consejos vecinales de Los Ángeles y 116 organizaciones comunitarias.
La empresa había calificado de intransigente al sindicato, promoviendo un recuento para avalar o rechazar su representatividad, que ganaría éste.
El último intento para frenar el alud lo había planteado el sindicato vía la amenaza de un boicot… que empezó a cumplirse en abril pasado vía protestas frente a las tiendas y correos directos en que se denunciaban 179 violaciones a los códigos de salud en 16 tiendas, que según el sindicato se habían multiplicado a 679 en 21 unidades de tres condados.
En la ruta se presentó una queja ante la Junta Nacional de Trabajo por violaciones a las leyes laborales, incluido el despido de un representante del sindicato… justo el que solicitó el juez su restitución.
En la presión, se le envió una carta al presidente de la cadena en México, Alfredo Chedraui, en que le conminaban a informar a sus accionistas sobre cinco puntos que oscilaban desde los efectos reales o potenciales del boicot, en sus ingresos; el daño a la reputación a la marca “El Super”; los riesgos de extenderse el boicot a otras tiendas de la cadena en la Unión Americana; las consecuencias en la operaciones de las tiendas…
El reclamo llegó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, acusando a las tiendas de soslayar, de cara a los inversionistas, el impacto del boicot.
La firma minimizó el asunto, en tanto la autoridad solo se dio por enterada.
Balance general. En lo que representa un golpe adicional a las exportaciones de azúcar mexicana a Estados Unidos, el Departamento de Comercio redujo los “cupos”, es decir la posibilidad de llegar a su mercado, que había fijado en enero pasado.
La posibilidad bajó de un millón 162 mil toneladas a 983 mil 247.
La restricción llega justo cuando está por iniciarse la zafra, con perspectivas de incrementar la producción.
Como usted sabe, la autoridad del país vecino trocó la posibilidad de abrir un procedimiento contra el azúcar mexicana por el supuesto de llegar a su mercado con apoyo de subsidios, lo que volvía irreal el precio por la imposición de cupos, es decir limitar el acceso.
Antes de ello se había impuesto al dulce una cuota compensatoria preliminar que obligaba a pagar entre 39.54 y 47.26 por ciento de impuesto sobre el precio ad valorem con que llegaba al mercado.
Retan al SAT. En lo que constituye una rebelión conjunta contra el Servicio de Administración Tributaria, al menos una docena de corporativos está amparándose contra una disposición que les obliga a notificar lo que en el argot bursátil se califica de “eventos relevantes”.
En la lista están Televisa, Industrias Peñoles, Nissan, BBVA Bancomer y la cadena de autoservicios Chedraui.
De acuerdo al artículo 31-A del Código Fiscal de la Federación, los grandes contribuyentes están obligados a informar sobre operaciones con partes relacionadas, fusiones, reestructuras o movimientos que afecten la operaciones cotidiana, en un lapso máximo de 30 días a la fecha del evento.
Aunque existe una resolución de la Suprema Corte dándole la razón al SAT frente a denuncias similares, aduciendo que están dentro de sus facultades de fiscalización, está no ha integrado jurisprudencias.
Fracasan políticas públicas. De acuerdo a la agencia de investigación de mercado Nielsen, el tributo de un peso aplicado a las bebidas carbonatadas para en el papel cohibir su consumo y combatir el problema de obesidad no ha dado los frutos previstos.
La reducción en un año ha sido de ¡182 litros! De los 11 millones que se consumen en promedio.
El caso es similar al de Nueva Zelanda y Dinamarca, que aunque en 11 años, de 1998 al 2002 se logró que las mujeres disminuyeran el consumo de azúcar en 11.2%, y los hombres en 6.6%, la tasa de obesidad en las primeras creció 7.2 y en los segundos 10.7.
Los datos se ubican en el estudio denominado El Fracaso: Por qué el impuesto al azúcar no frenará la obesidad.
En la misma ruta Dinamarca, aplicó en el 2011 un impuesto a las grasas saturadas que provocó un alza en el costo al público y una disminución en la competitividad de las empresas, generando una inflación de 4.7%.
El caso es que los daneses, siguieron consumiendo la misma cantidad de productos con grasas.
Premian a Jarque. Quien acaba de ser reconocido por el Instituto Internacional y el gobierno de la India es el principal experto mexicano en la materia, Carlos Jarque, alguna vez director general del Inegi y otra secretario de Desarrollo Social.
El galardón equivale al Premio Nobel de Estadística.
El dictamen habla de “las extensas y pioneras contribuciones del mexicano al desarrollo de la estadística teórica y metodológica y a la modernización de los sistemas a nivel individual”.
El premio denominado ISI Mahalanobis, se entrega cada dos años.
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