Esta llegaría dos meses después, tras la intervención del secretario de la Presidencia, Aurelio Nuño, quien debió hablar directamente con el titular de la dependencia.
El diálogo, pues, se abrió cuando la empresa Arcelor Mittal, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán, había realizado un primer paro técnico ante la imposibilidad de competencia.
Ahora que en la historia del problema que amenaza con dejar en la calle a 40 mil trabajadores de la industria, tras el despido de 2 mil 500 de Altos Hornos de México y 2 mil 500 más de la firma DeAcero, hay un desacato de la dependencia, éste con cargo a la anterior administración.
Hete aquí que en un insólito provocado por la liberalidad extrema del gobierno panista anterior, el Sindicato Metalúrgico, Siderúrgico y Similares logró un amparo contra una resolución de la Secretaría de Economía de abatir aranceles a la importación de productos de acero.
El recurso del organismo de representación laboral encabezada por Tereso Medina Martínez, colocado al amanecer de 2012, cruzó dos barreras: un juez de Distrito, el del Octavo Circuito Judicial, con sede en Saltillo, José Daniel Nogueira Ruiz, y un Tribunal Colegiado…
En el camino, enviado un ejército de abogados por la dependencia entonces encabezada por Bruno Ferrari, se intentó reventar por la vía de una chicana una audiencia incidental convocada por el togado.
La misma “estrategia” que había utilizado en una solicitud similar de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero.
La protección de la justicia se había solicitado, en concreto, contra un Decreto Presidencial expedido el 9 de febrero de 2010, ordenando el desmantelamiento de aranceles para productos de acero provenientes de países con los que no se hubieran firmado Tratados de Libre Comercio, cuyo nivel se ubicaba entre 3 y 7%.
En el intermedio entre la entrada en vigor de la guillotina la dependencia le ofreció a cambio las perlas de la Virgen a los empresarios del ramo, es decir una caída en las tarifas eléctricas, un tratamiento fiscal laxo y aún abrir el escenario de compras oficiales a la industria nacional.
Ninguna de las promesas se cumplió a la llegada de las reversa, el primer día del 2012.
La dedicatoria del regalito apuntaba directamente al dragón chino, convertido ya en el principal productor de acero del planeta.
Y aunque en agosto del propio año la Secretaria de Economía le envió un oficio al Servicio de Administración Tributaria con efecto al amparo obtenido por el sindicato de la Confederación de Trabajadores Mexicanos, alertándolo de imponer un tributo de 3% el ingreso al país de productos de acero, se soslayó el que se cobraba a las barras de metal a una tasa de 5%, y otro de 7% para grandes piezas.
Desacato, pues, a medias.
Originalmente la dependencia había alegado que no podría meter la reversa por tratarse de un Decreto Presidencial, es decir del Olimpo intocable.
La paradoja del caso es que aunque el sindicato ofreció en aquel entonces promover un juicio por desacato contra Ferrari, el amago se quedó en el aire… ante una inaudita resolución judicial sacada de la manga que sobreselló el amparo… con la novedad de que tres años después se revive el asunto.
El organismo laboral está exigiendo revisar el expediente ante los estragos causados.
Teléfono descompuesto.
Balance general. En más de lo mismo del desmantelamiento paulatino de la nómina de Petróleos Mexicanos, el turno ahora es de mil trabajadores del ramo petroquímico que laboran en los complejos Escolin, ubicados en Poza Rica Veracruz y Tula, Hidalgo.
La medida tiene el aval del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana que encabeza Carlos Romero Deschamps.
La exposición de motivos habla de la falta de actividad de los centros laborales, en un escenario de abandono casi total de la industria.
La producción de petroquímicos se ha abatido en 7.8%, durante los primeros cinco meses del año. La caída es de 338 mil toneladas.
Con el recorte de 62 mil millones de pesos decretado por la Secretaría de Hacienda a las partidas presupuestales de Pemex el sector tuvo una merma de mil 599 millones.
La reducción de la nómina de la exparaestatal alcanza ya 15 mil plazas, sin contar con las que quedaron congeladas al jubilarse los que las ocupaban.
Colusión de Afores. Sin precisar nombres o detallar el pecado, la Comisión Federal de Competencia Económica inició un procedimiento para investigar una presunta colusión entre las administradoras de fondos para el retiro.
El ilícito se refiere a acuerdos para soslayar la competencia. De comprobarse el caso, se estaría violando no solo la Ley Federal de Competencia Económica sino las derivadas de la reforma financiera.
Hace unos días se anunció una curiosa sociedad entre cinco afores y algunos exfuncionarios públicos para crear un fondo de apoyo a proyectos petroleros, lo que implicaría que las primeras aportaran recursos para adquirir emisiones de deuda… dejando fuera al resto.
Netflix en Total Play. Aliada con Netflix, la principal red de televisión por internet en el mundo, Total Play les está abriendo la opción a sus clientes de integrarse a esta vía su plataforma de fibra óptica directa al hogar.
La firma del grupo Salinas ofrece 260 canales a sus suscriptores. Entrar al servicio de películas, documentales, series de Hollywood y otras producciones originales, será tan fácil como cambiarle a uno de ellos.
Fábula del comal y la olla. Hace unos días el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización de Sonora hizo público un reporte de ejercicio del gasto público durante 2013, detectándose irregularidades por 2 mil millones de pesos, imputables a mal manejo o no aplicación de recursos federales; la existencia de hasta 28 cuentas bancarias con recursos sin justificar, además de una catarata de desvíos, subejercicios, omisiones en el gasto y expedientes de evasión fiscal.
El escenario colocó otra vez al gobernador Guillermo Padrés Elías en la picota.
Acusado su gobierno de perseguir opositores al acueducto Bicentenario, de amenazar a jueces que permitieron amparos contra la obra, y de desacatar éstos, el ejecutivo estatal se ha ensañado contra una trabajadora doméstica a quien acusa de haber sustraído de un closet un portafolio con medio millón de pesos, además, supuestamente, de joyas.
Naturalmente, nunca se ha explicado cómo es que un funcionario público acumulaba tanto dinero en efectivo.
El caso es que la mujer, Gisela Peraza Villa, fue condenada a cuatro años de prisión, y liberada bajo palabra tras prisión de cuatro años y tres meses.
El hecho es que el Ejecutivo local acaba de apelar contra la libertad de la trabajadora doméstica, alegando que el tiempo en la cárcel no era acumulable por efectos de la sentencia. Así como lee usted.
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