DESDE EL MOMENTO en que Agustín Carstens el gobernador del Banco de México alertó respecto a la necesidad de actuar rápido para atajar en nuestra economía los efectos de la volatilidad internacional, queda claro que no fue fácil para el gobierno federal tomar la decisión respecto a un nuevo ajuste al presupuesto.
De hecho de bote pronto Luis Videgaray titular de la SHCP anunció que dicha medida se ejecutaría pero hasta 2017, lo que en cierta forma se justifica por el actual año electoral.
Tampoco es sencillo, frente a lo que hay en juego en muchos estados y lo que implica volver a repetir frente a la ciudadanía un escenario que ya vivimos en 2015, y que no es el mejor para abonar a la distribución de la riqueza.
Esta semana deberá haber más transparencia respecto a la contribución que tendrá PEMEX en este obligado esfuerzo.
Como se sabe a la empresa productiva del estado que ahora dirige José Antonio González Anaya le corresponderá aportar 100 mil millones de pesos, que equivale a casi el 76% de lo que se enmendará.
Dentro del menor gasto al sector central, también aporta por su cuenta la CFE que lleva Enrique Ochoa Reza y hay recortes en SCT de Gerardo Ruiz Esparza, SEMARNAT de Rafael Pacchiano y SAGARPA que comanda José Calzada en lo que son los apoyos a la comercialización.
En ésta última como era de esperar ya comenzaron las presiones de las organizaciones campesinas, renuentes a ser parte del sacrificio, máxime que la época electoral los pone en una posición de ventaja.
Igualmente los partidos políticos han comenzado a sacar raja del impopular recorte. Han abierto una polémica que no se justifica.
La refriega ha salido desde la Cámara de Diputados y el Senado a través de representantes del PAN como Marko Cortés coordinador de los diputados o del PRD vía el senador Armando Ríos Piter. Hay especialistas que abiertamente cuestionan el ajuste.
En realidad no había mucho que hacer. El gobierno de Enrique Peña Nieto debió tragar la medicina para acotar la presión de los mercados y del sector privado en general.
Entre los miembros del CCE que preside Juan Pablo Castañón se ponderó el riesgo de evitar el recorte o de reprogramarlo al 2017. El desenlace lo conocemos puesto que el costo es ensanchar más el déficit fiscal y la deuda.
De ahí que los mercados se mostraron complacidos con el anuncio fiscal y las medidas monetarias de Banxico, que por lo menos en el corto plazo han dado resultados al apreciarse el peso, aunque esta es una historia que no está escrita por la volatilidad global que prevalece.
Hasta ahora ha ayudado cierta mejoría del mercado petrolero como resultado de los esfuerzos de algunos productores como Rusia de Vladimir Putin, pero ahí también quedan muchas interrogantes por resolver sobre todo por la sobreoferta que prevalece y la limitada disponibilidad que ha mostrado Irán, productor obligado a regresar tras resolver sus sanciones económicas.
Por parte de la IP hay quien asegura que el recorte podría ser insuficiente y que faltaría hacer un nuevo esfuerzo, lo que es probable que se lleve a la práctica para el presupuesto del 2017.
También se va a insistir en la necesidad de que la SHCP empuje una auténtica reforma fiscal, la cual quedó pendiente.
Con los ajustes del 2014 si bien la recaudación mejoró, quedan por implementar cambios que se aplazaron por conveniencia política. Es obligado descansar más en impuestos indirectos y reducir la enorme carga del ISR a empresas y personas físicas.
Dadas las apreturas en las finanzas públicas la IP está preocupada por la posibilidad de más gravámenes y algunas nuevas figuras que afecten más la situación de las empresas.
De hecho ya hay programada una reunión con la mesa directiva de Concamín a cargo de Manuel Herrera Vega en donde seguramente se abordarán las muchas interrogantes que prevalecen, máxime el impacto que el recorte traerá para el mercado interno y una economía que en el mejor de los casos solo crecerá 2.3%.
AHORA SI LE adelanto que en las próximas horas se concretará el relevo en el timón de Ingenieros Civiles y Asociados (ICA), la constructora más importante de nuestro país. Alonso Quintana Kawage dejará la dirección general y será sustituido por Luis Zárate, ejecutivo con una larga trayectoria en esa firma y que goza del consenso al interior de la misma al igual que con los acreedores. Este no era el caso del regiomontano Alfonso González Migoya que en las últimas semanas ha actuado como codirector. No todos estaban convencidos de que asumiera los bártulos. Se sabe que el reemplazo de Quintana Kawage se amarró en los mejores términos y en un ambiente de concordia. De hecho éste último permanecerá en el consejo en diversas funciones que están por definirse. El cambio de estafeta se da en el contexto de la reestructura que ya inició. A principios de marzo, como le adelanté, habrá un primer encuentro en forma para resolver el pasivo por unos 1,200 millones de dólares con los tenedores de bonos. También hay avances con varios bancos.
Y OTRO TEMA que trae de cabeza al sector privado es el enorme rezago de pagos que hay para cientos de empresas por parte de PEMEX y los gobiernos de los estados debido a su problemática financiera. Canacintra que comanda Rodrigo Alpízar ya ha denunciado el asunto en más de una ocasión puesto que la situación es grave. Se habla hasta de 40 mil compañías damnificadas. De ahí que éste también es tema en las filas de Concamín de Manuel Herrera Vega. En una de esas se aprovechará para platicar del complejo expediente con Luis Videgaray de la SHCP en el encuentro ya concertado para la próxima semana. El monto de las facturas pendientes de pago se calcula en 120 mil millones de pesos.
SI DE CIFRAS se trata se estima que la propuesta de incrementar las semanas de incapacidad por maternidad, de 12 hasta 14 ó 18 semanas como lo recomienda la OIT podría significar un impacto financiero para las empresas por unos 12 mil 300 millones de pesos. Esta propuesta forma parte de la agenda del subsecretario de la STPS, Ignacio Rubí Salazar que como le adelantaba se reunirá hoy con los miembros de Coparmex que preside Gustavo de Hoyos. Se trata sin duda de un punto sensible para 5.1 millones de trabajadoras aseguradas en edad reproductiva pero la intención del sector privado es la de ponderar los costos. Por cierto que otro elemento que seguro se discutirá es la actualización de tablas de enfermedades profesionales. Hay un análisis para ampliar las incapacidades, lo que igual se visualiza por parte de las compañías en otra amenaza. Considere también la contratación multisindical. O sea que como puede ver hay tela de donde cortar.
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