Para honrar a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con motivo de su centenario, nada mejor, que el estudiarla a la par de la historia y la modernidad de nuestro país, para así comprender su texto y contenido político, económico, social y reformador.
Nuestra Constitución, como sabemos, fue producto del movimiento revolucionario iniciado en 1910, por Francisco I. Madero y continuado en 1913 por don Venustiano Carranza, en esa Constitución se consagraban las garantías individuales, las cuales partían de aquella añeja tradición francesa conocida como los “Derechos del Hombre”, en ella, también se incluyó a los derechos sociales.
Aprobada el 5 de febrero de 1917, por una asamblea en Querétaro, representaba una síntesis de las luchas del pueblo mexicano por regir sus propios destinos, a fin de lograr la plena libertad y conseguir su seguridad, conteniendo una serie de normas que delineaban el pasado histórico de un pueblo que anhelaba paz, justicia y progreso.
Nuestra ley fundamental contiene las decisiones políticas, económicas y sociales que un pueblo ha tomado a través de su historia; la forma en que ha resuelto organizarse, funcionar y defender sus libertades esenciales, tanto individuales como sociales.
Ante la evolución de la sociedad y las nuevas realidades de estos tiempos modernos se ha tenido que ajustar nuestra máxima ley, dando alojamiento a los antiguos derechos que siguen vigentes y acceso a los nuevos que se encuentran con las transformaciones de una realidad moderna dentro y fuera del país.
Así se ha dado paso a un mundo globalizado en donde se tiene que afianzar conceptos como la pluralidad democrática, el respeto y garantía de los derechos humanos, la participación ciudadana, la justicia social, el medio ambiente, la rendición de cuentas, la composición pluricultural de la nación, la igualdad de oportunidades y la prohibición de discriminación, el acceso a las tecnologías de la información, la creación de organismos autónomos, etcétera.
El Senado de la República, desde que inició trabajos en septiembre de 2012 cuando se estrenó la LXII Legislatura ha sido participe y actor principal de grandes reformas constitucionales que llevaban años en espera de cambios. El proceso no ha sido fácil ni rápido, ya que existen resistencias naturales que complican la aplicación de nuevas disposiciones, como ejemplo, la reforma educativa aprobada en ese mismo año y que ha dado pie a múltiples protestas de sindicatos y maestros que no asumen nuevas y modernas exigencias legales que implican dejar a un lado usos y costumbres arraigadas.
Por otra parte la creación y transformación de nuestras instituciones también han sido un reto para los poderes de la nación, específicamente la creación del INE quien es el facultado y encargado de garantizar procesos electorales apegados a derecho —pero sobre todo quien tiene la responsabilidad de brindar igualdad en la participación de los ciudadanos—, tiene hoy en día el reto y la oportunidad de mostrar a una institución imparcial y competente, que brinde certeza y credibilidad antes, durante y después de cada elección constitucional. A la par los gobiernos de los estados con proceso electoral deben y tienen que ceñirse a lo que nuestra carta magna ordena y respetar en todo momento la decisión de los electores, garantizar paz, tranquilidad y orden a la decisión emitida en las urnas.
En febrero de 2017 los mexicanos estaremos conmemorando el primer centenario de nuestra Constitución, motivo por el cual estamos invitados a la reflexión pero sobre todo a asumir retos y aprovechar oportunidades para seguir luchando por un México de libertades, apegado a Derecho y de pleno respeto entre nosotros.
Senadora por el estado de Yucatán, vicepresidenta del Senado