Ahora que ha comenzado la COP21 en París y que ha logrado reunir a 147 líderes del todo el mundo con grandes expectativas de lograr un acuerdo histórico contra el cambio climático, es importante enfocarse en la gran ventana de oportunidad que esto representa para lograr el futuro sustentable, que ciudadanos, gobiernos y organismos internacionales queremos alcanzar. El objetivo de la vigésimo primera Conferencia de las Partes (COP21), que finalizará el 11 de diciembre, es alcanzar un nuevo acuerdo internacional sobre clima aplicable a todos los países, y mantener el calentamiento global por debajo de los 2º C.
Los compromisos que cada Estado presenta han sido inscritos como Contribuciones Nacionalmente Determinadas (INDC, sus siglas en inglés). Este enfoque permite establecer metas de política pública “de abajo hacia arriba”, a partir de las capacidades, metas, prioridades y contexto de cada país.
México fue el primer país en desarrollo en enviar sus compromisos a la COP21 y asumió el reto de reducir hasta 22% las emisiones de carbono a la atmósfera hacia 2030, además de alcanzar para ese mismo año la “cero deforestación”.
Para lograr este objetivo, es fundamental el papel que tienen y tendrán la conservación y buen manejo de los bosques y selvas mexicanos.
La inversión en protección de bosques y selvas es más económica, en comparación con sectores como el energético o el de transporte, y esa inversión puede representar hasta 25% del potencial de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero como país.
México puede alcanzar sus metas si aplica estrategias de conservación en bosques y selvas. Para ello, se debe tomar en cuenta la capacidad de captura y disminución de gases de efecto invernadero.
Sin duda estamos frente a una oportunidad única para convertir al sector forestal en el mayor captador de carbono, y de capturar hasta 22 megatoneladas de CO2 para el año 2020.
Si queremos dar este paso, es fundamental consolidar un enfoque de desarrollo rural sustentable que logre vincular la agenda ambiental con la agropecuaria, y buscar de manera conjunta políticas públicas que favorezcan un manejo integrado y diversificado del territorio en México.
Hace algunos años, lograr esto en México parecería imposible. Sin embargo, ya hay avances.
Por ejemplo, en la Península de Yucatán, en donde se ha logrado la colaboración e integración sin precedentes de los gobiernos de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, al crear el Fondo de Acción Climática para la Península de Yucatán y el Observatorio de la Selva Maya. Estas dos herramientas reciben recursos para implementar buenas prácticas agrícolas, ganaderas y forestales, y para monitorear su efectividad. El enfoque de desarrollo rural debe atender sobre todo las principales causas de la deforestación, como es la ganadería extensiva.
Los sistemas silvopastoriles son una buena alternativa, al sembrar árboles y arbustos forrajeros dentro de los pastizales e implementar una rotación intensiva. Esta práctica permite a los ganaderos aumentar hasta cuatro veces el número de cabezas de ganado por cada hectárea. A su vez, los animales ganan más peso diario y producen más leche. Así, los ganaderos pueden tener mayores ingresos sin tener que tumbar bosques para expandir sus pastizales.
Necesitamos que la COP21 logre no sólo un acuerdo sobre los compromisos ya enviados, sino que además asegure la inclusión de mecanismos y políticas para lograr metas cada vez más ambiciosas, que aseguren la transparencia, que cuenten con un adecuado sistema financiero y que garanticen la mitigación y adaptación al cambio climático desde la realidad y contexto de cada país, ya que el futuro del planeta depende de ello.
Directora de Alianza México REDD+, apoyada por USAID
