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“La ley es uno de los elementos que contribuyen poderosamente no sólo a la organización, sino al mejoramiento de las sociedades, con tal de que se funde en las condiciones del Estado social y en vez de contrariarlas las utilice y casi obedezca”. Emilio Rabasa
Emilio Rabasa fue un jurista clave en la formación del Estado mexicano que, con su inquebrantable voluntad intelectual y sus aportaciones legislativas, contribuyó a dar forma a las garantías individuales, hoy derechos humanos, que son el eje fundamental de nuestro ordenamiento constitucional moderno.
Estoy convencido de que los derechos sociales vitalizan la democracia y son el camino idóneo para enfrentar la pobreza y la desigualdad, esa fue la ruta que se trazaron los padres del Derecho Social Constitucional Mexicano: Pastor Roix, Francisco J. Mújica, Alfonso Cravioto y Heriberto Jara. Restarles lugar en nuestra Constitución es no sólo un retroceso sino una trasgresión a la dignidad humana y a las reivindicaciones sociales.
La ruta trazada desde el Consenso de Washington aplicada por los sucesivos gobiernos neoliberales en México desde Miguel de la Madrid, tuvieron como objetivo acotar los derechos sociales contenidos en los artículos 3, 27 y 123 de nuestra Constitución. La contrarrevolución economicista que hemos padecido desde hace 30 años se opone al principio básico de que nadie es realmente libre si no tiene su existencia material garantizada.
Los derechos sociales se han convertido en la memoria colectiva del presente, la herramienta de combate más eficaz para lidiar contra la explotación, la marginación, la exclusión social, el racismo económico y las desigualdades. En esta tesitura, la evolución de los derechos sociales desde 1917 nos conduce a un nuevo gran derecho que he propuesto incluir en la Constitución, denominado Ingreso Básico Ciudadano, reconocido en la tesis aislada con número 172545 que emitió la SCJN, donde lo establece como un mínimo vital que se deriva de la interpretación de los derechos fundamentales, como un valor intrínseco: contar con las condiciones materiales que permitan llevar una existencia digna.
Venustiano Carranza, el gran revolucionario, afirmaba que bajo el principio de la solidaridad deben descansar todas las instituciones que buscan y realizan el perfeccionamiento humano. Sin embargo, la ruta de la Constitución truncada por el neoliberalismo nos ha dejado un Estado social desahuciado, teniendo como colofón reformas como la energética, la laboral y la educativa, que en nada han contribuido a la conformación de una vida digna para los mexicanos.
Hay voces que opinan que no se debe renovar la Constitución y preservar el statu quo, no comparto esta visión; tampoco considero válido cambiar las decisiones políticas fundamentales, los principios pétreos en materia social de nuestra Carta Magna, sólo porque está de moda la anarquía y el abuso del mercado como postula Milton Friedman.
Reformas a la Constitución consideradas como estructurales e indispensables para el crecimiento de la economía, como la reforma energética, estuvieron basadas en falsos argumentos que la realidad se ha encargado de mostrar; los supuestos beneficios en creación de empleos, inversión privada y mejores precios de combustibles no ocurrieron, en su lugar existe un continuo proceso de expropiación de la riqueza nacional. Es inaceptable modificar la Carta Magna para beneficiar a un sector, vulnerando los derechos sociales, protegiendo intereses mercantiles a través de instituciones a modo, con el único fin de asegurar las ganancias de unos cuantos ampliando la brecha entre ricos y pobres.
Cualquier propuesta de reforma constitucional que no ofrezca la oportunidad de renovar y fortalecer el sistema económico social, instituido desde 1917, de manera que la democracia penetre a la vida misma de la sociedad civil, no está a la altura de las circunstancias por las que atraviesa el país, ni es fiel al objetivo supremo del Constituyente de Querétaro: la reivindicación y defensa de los derechos de trabajadores y campesinos, la real justicia social.
Vicepresidente del Senado de la República
