El reconocimiento, defensa y promoción de los derechos fundamentales, así como la vigencia plena del Estado Democrático de Derecho, son las únicas vías para lograr la justicia tanto para los individuos como para la sociedad. En materia de derechos humanos no sólo basta creer, hay que hacer.
Aun cuando es innegable que nuestro país ha realizado grandes avances en el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas, así como en el establecimiento de instituciones para su protección y vigencia, lo cierto es que la agenda nacional en materia de derechos humanos registra múltiples pendientes y desafíos que demandan su atención urgente, entre los cuales se encuentra la problemática relativas a las desapariciones, misma que desafía y cuestiona las capacidades y recursos del Estado mexicano para dar respuesta a una situación que, con el paso del tiempo, se está convirtiendo en un obstáculo que no hemos podido superar en nuestro camino rumbo a una cultura sustentada en la observancia de los derechos humanos.
El problema de las desapariciones en México es una cuestión dramática, ajena a toda noción de respeto a la dignidad de las personas, cuya magnitud es preciso dimensionar objetivamente. Al día de hoy, aún no podemos contar con información real e integrada conforme a estándares internacionales, que nos permita distinguir los casos que efectivamente puedan implicar una desaparición forzada, de aquellos que están vinculados a la delincuencia organizada o respondan a otras causas. Sin esta información, difícilmente se podrán establecer acciones integrales y coordinadas de búsqueda, así como deslindar las responsabilidades correspondientes en cada caso.
Si bien es de reconocerse el esfuerzo que busca la creación de unidades administrativas avocadas a la investigación de los casos de desaparición, así como la formulación de propuestas normativas en este tema, si no se dota a las áreas especializadas de investigación de la información pertinente sobre los casos de desaparición; se les asignan y proporcionan recursos y capacidades, técnicas y humanas suficientes, adecuadas y pertinentes para el cumplimiento de sus objetivos; y se genera un marco normativo idóneo para el desarrollo de sus capacidades, difícilmente se obtendrán los resultados que se requieren y que la sociedad espera en esta materia.
Es preciso que se emita a la brevedad posible la Ley General, la cual deberá tomar en consideración todas las propuestas que se han presentado y estar sustentada en una discusión amplia, plural, e informada, que como punto de partida escuche y atienda los planteamientos de las víctimas, así como de los colectivos y organizaciones que defienden y promueven sus intereses.
El compromiso que las distintas instancias del Estado mexicano han asumido en materia de desapariciones debe tener un mayor reflejo en acciones concretas, que de manera contundente, dejen en claro que la atención de este ámbito es una prioridad, no sólo para el Ejecutivo Federal, sino también para los gobiernos de los estados, y en general, para todos los poderes, niveles y órdenes de gobierno.
La voluntad se ha expresado, se han emprendido algunas tareas, pero aún están distantes los resultados que serían deseables. Al día de hoy, nuestro país aún no ha honrado la deuda y compromiso que tiene con las víctimas de las desapariciones, con la sociedad y con el cumplimiento de las determinaciones emitidas por organismos internacionales en esta materia.
Ante este escenario, muchas mexicanas y mexicanos han asumido como compromiso de vida la defensa y protección de los derechos humanos, emprendiendo en el ámbito de la sociedad civil organizada, diversas acciones para coadyuvar en la atención de los problemas, retos y desafíos que enfrenta nuestro país en ese ámbito. Ellos, al igual que Consuelo Gloria Morales Elizondo y Sandra Jiménez Loza, cuya trayectoria se reconoció en la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2015, han alzado la voz cuando se ha querido imponer el silencio; ante el olvido han preservado la memoria; ante el miedo han cultivado la entereza; han optado por la verdad para contestar a las mentiras; y ante la violencia y el abuso han decidido defender la justicia.
La defensa y protección de los derechos humanos no es algo que pueda esperar o estar sujeta a tiempos o intereses políticos o de cualquier otra naturaleza, así como tampoco regirse por otro parámetro diverso a la búsqueda de la verdad. Si 2011 fue el año en que se formuló la relevante reforma Constitucional que nuestro país llevó a cabo en la materia, 2016 debe ser el año de la implementación efectiva de la misma por todos los poderes y autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para lo cual es necesario un esfuerzo coordinado, conjunto e integral, de la mano de la sociedad civil.
En estos últimos años se han emprendido distintos procesos de reforma en materias y áreas estratégicas de nuestro país. Sin demérito de la importancia de estos procesos de reforma, México aún debe emprender una reforma ética para un verdadero Estado de Derecho sustentado en la vigencia de los derechos humanos, la cual implique un cambio de paradigma dentro de todos los miembros de la sociedad, que empezando con el ejemplo que den las autoridades, genere en ellos la convicción de que el cumplimiento de la ley es mejor que su incumplimiento; que es más conveniente, tanto para los individuos como para la colectividad, ser honestos que deshonestos; que el cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada uno redunda en beneficio de todos y que la aplicación de la ley y la formulación de leyes pertinentes y debidas no es algo que se pueda o deba negociar, ni materia de transacción entre intereses particulares.
En la propuesta que en materia de seguridad y justicia en democracia se formuló desde la Universidad Nacional Autónoma de México en 2011 se propuso el que se celebrara un pacto político y social de base amplia que permitiera reorientar a nuestras instituciones de seguridad y justicia para hacer frente a la crisis de violencia que enfrentaba el país. Hoy vale la pena reiterar esa propuesta, sumando un compromiso por los derechos humanos y el Estado de Derecho. Si como mexicanos somos capaces de reunirnos, escucharnos y entendernos, así como reflexionar sobre la responsabilidad histórica que tenemos frente a la Nación, creo que sumando esfuerzos podremos mejorar nuestro presente y construir un mejor futuro.
México tiene ante sí una coyuntura crítica en el ámbito de los derechos humanos, en la que tiene la posibilidad de optar por que se preserve el estado actual de cosas o se asuma un compromiso de cambio que, teniendo como eje el respeto y vigencia de los derechos humanos y como principio básico la honestidad, fortalezca y consolide nuestro Estado Democrático y Social de Derecho, abatiendo la impunidad, la corrupción, la simulación y demás vicios y prácticas que debemos desterrar, de una vez por todas, de nuestra realidad como país.
México tiene prisa, las víctimas han esperado demasiado. Si efectivamente se quiere recuperar la credibilidad de la sociedad en las instituciones es preciso que las propias instituciones emprendan un cambio de rumbo, escuchando a la sociedad y asumiendo como eje y parámetro de sus actos los derechos humanos. La verdad nos conviene a todos, si no optamos por vivir en ella y asumir sus consecuencias de poco servirán los cambios institucionales y normativos que se emprendan. Es momento de que México reafirme su convicción de vivir en la verdad y en la justicia.
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El artículo sintetiza algunos puntos del discurso que pronunció el pasado 10 de diciembre, con motivo de la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2015
