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Nuestra Constitución Política está a escasos meses de cumplir un centenario desde su promulgación. En todo el país se realizarán festejos que harán hincapié en su importancia para la consolidación del Estado mexicano. La mayoría de los estudiosos coincidirán que el México de hoy —aquel construido sobre la base de la justicia social, la soberanía del pueblo y los ideales de la Revolución—, no podría entenderse sin los preceptos jurídico-políticos escritos por el Congreso Constituyente de 1917.
A un siglo de su creación es importante preguntarnos: ¿tenemos una Carta Magna diferente? La respuesta es que sí. Desde el punto de vista cuantitativo, porque ha experimentado un total de 699 reformas a lo largo de su historia. Solamente 22 artículos de un total de 136 no han sido modificados, lo que equivale a decir que 70% se ha transformado con respecto a su contenido original.
Si hablamos en términos cualitativos es más notorio el cambio. En principio nuestra Constitución enarbolaba un sistema presidencial fuerte, hoy la realidad nos muestra a un Poder Ejecutivo acotado. No por nada el artículo 73 constitucional es el más reformado, con un total de 76 modificaciones. Lo anterior se explica por el protagonismo del Congreso de la Unión de ampliar sus facultades y ejercer una mayor fiscalización o control hacia las decisiones presidenciales.
Hoy, además de evitar el autoritarismo o los abusos de poder, se busca fomentar la democracia partidista, la participación ciudadana en las decisiones públicas, la conformación de órganos autónomos y mayores atribuciones de estados y municipios.
Desde de la década de los 90 el desarrollo nacional se concibe de manera distinta. Atrás quedaron los monopolios de Estado, hoy prevalece la libre competencia como la mayor fuente de riqueza del país. No por nada los artículos 27 y 123, referentes a la propiedad de los bienes nacionales y las relaciones laborales, respectivamente, son los que más han sufrido modificaciones.
En la actualidad tenemos una Constitución que engrosa los derechos humanos. Durante casi tres décadas los esfuerzos han estado dirigidos a fortalecer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y sus homologas en los estados, a los institutos de transparencia, sin mencionar las reformas constitucionales para garantizar la equidad de género, la atención a víctimas de violencia o el acceso a una justicia pronta y expedita.
Podríamos poner centenares de ejemplos para explicar por qué tenemos una Constitución diferente, pero que en el fondo respeta su espíritu original: la división de poderes, el federalismo, los derechos sociales, forma de gobierno democrática y un sistema de justicia accesible. Lo que parecía impensable hoy es una realidad, la reforma política de la Ciudad de México y su primera Constitución.
Mirando a cien años de distancia, no cabe la menor duda que la Constitución mexicana se ha modernizado para enfrentar el futuro. Durante la LXII y LXIII Legislatura, se ha realizado el mayor número de reformas a la Constitución. Es una apuesta para colocar a México como un país atractivo a la inversión, que busca una transformación de fondo, y que lo hace a través de la reforma más importante del siglo: la educativa.
Es una transformación constitucional que ha ido aparejada de las necesidades nacionales y la evolución de la sociedad. En 1917 se entendió la necesidad de luchar en contra de la no reelección y los abusos de poder, así como para alcanzar la paz y la justicia social. Ahora, el desafió es similar aunque mayúsculo, pues nos corresponde fortalecer nuestra Constitución para garantizar la vigencia del Estado de Derecho democrático, social y laico, una república más representativa y federal, y una sociedad más justa para los más desvalidos.
Senadora de la República. Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
@LiliaMerodio
lilia.merodio@senado.gob.mx
