A final de cuentas teníamos razón. La cámara de video instalada al interior de la celda de Joaquín Guzmán Loera, grababa audio y registró con nitidez el momento en que un rototaladro perforaba el piso de la celda, e incluso el diálogo que el capo, hoy prófugo, sostuvo con quienes realizaron la perforación que permitió su huida.
La filtración de este video a una televisora privada, del cual solicité copia a la Secretaría de Gobernación como Secretario de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, tras la nota publicada por la periodista Anabel Hernández en la revista Proceso, vuelve a demoler, como sucedió en el caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, otra “verdad histórica” del actual gobierno, y pone en evidencia:
La red de corrupción y complicidades construida por el grupo delictivo encabezado por Guzmán Loera para lograr su fuga, que trasciende los muros del penal del Altiplano y que puede alcanzar a altos funcionarios del gobierno, así como la profunda descomposición y vulnerabilidad de los órganos de inteligencia y de seguridad del Estado mexicano.
El menosprecio del Poder Ejecutivo a los mexicanos y al Poder Legislativo, a quienes no solo les niega información, sino que les miente.
Los privilegios que gozan los delincuentes de alta peligrosidad en las cárceles mexicanas. Como sucedió en el caso de Guzmán Loera, quien en los 474 días que duró su reclusión hasta su fuga, recibió 272 visitas de abogados en entrevistas hasta de dos horas de duración; 68 visitas familiares, incluida la de una diputada local de Sinaloa quien suplantó su identidad, más 46 visitas íntimas. Es decir, durante 386 días, el 81 por ciento de los días de su estancia en la cárcel, mantuvo comunicación con el exterior y su grupo cercano.
La manipulación en la narrativa oficial y la reconstrucción de los hechos. Durante la comparecencia ante la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, el Comisionado Nacional de Seguridad Nacional informó que el tiempo transcurrido desde que se registraron movimientos inusuales en la celda, en que se pierde la visión del interno y el momento en que personal de custodia certifica su ausencia e ingresa al túnel, transcurrieron máximo 46 minutos, momento en que se activa el Código Rojo. El video demuestra cómo entre el momento en que Guzmán Loera ingresa al túnel y personal del centro de monitoreo se percata del mismo, transcurrieron 25 minutos, y entre la reacción del personal de custodia y la emisión de Código Rojo pasaron más de tres horas.
De la misma manera, nunca se informó de la existencia de un video con audio. Primero se informó del video del centro de monitoreo del penal, posteriormente de un centro de monitoreo espejo en la CNSP, y más delante de la existencia de un módulo de monitoreo del Cisen en el penal del Altiplano, sin que se nos presentara, como lo solicitamos, este último. La difusión de este video muestra que el personal del penal del Altiplano, del centro espejo de la CNSP y del CISEN, conocieron minuto a minuto los hechos, entre los que difícilmente pudieron pasar desapercibidos el ruido provocado por el taladro en el piso y la fuga, por lo que no se puede responsabilizar exclusivamente al personal técnico y de custodia del penal.
Recientemente la procuradora general de la República informó de la detención del piloto de una aeronave que despegó desde una pista clandestina en el estado de Querétaro, lo que puede redundar en mayores autoridades involucradas en este caso, toda vez, que más allá de la tardía activación del Código Rojo para iniciar la búsqueda, no se han presentado el monitoreo que las autoridades de aeronáutica civil o de inteligencia realizan del espacio aéreo dentro del territorio nacional.
El gobierno federal debe rendir cuentas a la sociedad mexicana y al Poder Legislativo; los titulares de las áreas responsables deben comparecer ante el Congreso, brindar información veraz y castigar, sean quienes sean a los responsables, y debe dejar de utilizar las instituciones públicas para filtrar información y prestarse al fuego amigo.
Senador de la República
